El (mal) sueño de una noche de verano de Vox

Vox ha presentado su programa electoral y, a primera vista, merece ser calificado como disparatado políticamente y de difícil, cuando no, inviable, ejecución en términos jurídicos. Nos enfrentamos a un documento, en primer lugar, cuajado de propuestas lisa y llanamente inconstitucionales, cuya puesta en marcha requerirían cambiar nuestra norma suprema, con las mayorías hipercualificadas (dos tercios o tres quintos, dependiendo del caso) que ta...

Vox ha presentado su programa electoral y, a primera vista, merece ser calificado como disparatado políticamente y de difícil, cuando no, inviable, ejecución en términos jurídicos. Nos enfrentamos a un documento, en primer lugar, cuajado de propuestas lisa y llanamente inconstitucionales, cuya puesta en marcha requerirían cambiar nuestra norma suprema, con las mayorías hipercualificadas (dos tercios o tres quintos, dependiendo del caso) que tal operación implica. Así sucede con la supresión de la progresividad del impuesto sobre la renta, un tributo al que, como a todos los demás, el artículo 31 de la Constitución exige que su regulación respete la capacidad económica del contribuyente e igualmente la nota de progresividad. También, la pretensión de eliminar el aborto impondría una revisión de la Constitución, puesto que tal derecho fundamental, según ha proclamado expresamente el Tribunal Constitucional en su última sentencia en la materia, se encuentra incardinado en el artículo 15 del texto. La ilegalización de partidos independentistas, por su parte, choca frontalmente con el pluralismo, valor superior de nuestro ordenamiento. Su viabilidad es prácticamente inexistente, máxime cuando la española no es una democracia militante y permite cualquier ideología (siempre que no se recurra a la violencia).

Devolver al Estado las competencias autonómicas en materia de sanidad y educativas y suprimir las policías autonómicas allí donde existen —Euskadi y Cataluña— tampoco es una operación jurídicamente baladí. Una vez incorporadas tales competencias a los estatutos de autonomía respectivos, el Estado carece de potestad para suprimirlas de manera unilateral. Por lo tanto, la viabilidad de las medidas propuestas pasaría inexorablemente por la vía de la reforma estatutaria, lo que, en todo caso, debe activarse en el seno de las comunidades autónomas que así lo decidan, sin que el Estado central lo pueda imponer. Finalmente, todo el paquete relativo a la derogación de las leyes sobre violencia de género o trans, dado su carácter orgánico, requeriría contar con mayoría absoluta en el Parlamento.

Que nadie se llame a engaño: que las propuestas de Vox puedan convertirse en realidad es misión prácticamente imposible. Es más el (mal) sueño de una noche de verano que una propuesta con visos de concretarse en la práctica.