La muerte del consejero electoral

El boulevard de los sueños rotos en las elecciones de fachada en México topó con pared el 6 de julio de 1988. La farsa del priismo quedó desnudada sin remedio la noche que se cayó el sistema. A partir de entonces, la figura del consejero electoral independiente hizo creer que la confianza sería posible. Ahora esa invención está condenada de muerte.

En 1988, México no podía saber que el Muro de Berlín estaba destinado a caer el año siguiente cambiando el orbe. En contraste, el viento de democracia que ese año soplaba en la nación mexicana no solo venía desde fuera del sistema: el PRI había sufrido un cisma con la salida poco antes de quienes integraban la Corriente Democrática, a la cabeza de ellos Cuauhtémoc Cárdenas, candidato en esa elección.

Así la cita electoral fue la más esperada en décadas. La fuerza de la derecha encabezada por Manuel J. Clouthier, la izquierda más radical por doña Rosario Ibarra, y Cárdenas, que terminaría sumando los votos del también ingeniero Heberto Castillo, plantaron cara a un joven candidato del priismo de nombre Carlos Salinas que prometía una renovación modernista más allá de lo generacional.

La expectación se fue al pozo la noche misma de los comicios. El jefe del aparato electoral en aquel sistema era el mismo que con una mano apretaba a iglesias, prensa y movimientos ciudadanos, mientras con la otra arbitraba las relaciones con la oposición y organizaba las elecciones. El secretario de Gobernación, hombre orquesta y cancerbero del régimen, fue quien silenció la esperanza el 6 de julio.

Salinas de Gortari llegó a la Presidencia en diciembre con una mancha de ilegitimidad que le acompañaría todo el sexenio y más allá. En parte para reivindicarse frente a sectores que le regateaban el pecado de origen, y en parte como táctica para lograr inscribir al país en una agenda en ciernes donde se premiaba la apertura global, accedió a reformas electorales donde los ciudadanos fueron ganando espacios.

A ese Gobierno le tomó todo el sexenio pasar de un régimen donde la Secretaría de Gobernación era inapelable a la hora de decidir las elecciones, con su mayoritario partido calificando en el Congreso la validez de los comicios, a un primer intento en el que para la elección presidencial del turbulento 1994 se logró que la autoridad electoral incluyera a seis consejeros ciudadanos.

En ese esquema, las representaciones partidistas en el consejo general —uno por cada partido registrado— tendrían voz, pero no voto. La mayor innovación, sin embargo, es que, de votar de forma común, los seis consejeros ciudadanos constituirían la mayoría de los once asientos del consejo, sobrepasando a los cinco representantes de los poderes de la Unión.

La fórmula no resolvió todos los problemas de un sistema lastrado por vicios cuyo origen se remontaba a décadas de mezcolanza entre el partido oficial, el Gobierno y los poderes fácticos. La competencia no fue pareja: el gasto y la cobertura mediática favorecieron a Ernesto Zedillo, candidato oficial, mientras Cárdenas, que competía de nuevo, y Diego Fernández de Cevallos —PAN— eran maltratados.

Como su antecesor, el candidato triunfante supo que el sistema diseñado para partido único ya no daba para más. Impulsó desde temprano, y no sin resistencias de los priistas, la reforma que quitaría al Gobierno el control del aparato que organizaba las elecciones. La figura del consejero pasó de ser una mayoría a un absoluto: las sillas del Consejo con voz y voto fueron reservadas a ciudadanos.

En la siguiente cita electoral el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados por vez primera en 1997. La representación plural resultante obligó a negociar el control en el Congreso, la interrelación entre poderes pasó de letra muerta en la Constitución a un intento de normalidad democrática no exento de jaloneos y protagonismos, y se prefiguró un futuro donde todos podían ganar y perder.

El centro de esas nuevas posibilidades, que dio pie a las alternancias a gran escala, fue un sistema electoral donde se sacó al Gobierno, y desde luego a su partido, de la operación de las elecciones y de la validación de los procesos y sus resultados. Se creó una cultura y, también, una burocracia; incluyendo una credencial para votar que de tan confiable se volvió documento nacional de identidad.

Casi treinta años después es cabalgante el ritmo regresivo. Morena está a punto de hacerse de una mayoría de consejeros plenamente afines en el Instituto Nacional Electoral. Es la última y más dañina colonización del organismo al que no le perdonan ser heredero del IFE, que en las elecciones de 2006 no les concedió el recuento total en la primera elección que perdió Andrés Manuel López Obrador.

Luego del fracaso de la presidenta Claudia Sheinbaum por reformar a gran escala el sistema electoral, la Cámara de Diputados morenista se apresta a tramitar, de manera expedita y sin que nadie se crea que medianamente exhaustiva, la revisión de los perfiles para sustituir a dos consejeras y un consejero electorales que fueron investidos en 2017, cuando Morena no dominaba el panorama.

Entre los cientos de candidatos que se inscribieron al proceso con que se reemplazará a los consejeros que se van esta semana, hay demasiados cercanos a la presidenta del INE y a otros exfuncionarios del instituto, y no se diga figuras que han participado, con innegables ligas con Morena, en otros procesos donde el régimen busca que sus leales copen espacios que se suponía eran para cuadros imparciales.

Antes de adelantar vísperas sobre lo que termine ocurriendo en la criba de San Lázaro, vale la pena regresar a la ponderación de la figura del consejero ciudadano, eje del sistema que permitió de 1997 en adelante que todas las fuerzas políticas alcanzaran la Presidencia de la República, se repartieran cada trienio el control del Congreso de la Unión y pintaran las gubernaturas de manera multicolor.

Los consejeros electorales no fueron la panacea ni estuvieron libres de escándalos o insuficiencias. Constituyeron, eso sí, la manera en que la clase política no priista, e incluso se puede decir que antipriista, encontró para arrebatar al régimen de la revolución mexicana el férreo control de las elecciones, para torpedear los intentos del Gobierno de alimentar la cínica cultura del fraude, para construir confianza.

Los tres consejeros que se van esta semana provienen de esa veta. Y en su proceso de separación han recibido un tratamiento por parte del Gobierno que elimina cualquier posibilidad de optimismo. Desde hace meses se les quiso revivir una supuesta sanción cuyo origen sería, ni más ni menos, por ejercer su criterio con respecto a una resolución que no le gustó al sistema que desde 2018 se arrellana en el poder.

Morena no es generoso en la victoria, se sabe de tiempo atrás. Como también es sabido que si en el pasado algunos o demasiados consejeros fueron vistos como producto de la cultura de “cuates o cuotas”, tal pecado, que no hace honor a quienes independientemente de quien los nombró actuaron con profesionalismo y honestidad, palidece frente a la nueva cultura de solo pretender nombrar sumisos.

El INE tiene desde 2023, con la llegada de Guadalupe Taddei y tres consejeros, una abierta obsecuencia con Morena. Salvo un milagro, y no es tiempo de llevarle flores a la Guadalupana, lo construido en tres décadas, ese andamiaje ciudadanizado en el que participaron obradoristas como José Agustín Ortiz Pinchetti, está por ceder al peso de un partido tan alérgico a lo ciudadano como antes el PRI.

Las elecciones generaron confianza porque, a pesar de defectos, insuficiencias e incluso simpatías de quienes en su momento fueron consejeros ciudadanos, como árbitros y organizadores estuvieron claros de que servían a todos, y de que México no podía regresar a 1988, cuando el Gobierno era el fiel de la balanza.