Genéricos estancados

El ahorro estimado tras la implantación de los medicamentos genéricos en España hace 25 años es de unos 25.000 millones de euros en la factura farmacéutica. La posibilidad de prescribir un medicamento genérico cuando terminaba la patente tuvo que vencer fuertes resistencias y una campaña mendaz destinada a hacer creer que no eran tan seguros ni eficaces como los de marca.

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El ahorro estimado tras la implantación de los medicamentos genéricos en España hace 25 años es de unos 25.000 millones de euros en la factura farmacéutica. La posibilidad de prescribir un medicamento genérico cuando terminaba la patente tuvo que vencer fuertes resistencias y una campaña mendaz destinada a hacer creer que no eran tan seguros ni eficaces como los de marca.

Hoy nadie discute la seguridad y la bioequivalencia de los genéricos. Tras unos primeros años de dificultad, su uso se generalizó a partir de 2008 gracias a una serie de normas que fomentaban su uso, entre ellas la prescripción por principio activo y la obligación por parte de las farmacias de dispensarlo. Pero lo que permitió despegar a los genéricos fue la implantación de un sistema de precios de referencia todavía vigente que fija como tope el promedio de las tres ofertas de precio más baratas. Este sistema ha tenido tanto éxito que ha provocado que las marcas se hayan visto impelidas a bajar también el precio de sus medicamentos, una vez vencida la patente, para poder competir con los genéricos. Ese éxito es lo que ha permitido un importante ahorro al sistema sanitario.

Sin embargo, la penetración de los genéricos en el mercado de medicamentos español está estancada desde 2015 en un 41% de las unidades vendidas, cuando la media europea es del 65%. Ante los signos de retroceso y la creciente competencia de las marcas, el sector pide medidas que les permitan ganar cuota de mercado. Esta situación es la que debe abordar el Plan de Genéricos y Biosimilares, cuya concreción se paralizó a causa de la pandemia. El sector pide poder diferenciarse de las marcas con un precio menor, al menos en el primer año tras el vencimiento de la patente, y recuperar la preferencia en la dispensación en farmacia cuando la receta sea por principio activo.

Las medidas que se apliquen deben estudiarse con cuidado, pues en nuestro sistema cualquier modificación puede tener efectos indeseados. Por ejemplo, permitir que la marca pueda vender el principio activo a un precio más alto, aunque sea a coste del usuario, como ocurre en Alemania o Portugal, puede hacer pensar que esa diferencia se debe a que la marca es mejor que el genérico, cuando no es así. No hay razones para introducir otro copago, aunque sea voluntario. En cambio, incentivos en la dispensación sí podrían ser beneficiosos para el conjunto del sistema. La cuestión es ¿por qué debería favorecerse más a la industria de genéricos que a la industria de marcas innovadoras? Descontado el incentivo del ahorro, que ya está garantizado, hay una razón más: disponer de una industria de genéricos sólida y dinámica protege frente a posibles desabastecimientos. Siete de cada 10 genéricos que se venden están fabricados en España, y ese es otro activo importante.