Maru Campos: salvarse a sí misma

El accidente vehicular del domingo en la Sierra Tarahumara, y el diluvio de embustes —cortesía de César Jáuregui, otrora fiscal de Chihuahua— destaparon una cloaca que el gobierno del estado no podrá volver a sellar.

La muerte del comisario Pedro Ramón Oceguera y del oficial Manuel Genaro Méndez reveló tamaño socavón: viajaban acompañados por dos agentes de la CIA, ataviados —el adjetivo preciso es disfrazados— con uniformes del estado. Alguien, desde arriba, lo permitió.

Para entender ese acto temerario de María Eugenia Campos —que no fue un salto al vacío, sino su último intento de salvación— basta con mirar el historial criminal que la antecede.

Y aunque podría inferirse que las acusaciones aquí expuestas se vinculan más con mi relación profesional con Javier Corral que con los antecedentes de María Eugenia, una revisión de la amplía cobertura periodística sobre ella reorientará su mirada hacía su propio expediente.

Lo que la oposición —y los comunicadores cuyo silencio ha sido comprado con recursos de Chihuahua— han querido fijar como un episodio de heroísmo, el supuesto desmantelamiento de un narcolaboratorio, es en realidad otra iteración de la misma trama: la corrupción del maruduartismo no se crea ni se destruye, solo se trasforma.

María Eugenia Campos es hija moral de la corrupción gestada en el nido de César Duarte. La hija del tigre salió pintada.

Junto a Cruz Pérez Cuéllar —posible aspirante al gobierno del estado por Morena— y César Jáuregui —secretario del ayuntamiento, secretario general de gobierno y hasta hace unos días, fiscal de Chihuahua—, María Eugenia Campos integra el círculo cerrado que gravita en torno a César Duarte. Pillo de pillos.

Los tres —Campos, Jáuregui y Pérez Cuéllar— formaron parte de la “Nómina Secreta” de Duarte: un engranaje de pagos en efectivo con que el exgobernador compraba voluntades y silencios. María Eugenia Campos recibió, al menos, diez millones de pesos, como lo acreditan los recibos de nómina firmados de su puño y letra, hoy en poder de Duarte. Extorsionador perfecto.

Al comprender lo anterior, se advierte que la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui —presentada como intento de clausurar el escándalo de los agentes extranjeros— no resuelve nada. No detiene ninguna bola de nieve. Por el contrario, despoja al señalado de las protecciones que impedían poderlo procesar.

Lo mismo debió ocurrir con María Eugenia, quien debió pasar sus últimos años en prisión, y no en la mansión dorada en la que hoy habita. La testaferro de Duarte asumió la gubernatura arrastrando una orden de vinculación a proceso gracias a un amparo —gestionado por Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador— que alteró el curso de los hechos. Julito y sus alcances.

Seis años después, es posible entrever el cierre de un relato largamente postergado: el de la impunidad de María Eugenia Campos. La gobernadora también parece advertirlo. Tic toc: su tiempo se agota.

Todas las encuestas muestran que en 2027 el PAN perderá el estado. Como gran parte del país, se pintará de guinda y los azules perderán el territorio que han utilizado como cloaca y guarida.

En esos escasos meses que le restan de fuero, se insinúa la explicación de la cesión ilegal que María Eugenia realizó de nuestro territorio. Permitir la operación de la CIA —agencia consagrada al espionaje y a la intervención política, que no al combate a las drogas— fue el gesto desesperado en el que creyó encontrar migajas de impunidad. Un último aliado. Un último aliento.

En su cansancio o en su anticipada derrota, Maru Campos optó por entregar fragmentos de soberanía para alinearse con los intereses de Washington en un intento por devenir aliada estratégica. Su apuesta, en el fondo, consiste en procurarse el respaldo de nuestro peor enemigo.

Aunque algunos expertos han querido ver en María Eugenia Campos a una heroína destinada a desmantelar un laboratorio de estupefacientes, lo cierto es que no hay disposición legal que sustente su interpretación.

En términos constitucionales, la facultad de consentir la intervención de agentes extranjeros y de conducir la política exterior reside, sin ambigüedad, en la presidenta de la República. Por ello, Campos debe sujetarse a juicio político, ser destituida del cargo e inhabilitada para ejercer funciones públicas.

A ello se suma la precisión de que el desmantelamiento de narcolaboratorios pertenece al ámbito del fuero federal, no al del orden común de un estado como Chihuahua. Campos se entrometió en competencias federales.

Desde el punto de vista penal, al invitar a individuos de otro Estado a intervenir y realizar operaciones armadas en México, Campos incurrió en el delito que el Código Penal Federal denomina traición a la patria, sancionado con penas que pueden ir de cinco a cuarenta años de prisión.

En el ámbito de la Ley de Seguridad Nacional —que obliga a las autoridades a informar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad sobre cualquier intercambio con agentes extranjeros—, las acciones atribuidas a María Eugenia podrían derivar también en responsabilidades administrativas y nuevas consecuencias de carácter penal.

Finalmente, Maru transgredió con claridad la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos al facilitarle uniformes institucionales a agentes que ingresaron al país sin el permiso correspondiente.

Sin necesidad de continuar con el catálogo de leyes violentadas, es posible afirmar que María Eugenia Campos —quien nunca debió asumir la gubernatura del estado grande— está dispuesta a transigir con lo que nos pertenece a todos para salvarse a sí misma.