La faena de Norma Piña

La presidenta del Poder Judicial ha dado un paso temerario que tiene a medio México con el nada republicano Jesús en la boca. Decidió esta semana coger al trapo que le puso el presidente López Obrador y negociar, si tal verbo es posible con Andrés Manuel, dinero que este ya considera suyo.

La ministra Norma Piña quiere hacer política. Contra mucho de lo que se dijo desde enero, cuando asumió la titularidad de la familia judicial, dejó atrás eso de que las sentencias hablen por ella, y hoy manifiesta una voluntad de diálogo político con el Ejecutivo que se dará en complejos términos.

El huracán Otis es una calamidad cuyas reales consecuencias están lejos de ser asimiladas por la opinión pública. Hablaremos lustros de lo que se haga, y se deje de hacer, estos meses con la tragedia que azotó a los guerrerenses la semana pasada. Y así como hubo ahí saqueo, hay oportunistas del desastre.

López Obrador no pierde oportunidad para avanzar la agenda que realmente le ocupa. Concentrar poder es lo suyo, y el huracán le sirvió para tender una trampa a la titular de una rama del Estado que se le ha resistido durante 2023. Todo indica que la ministra Piña no resistió la celada.

Los toreros saben que el momento de la verdad no es cuando dan las cuatro y hay que pisar el albero. La hora decisiva ocurre antes. Ya en el ruedo de nada sirve titubear; de hecho, hacerlo es casi mortal de necesidad. El instante crucial es cuando uno acepta si le invitan a figurar en el cartel.

Hace un año Norma Piña dijo que quería figurar. La batalla por la titularidad en el Poder Judicial estaba servida y la hoy presidenta del mismo se apuntó. Cabildeó y negoció con sus pares en la Suprema Corte. Había una favorita de Palacio y un acomedido funcional. Por ello, sorprendió su triunfo. A muchos.

Es imposible que ella desconociera que unos iban a destapar champaña por su elección y otros tragarían seco. Los primeros, ilusamente, creyeron que la ministra era de ellos. No hay tal, pero ya ven los extravíos de estos tiempos. Mas los otros sí sabían que no era afín a la causa que quiere borrar el pasado.

La crónica de los desencuentros entre los titulares de los poderes que hoy cuentan —el Legislativo tuvo una regresión al borreguismo de más de un cuarto de siglo— es pública, notoria e inició muy temprano en el año. Ni siquiera hubo, como se suele decir cursimente, luna de miel.

El mal tono llegó al punto de que López Obrador dio la instrucción de no tomarle la llamada. Para colmo de males, el presidente se quedó sin titular en la secretaría de Gobernación y la línea de la comunicación entre presidenta y presidente está muerta, a pesar de que los separan menos de 200 metros.

Morena tiene un objetivo claro en 2024. La continuidad, si ocurre, vendrá cargada de un mandato de reforma profunda, incluso radical, de los juzgados federales y acaso también de los estatales. Ese será uno de los caballos de batalla del oficialismo en la campaña que está por iniciar.

Tal propósito no es nuevo. Es parte orgánica de lo que el Gobierno llama transformación. Estaba en el plan para este sexenio, y lo tienen apuntado como pendiente principal en el que consideran como un hecho que será suyo a partir de septiembre de 2024.

Tan pronto como se instale en esa fecha el nuevo Congreso de la Unión, si los planes ocurren conforme a lo planeado en Palacio, el Poder Judicial será puesto en la picota. Norma Piña podría ser la última presidenta de la actual era del sistema de justicia mexicano.

Frente a esa perspectiva, ciudadanos de todo el país han salido más de una vez a la calle a manifestar su rechazo. Pero la mayoría manda, y si las urnas confirman que los guindas y sus acólitos renueven hegemonía en junio, la escalada contra el modelo existente de procuración de justicia aumentará.

Piña no es la responsable de que se quiera borrar un sistema que data de tres décadas. Se había entendido que su manera de resistir pasaba no por el burdo entreguismo que le precedió, sino por la firmeza sin estridencias de las resoluciones y sentencias de todos y cada uno de los juzgados.

Algo la llevó a cambiar de parecer en el momento en que se daba por hecho que el acoso presidencial lanzaba su peor tarascada, al tiempo que ella, la Corte y el Poder Judicial entero lucían una fortaleza y unidad sin fisuras, una imagen pública sin mayor deterioro.

La determinación de López Obrador de apropiarse sin diálogo ni reflexión los fondos de los fideicomisos del Poder Judicial es tan obscena que incluso si se diera el peor escenario, si trabajadores y jubilados del Judicial fueran saqueados, la victoria de Andrés Manuel sería pírrica.

Quizá fue la conciencia de eso, de que perdía al imponer su atribulada voluntad, lo que le llevó a idear la argucia de que tales fondos, que la burriciega mayoría lopezobradorista ya había saqueado legislativamente, deberían ser donados por el Judicial a la causa de los acapulqueños.

Te robo, pero consiente que lo que te he de quitar sea para una buena causa. Al menos deberían estampar esa leyenda a las cajas de ayuda que eventualmente, si ocurre, se entreguen a los damnificados: esta despensa proviene de un atraco legal que fue aceptado por sus propietarios.

La República no se entiende sin el diálogo y la genuina negociación entre poderes. De parte del Ejecutivo no hay muestra, en este sexenio, de que tal sea su filosofía. A pesar de ello, de todo lo visto en más de cinco años, Norma Piña ha creído que justo ahora es posible hacer política con López Obrador.

La ministra aceptó el martes la propuesta de Andrés Manuel de que fondos de los fideicomisos se destinen a Acapulco. Desde ese día, hay dos certidumbres: el presupuesto de 2024 incluye un recorte al Poder Judicial, aunque se planteaba un transitorio para salvaguardar sus derechos laborales.

A pesar de que hay amparos y recursos que podrían proteger los fondos de los fideicomisos, la voluntad de la ministra presidenta de que parte de esos recursos sean para reconstruir el puerto aún ha de traducirse en un triunfo para todos.

El respaldo del que goza Piña dentro y fuera del Judicial está en juego. Si logra que solo los fondos de los fideicomisos que no comprometen derechos laborales —unos 6.000 millones de pesos— sean tomados por López Obrador, habrá apagado un incendio que amenazaba con consumir al Judicial.

Ojalá sea así. De esa forma, y sin que nada garantice que en el futuro las cosas mejoren, con política se habrá resuelto una polémica que, aunque tuvo origen artificial, planteaba un escenario de prospectiva muy dañina.

Entregar fondos que no comprometen derechos laborales de la familia judicial saldrá muy barato si marca además el inicio de una nueva era de entendimiento entre el Ejecutivo y la titular de la Suprema Corte. Es la hora de la verdad. A todos conviene que esta faena de Norma Piña sea exitosa.

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