La quiebra de El Salvador

Nayib Bukele asestó la pasada semana un golpe mortal a la democracia salvadoreña al anunciar su intención de postularse para ser reelegido, pese a que la Constitución lo prohíbe expresamente. La decisión profundiza el declive de la democracia en El Salvador bajo un presidente que aspira a mantenerse en el poder hasta 2029...

Nayib Bukele asestó la pasada semana un golpe mortal a la democracia salvadoreña al anunciar su intención de postularse para ser reelegido, pese a que la Constitución lo prohíbe expresamente. La decisión profundiza el declive de la democracia en El Salvador bajo un presidente que aspira a mantenerse en el poder hasta 2029 y cuya enorme popularidad no se ha visto mermada por el sistemático quebranto de todas las instituciones del país.

La llegada a la presidencia de Bukele fue recibida con un halo de optimismo en la medida en que el mandatario, hoy de 41 años, parecía promover la modernización de El Salvador. Lanzó una cruzada contra las pandillas que redujo considerablemente la violencia y se erigió en una suerte de gurú del uso de las criptomonedas, pero con el tiempo no ha hecho sino aplicar el manual del perfecto cacique: ataques a las instituciones, desprecio de la oposición, persecución a la prensa y las voces críticas y la continua invención de enemigos, especialmente extranjeros.

Bukele ha dado numerosas muestras de que lo único que le mueve son sus ansias de poder. Así lo demostró en 2020, cuando se presentó en el Congreso rodeado de militares para obligar a los diputados a aprobar su presupuesto en seguridad. Lo volvió a demostrar cuando se aprovechó de la mayoría en el Congreso para impulsar una reforma que permitía cambiar a los jueces del Constitucional, expulsar a magistrados o cesar al fiscal general pese a que su cargo estaba en vigor. Todo ello no eran más que pasos necesarios para llegar al punto en que nada ni nadie va a lograr frenar su intención de perpetuarse en el poder.

La decisión de reelegirse se produce en un contexto de estado de excepción, un marco legal que da mayores poderes a Bukele con la excusa de perseguir a las pandillas. Las autoridades han detenido en los últimos meses a entre 60.000 y 80.000 personas, algunas por el único delito de estar tatuado o mirar mal a un policía, lo que ha convertido al país más pequeño de América Latina en el que más presos registra por cada 100.000 habitantes. Desde la casa presidencial se ha alimentado la persecución a periodistas, defensores de derechos humanos y jueces que han tenido que exiliarse para protegerse. Bukele se ha apoyado en el Ejército, la policía y su poderosa mayoría parlamentaria para impulsar su reelección. La quiebra democrática de El Salvador solo puede acentuarse ante la desorbitada carrera autoritaria de su presidente.