Quince meses después de la declaración del primer estado de alarma por la pandemia en España, la gestión de la crisis sanitaria sigue marcada por errores, descoordinaciones y confusiones que ya no son justificables como en los compases iniciales, marcados por la inexperiencia y el escaso conocimiento de la enfermedad. ...
Quince meses después de la declaración del primer estado de alarma por la pandemia en España, la gestión de la crisis sanitaria sigue marcada por errores, descoordinaciones y confusiones que ya no son justificables como en los compases iniciales, marcados por la inexperiencia y el escaso conocimiento de la enfermedad. Si bien la administración de las vacunas avanza por lo general de forma positiva, en los últimos días se han producido varios problemas en los que la gestión del Gobierno no ha sido satisfactoria.
Poco después de que el presidente Pedro Sánchez justificara el fin del estado de alarma sin prórrogas y sin medidas transitorias más allá de las que adoptaran las comunidades, a las que trasladó el protagonismo en las siguientes fases, el Ministerio de Sanidad sorprendió la semana pasada con una propuesta de restricciones obligatorias en materia de hostelería y ocio nocturno. La iniciativa causaba especial perplejidad porque representaba un endurecimiento con respecto a los planteamientos de momentos más oscuros no solo en cuanto a la obligatoriedad —en vez de las recomendaciones que venían siendo habituales— sino que en la sustancia establecía medidas más rígidas aún que las que estuvieron en vigor durante el estado de alarma, con peores cifras y sin los niveles de vacunación actual. Una mayoría de las comunidades aprobó la propuesta, pero con la oposición de seis donde viven unos 30 millones de españoles: además de Madrid, habitual obstruccionista, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y Murcia estuvieron en contra. Pese a las advertencias iniciales contra la desobediencia, el Gobierno ha reculado progresivamente, dando finalmente una marcha atrás total. Un pronunciamiento cautelarísimo de la Audiencia Nacional debilitó en términos jurídicos una posición que despertaba dudas en cuanto a lo sustancial. La rectificación del Ejecutivo ha conducido a un nuevo consenso con meras recomendaciones. Esta es una solución mejor que una nueva lucha en los tribunales, pero la gestión fue manifiestamente mejorable.
Hay más. Por un lado, la exigencia de justificantes de vacunación, pruebas o de haber pasado la enfermedad en la frontera terrestre con Portugal. El Gobierno tuvo que rectificar y pedir disculpas ante la amenaza de Lisboa de reciprocidad. Un error desafortunado.
Por otra parte, destaca el rocambolesco episodio que atañe a la vacunación de la selección nacional de fútbol en vísperas de la Eurocopa. Es comprensible el dilema de si tiene sentido o no hacer una excepción para este caso a las fases generales previstas. Dadas las características del acontecimiento y el contexto en el que se halla ahora España —en que el 43,5% de los españoles ha recibido ya la primera dosis y más del 25,1% tiene la pauta completa— resulta aceptable la decisión positiva a través de los cauces oficiales. Lo que es incomprensible es que la misma llegue tan tarde como para ser escasamente útil (el campeonato se inicia hoy) y que se optara inicialmente por la vacuna de Pfizer, que requiere segunda dosis y hubiese postergado la inmunización en su máximo nivel hasta el final del torneo. La Federación reclamó ayer, con cierta lógica, usar la vacuna de Janssen, monodosis. El Gobierno, de nuevo, ha rectificado. La mala gestión de este episodio tiene múltiples responsables. Abunda en una negativa sensación de confusión en la que el Ejecutivo ha tenido un papel insatisfactorio.