La perversa temporalidad del mercado laboral español

Arreglar el mercado laboral es una gran asignatura suspendida por la democracia española. No solo por la endémica lacra de niveles de paro muy superiores a la media europea; también por la gran tasa de temporalidad. Casi uno de cada cuatro asalariados es eventual, un porcentaje que deja en mal lugar a España en la Unión Europea. La situación se hace más sangrante al considerar dos factores: que en muchas ocasiones esa contratación temporal se hace de forma irregular, sin cumplir con la ley, y que ...

Arreglar el mercado laboral es una gran asignatura suspendida por la democracia española. No solo por la endémica lacra de niveles de paro muy superiores a la media europea; también por la gran tasa de temporalidad. Casi uno de cada cuatro asalariados es eventual, un porcentaje que deja en mal lugar a España en la Unión Europea. La situación se hace más sangrante al considerar dos factores: que en muchas ocasiones esa contratación temporal se hace de forma irregular, sin cumplir con la ley, y que las administraciones públicas dan pésimo ejemplo recurriendo a estos tipos contractuales incluso más que el sector privado.

Los resultados provisionales del plan de choque contra el fraude en la temporalidad que ha desplegado la Inspección de Trabajo demuestran que esos incumplimientos están muy extendidos: en menos de tres semanas ha logrado que se regularicen 61.000 contratos solo con la mera comunicación a la empresa de que podría estar incurriendo en un fraude. Algo similar sucedió en 2018 y 2019, cuando se desplegaron campañas similares.

Los efectos de la alta temporalidad en España son muchos y perversos. Divide el mercado laboral en dos grupos muy desiguales: quienes tienen un empleo fijo y los que se ven abocados durante años a encadenar contratos temporales con la precariedad e inestabilidad que esto conlleva. Además, por esta vía llegan los ajustes de empleo en las crisis; es más fácil no renovar que abrir un conflicto colectivo con una plantilla para rebajar sueldos y jornada. Asimismo, empresas y asalariados se implican mucho menos en la formación para un trabajo que, total, tiene fecha de caducidad. Y esto último, a su vez, lastra la productividad y, al final de la cadena, los sueldos.

El diagnóstico está muy claro y es ampliamente compartido entre economistas, expertos en derecho laboral, empresarios, sindicalistas y políticos. Se ha intentado en múltiples ocasiones a través de los cambios legales: las reformas laborales. Pero hasta ahora han tenido poco éxito y es mínimo lo que se ha conseguido arreglar.

La solución no es simple y no pasa por un solo punto. Los cambios legales son necesarios. Pero también es importante modificar un modelo productivo en el que, hasta ahora, las actividades de temporada y las necesidades puntuales de mano de obra tienen mucho peso. Y es fundamental que las administraciones den buen ejemplo en esta materia. Tras la presión de Bruselas, el Gobierno parece decidido a actuar para reconducir el abuso de figuras de interinidad, especialmente marcado en el ámbito autonómico. Conviene proceder con rapidez en esta materia, en la que hay responsabilidades de muy variados colores políticos. Por encima de todo, es imperativo que se cumplan las leyes vigentes. Las inspecciones de Trabajo apuntan a grandes e inaceptables bolsas de fraude.