Ante el floreciente narcotráfico, ¿qué?

Visto desde Colombia o Perú, hace no mucho Ecuador aparecía -guardando las distancias- como un país relativamente tranquilo y con paz interna. Cierto que la Penitenciaria del Litoral (Guayaquil) no tuvo nunca esta tranquilidad, pero el infierno dentro de ese reclusorio parecía ser más una expresión de corrupción e ineficiencia y una suerte de anomalía en un contexto en el que la violencia que azotaba a Medellín en Colombia o el Huallaga Central en el Perú, por ejempl...

Visto desde Colombia o Perú, hace no mucho Ecuador aparecía -guardando las distancias- como un país relativamente tranquilo y con paz interna. Cierto que la Penitenciaria del Litoral (Guayaquil) no tuvo nunca esta tranquilidad, pero el infierno dentro de ese reclusorio parecía ser más una expresión de corrupción e ineficiencia y una suerte de anomalía en un contexto en el que la violencia que azotaba a Medellín en Colombia o el Huallaga Central en el Perú, por ejemplo, eran impensables en las bellas calles de Quito.

El narcotráfico no parecía causar los estragos que causaba en otros países. Por ejemplo, la cumbre andina antidrogas llevada a cabo a inicios de 1990 en Cartagena de Indias, Colombia, reunió a los jefes de Estado de Bolivia, Colombia, Perú y Estados Unidos. Ecuador -país andino- no participaba pues el tema le tocaba muy marginalmente.

Hoy, después de más de treinta años de “guerra contra las drogas”, Ecuador ha sido convertido en escenario medular en el proceso de tráfico y el crimen organizado se ha afincado con nefastas y sangrientas opciones. La vida y la sangre del candidato Fernando Villavicencio quedaron como doloroso testimonio de un Estado y una sociedad atrapada en las fauces del crimen organizado.

El hecho es que con tanta sangre derramada hoy se produce y consume más cocaína en el mundo que nunca en la larga historia ya recorrida en esa “guerra” perdida.

La demanda internacional de cocaína, creció de 10 a 21 millones de usuarios en la última década, que no se afectó con el simultáneo aumento en el consumo de drogas sintéticas. Y ha dejado de ser un asunto de incumbencia esencial de tres países andinos -Bolivia, Colombia, Perú- y EE UU. Brasil ha pasado a ser el segundo consumidor de cocaína en el mundo después de EE.UU.

Parte esencial -y evidente- del actual proceso de descomposición de nuestros Estados es el fortalecimiento y ampliación del crimen organizado. Que en lo que salta a la vista en el Ecuador de estos tiempos se conecta, como es sabido, a la ampliación y sofisticación de redes de comercialización a través de violentos carteles mexicanos -Jalisco Nueva Generación, Cartel del Golfo- que controlan hoy el mercado de drogas ilegales con métodos de extrema y persistente violencia que harían empalidecer al extinto cartel de Medellín de Pablo Escobar. En eso estamos.

Para adelante, ¿qué? ¿Más de lo mismo en una vorágine ascendente y expansiva de violencia y sangre? El repudiable asesinato en Quito el miércoles pasado del candidato presidencial Fernando Villavicencio, lamentablemente, no es sino una punta más del iceberg de la profundidad y extensión del crimen organizado en América Latina. Visibiliza al propio Ecuador y a toda la región como un espacio en el que la dimensión, poder y extensión del crimen organizado ha llegado a niveles nunca antes vistos.

Una de las varias “patas” sobre las que se asienta el crimen organizado en la región es el narcotráfico creciente. El fracaso en los métodos hasta ahora utilizados a lo largo de más de 30 años exige apuntar a una nueva estrategia para avanzar en dos direcciones. Primero, un análisis objetivo del proceso de enfrentamiento a las drogas ilícitas. Segundo, una revisión a fondo de políticas antidrogas que no solo han fracasado en siquiera reducir la producción/consumo, sino que han traído más violencia y corrupción.

La Comisión Global de Política de Drogas viene siguiendo este asunto desde hace más de diez años y haciendo una serie de propuestas para revisar en profundidad políticas fallidas. Y se hace desde una entidad independiente formada por personas que han sido jefe/as de Estado, ocupado otras funciones públicas o intelectuales destacadas. Entre otros: expresidentes Cardoso (Brasil), Gaviria y Santos (Colombia), Lagos (Chile) Zedillo (México), Kwasniewski (Polonia), Obasanjo (Nigeria) o Ramos Horta (Portugal), ex jefes de gobierno, ex líder europeo como Javier Solana o intelectuales destacados como Mario Vargas Llosa.

En el análisis y propuestas desde la Comisión -a la que he sido invitado a participar como integrante desde el año pasado- destacan varias tesis fundamentales, a partir de un análisis riguroso de la experiencia: la prohibición forja y fortalece a las organizaciones delictivas; se debe replantear y reformar el acento exclusivo en la aplicación de la ley y adoptar un enfoque integral que aborde los retos en la salud y en el desarrollo; elaborar estrategias de disuasión realistas y focalizadas para luchar contra la delincuencia organizada y centrar su respuesta en los elementos más peligrosos y/o más rentables del mercado delictivo.

Y apunta la Comisión a lo central, a quitarle el agua al pez: “En el marco del régimen actual de fiscalización internacional de drogas no existe ningún obstáculo para despenalizar el consumo personal… Los Estados deben contemplar la regulación de las drogas como la vía responsable para socavar la delincuencia organizada”.

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