Cautela en los datos de empleo

Uno de los objetivos principales de la reforma promovida por el Ministerio de Trabajo es la reducción de la temporalidad indeseada en nuestro mercado laboral. Tanto la Unión Europea como múltiples estudios han señalado que la dualidad existente en nuestro mercado de trabajo, entre un sector con contratos indefinidos y otro con contratos precarios, incidía en problemas no solo de desigualdad social, sino también de pérdidas de productividad a medio y largo plazo, además de impedir la consolidación de proyectos vitale...

Uno de los objetivos principales de la reforma promovida por el Ministerio de Trabajo es la reducción de la temporalidad indeseada en nuestro mercado laboral. Tanto la Unión Europea como múltiples estudios han señalado que la dualidad existente en nuestro mercado de trabajo, entre un sector con contratos indefinidos y otro con contratos precarios, incidía en problemas no solo de desigualdad social, sino también de pérdidas de productividad a medio y largo plazo, además de impedir la consolidación de proyectos vitales estables, particularmente para los más jóvenes. La reforma supone la práctica eliminación de la contratación temporal, al reducirla a situaciones muy tasadas, con limitación temporal, y abre la puerta a medidas de flexibilidad interna a través del Mecanismo RED (que consolida los ERTE como política laboral) y el recurso a los contratos fijos discontinuos.

Los primeros resultados de la nueva legislación han arrojado cifras muy relevantes en el ámbito de la contratación: la mitad de los contratos firmados en abril de este año fueron indefinidos, una cifra muy alta comparada con el 12% alcanzado en abril de 2021. Según la última Encuesta de Población Activa, la temporalidad en España, medida por el porcentaje de asalariados con contrato temporal, cayó por debajo del 25%, una cifra que no se veía desde 2015, cuando España salía de la crisis financiera que acabó con cientos de miles de puestos de trabajo temporales. En definitiva, los efectos de la reforma del mercado laboral invitan a pensar que los primeros resultados avanzan hacia el objetivo deseado.

No obstante, es necesario mostrarse cauto ante estos datos y huir del triunfalismo. Más del 60% de los nuevos contratos indefinidos lo son a tiempo parcial o con contratos discontinuos, lo cual nos debería llevar a establecer nuevas métricas para identificar adecuadamente la precariedad de nuestro mercado laboral. Un trabajador contratado indefinido y despedido a los dos o tres meses cobrará una mayor indemnización, pero será difícil caracterizarlo como empleado fijo, pese a que aparezca así en las estadísticas y registros oficiales. Mientras persista un sistema productivo basado en pequeñas y medianas empresas descapitalizadas y sin capacidad de absorber grandes variaciones en sus ventas, el fantasma del ajuste de plantilla como mecanismo de gestión de riesgos seguirá vigente, con la dificultad añadida de que, en estos momentos, no tenemos métricas para conocer la temporalidad real —y no la contratada— en nuestro mercado de trabajo.

Puede, en definitiva, que la reforma laboral haya eliminado las deficiencias institucionales que incentivaban el abuso de la contratación temporal. Los esfuerzos desarrollados durante los últimos años por parte de la Inspección de Trabajo para reconducir los contratos temporales fraudulentos a indefinidos anticipaban esta conclusión. Pero deberemos estar atentos ante la evolución de nuevas magnitudes, como la duración efectiva de los contratos firmados, o el abuso de la contratación fija discontinua. En última instancia, las debilidades de nuestro tejido empresarial y nuestro mercado de trabajo se retroalimentan. Será necesario mantener la alerta.