Un monstruo de la memoria

Nos guste más o nos guste menos, la memoria colectiva, histórica, democrática o como queramos llamarla ha venido para quedarse. La demanda social de reparación y recuerdo público de las víctimas de los episodios más negros y traumáticos del pasado no es una rareza española, sino un fenómeno global que comulga con otras luchas y movimientos en pro del reconocimiento y dignificación de la infinidad de perdedores que la historia ha dejado en la cuneta. ...

Nos guste más o nos guste menos, la memoria colectiva, histórica, democrática o como queramos llamarla ha venido para quedarse. La demanda social de reparación y recuerdo público de las víctimas de los episodios más negros y traumáticos del pasado no es una rareza española, sino un fenómeno global que comulga con otras luchas y movimientos en pro del reconocimiento y dignificación de la infinidad de perdedores que la historia ha dejado en la cuneta. Debemos tomarnos la memoria en serio, lo que quiere decir que tenemos que prestarle atención, escuchar sus razones y reclamaciones, y exigirle al mismo tiempo responsabilidad cívica, análisis autorreflexivo y cierta alianza con la ciencia histórica (la posible, en la medida en que la relación de ambas con el pasado suele ser antagónica). Tomarse en serio la memoria sería lo razonable en cualquier persona medianamente sensible y civilizada, pero para quienes ostentan un cargo público es, ante todo, una obligación. El actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sirve a este propósito de perfecto contraejemplo. A la vista están para quien quiera verlos los dos monumentos más sonados, en el doble sentido de la palabra, que enmarcan su “política de memoria” en los ya tres años y pico de mandato al frente del consistorio madrileño.

El primero es fruto de un acto que sólo cabe calificar de vandalismo institucional: el desmantelamiento del memorial levantado en 2019 en el cementerio de La Almudena en recuerdo de las 2.934 personas ejecutadas en la capital entre 1939 y 1944. Su desfiguración, tergiversada como “resignificación”, se hizo a cámara lenta: paralización de su construcción en julio, a escasas semanas de su finalización; retirada, en noviembre, de las placas de granito con los nombres del casi millar de asesinados que ya habían sido inscritos en el monumento; instalación, en diciembre, de una inscripción marmórea de nuevo cuño: “El pueblo de Madrid a todos los madrileños que, entre 1936 y 1944, sufrieron la violencia por razones políticas e ideológicas y por sus creencias religiosas. Paz, piedad y perdón”; y eliminación, en febrero de 2020, de los tres textos que completaban el sentido del proyecto original, entre los cuales destacaban 12 versos del poema El herido de Miguel Hernández, elegidos en parte para servir de faro interpretativo de los ocho robles de bronce que yacen amontonados con sus raíces al descubierto en el centro del memorial, obra escultórica de Fernando Sánchez Castillo titulada Lar.

El segundo gran monumento de Almeida tiene su origen en una donación de la Fundación Museo del Ejército que el regidor ha querido generosamente regalar a la ciudadanía madrileña: una estatua broncínea de tres metros de altura (más otros tantos de pedestal) que encarna a un bravo y veterano legionario ataviado con uniforme de época, fusil en mano y paso al frente, inaugurada el pasado 8 de noviembre en la embocadura de la calle de Vitruvio, entre el Cuartel General del Estado Mayor y el Monumento del Pueblo de Madrid a la Constitución Española de 1978, con el fin de conmemorar el centenario del cuerpo de choque colonial creado por el general fantoche Millán Astray (“legiones malparidas por una torpe entraña”, decía el poeta alicantino). La pieza es una creación del escultor Salvador Amaya a partir de un boceto del pintor de batallas Augusto Ferrer-Dalmau y está pergeñada en un estilo que pasó de moda hará cosa de uno o dos siglos, engolado y redicho, academicista, historicista y realista (menos el rostro del soldado, que tira a guapote y está a años luz de los que inmortalizó la célebre fotografía de la guerra del Rif publicada por Roger-Mathieu en 1926).

El alcalde defendía sus tropelías en el cementerio, acusando al memorial avalado por el gobierno anterior de “sectario” y “revanchista” y de “reescribir total y completamente la historia”, en radical contraste con su propuesta de “resignificación” en pos del “encuentro” y en “el espíritu de la Transición, de la reconciliación”. Pero salta a la vista que lo que falsifica la historia es la mitificación de la Legión como “un cuerpo ejemplar por su heroísmo a lo largo de sus ya 102 años de historia” (palabras de Almeida en la inauguración de la estatua carpetovetónica), como si el Tercio de la sanguinaria guerra de Marruecos —el representado en el monumento— fuese idéntico al de las misiones de paz en el extranjero de la etapa democrática. Por contra, los cerca de 3.000 nombres del memorial provienen de una pormenorizada investigación llevada a cabo por un equipo de historiadores profesionales coordinado por el profesor Hernández Holgado, que ha trabajado codo con codo con colectivos de familiares de los represaliados y cuya contribución científica al conocimiento de la represión de la posguerra en Madrid se ha extendido más allá de las circunstancias concretas que la originaron (testimonio de ello, el libro de historia, a la par que de memoria, Morir en Madrid. Las ejecuciones masivas del franquismo en la capital, publicado en 2020). A diferencia de la mirada esencialista del monumento a la Legión, el memorial focalizaba la atención en un período y fenómeno perfectamente distinguibles y delimitables desde una perspectiva científica: la despiadada continuación de las ejecuciones cuando ya había acabado la guerra.

La incapacidad de reconocer esta realidad histórica sulfuró al gobierno de Almeida hasta el extremo de vengarse del memorial, desmontando sus letreros y deshaciendo su significado. Ahí sí tenemos una memoria “revanchista”, la misma que promovió la restitución al general esperpéntico de la calle que Carmena le retiró en 2017 para ofrecérsela a Justa Freire, maestra republicana. Memoria revanchista y, qué duda cabe, “sectaria”, alentada por una intransigencia que sólo busca el encontronazo, en absoluto el “encuentro”, en ese mismo espíritu “de ciega y feroz acometividad” que dicta la primera máxima del Credo Legionario, petrificado ahora en el pesado pedestal de la calle de Vitruvio. En un cementerio deberían caber todos los nombres, en particular si designan a quienes nunca han tenido un lugar para el recuerdo. Aunque los asesinados por el bando republicano durante la guerra ya han sido largamente honrados, si también se quiere hacer un memorial en su homenaje en el propio camposanto, como planteó en algún momento el Comisionado de Memoria Histórica madrileño, pues que se haga, pero sin cargarse el del vecino con la pantomima de la “reconciliación”. La reconciliación ya fue. La buscó la izquierda desde finales de los cuarenta y se hizo realidad con la Transición. Luego se convertiría en una tapadera para no hablar de nada. La mayoría de los monumentos a los caídos “por Dios y por España” que siguen en pie han sido resignificados en “honor a todos los que dieron su vida por España” (por decirlo como la inscripción grabada en el del Castillo de Montjuic en 1986). La memoria no es reconciliadora. No pretende unir lo desunido. No busca el consenso. Es selectiva, fragmentaria, subjetiva, parcial…, pero no necesariamente fanática, intolerante, vengativa. Un Gobierno democrático adulto debería dar libre curso a todas las memorias y evitar imponer una memoria de todos. Garantizar su coexistencia o, en el mejor de los casos, su convivencia no erradicaría la controversia, más bien al contrario. Pero es que el debate y la polémica son un componente esencial de la democracia. Es lo que el día 1 reivindicaban los activistas que colgaron un efímero busto de Franco de la bayoneta del legionario.