Tras casi 100 días de tortuosas negociaciones entre los grupos independentistas, el jefe efectivo de Esquerra, Pere Aragonès, es ya el nuevo president de la Generalitat. Lo han elegido diputados representativos del 48,05% de los votantes (y no del 52%, como alega el secesionismo, pues grupos similares quedaron fuera de la Cámara). La fractura e in...
Tras casi 100 días de tortuosas negociaciones entre los grupos independentistas, el jefe efectivo de Esquerra, Pere Aragonès, es ya el nuevo president de la Generalitat. Lo han elegido diputados representativos del 48,05% de los votantes (y no del 52%, como alega el secesionismo, pues grupos similares quedaron fuera de la Cámara). La fractura e inquina mutua entre los partidos negociadores, obscenamente exhibida en estos tiempos de emergencia nacional, deteriora la confianza de una ciudadanía —atónita y exhausta— sobre el inicio y las expectativas de la legislatura.
De la llegada del republicano al poder catalán solo cabe apreciar, tras las elecciones del 14-F, su talante respetuoso, formalmente dialogante y cortés, que contrasta con el tono desafiante, desabrido y extremista de sus dos inmediatos predecesores. Una mejora en los modales que debería procurar cierto alivio tras un decenio de procés plagado de incidentes divisivos. Pero es, sobre todo, requisito para recuperar, siquiera levemente, el arruinado prestigio de las instituciones de la Generalitat. Primero, de su presidencia, mellada por el aventurero Carles Puigdemont y su vicario, Quim Torra. En política y en la vida, las formas forman parte del fondo.
Todo el resto, esto es, el programa de la coalición entre Esquerra y la derechista Junts y, aunque en menor grado, el discurso de investidura de Aragonès, constituye un despropósito que hace prever que Cataluña seguirá en el hoyo de la descohesión cívica, el letargo económico y la marginalidad política. Los “objetivos nacionales”, como el de “culminar la independencia” (Aragonès) o “conseguir la independencia y alcanzar la república catalana” (acuerdo de gobierno para la investidura) son ilusorios. Porque la disuasoria experiencia pasada es una referencia básica; porque la mitad (o más) de los catalanes está en contra; porque la democracia española es más sólida que sus impugnantes, y porque la UE apoya, como le obliga el Tratado, la integridad territorial de sus socios. Otro tanto sucede con los fines intermedios declarados. La amnistía no solo está excluida del ordenamiento constitucional, sino que únicamente es viable en el cambio de una dictadura a una democracia, no en el seno de estas. Y el derecho a la secesión está fuera de lugar en Cataluña, según la doctrina y la jurisprudencia internacional.
Así que huelga el apartado programático dedicado a la “estrategia independentista”: seis páginas, frente a los dos exiguos párrafos sobre la recuperación económica mediante el uso de los fondos europeos Next Generation; frente a la total ausencia de una mínima propuesta sobre impuestos ni financiación autonómica, y al recelo —prohibición práctica, instada por la CUP— ante la energía eólica. Solo parte de su agenda social (refuerzo de la salud y educación públicas) tiene sentido. Los matices de Aragonès de “gobernar para todos” —contradictorio con la coordinación interna limitada a los independentistas— y de enfatizar el diálogo con el Gobierno —que choca con la propuesta de “un embate” confrontacional, un tope de dos años a la negociación y la animosidad de Junts— limitan algo las aristas del plan del Govern, sacudido ya por la dimisión previa de la candidata de Junts a la vicepresidencia, Elsa Artadi, urdida por el círculo de Puigdemont. En resumen: un pésimo arranque.