El traslado de la muerte

Hace un par de días, 166 migrantes, incluidos mujeres y menores de edad, fueron montados en un par de contenedores de tráiler desde una casa de seguridad en San Cristóbal de las Casas, tras haber pasado por caminos riesgosos de La Mesilla para evitar a las autoridades de seguridad, sin saber que para 55 de ellos, ese sería su último viaje.

Según la Organización Mundial para las Migraciones, lo ocurrido se suma a las cerca de 4.500 tragedias y desapariciones que, en 2021, han involucrado a personas en movilidad en todo el mundo. Es, además, el incidente de mayor magnitud en México, solamente después de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas en 2010. Se trata del destino de personas que, como muchas otras, han salido con la esperanza de cambiar sus vidas y las han perdido en el trayecto, terminando sofocadas, asesinadas, ahogadas o muriendo en los desiertos.

En respuesta a lo sucedido, el presidente López Obrador lamentó la lentitud de Estados Unidos para aplicar los programas de ayuda en Centroamérica. Sin embargo, esta desgracia tiene más culpables. El traslado de la muerte destapa una cloaca de antaño, con múltiples responsables transnacionales. Las redes de tráfico y trata de personas se nutren gracias a la corrupción de autoridades desde Centroamérica hasta Estados Unidos, incluyendo a las de México. Los traficantes lucran con la falta de oportunidades de las personas y realizan sus actividades sin ninguna consideración a la vida y a los derechos humanos de sus víctimas. Modifican las rutas para evitar a las autoridades, a expensas de la seguridad de los migrantes, al tiempo de actuar con crueldad e indiferencia. Y lo hacen porque no pasa nada. Desafortunadamente, el riesgo a ser detenido por este delito es bajo, ya que las víctimas se encuentran vulneradas y atemorizadas y las autoridades no han priorizado el tema para encontrar una solución.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estima que el tráfico de migrantes genera más de 7.000 millones de dólares al año. Asimismo, según testimonios, durante el trayecto existen varios puntos en los que se paga y los costos para cruzar a Estados Unidos oscilan entre los 3.000 y 15.000 dólares, dependiendo del lugar de origen. Tan solo en lo que va del año, 1,7 millones de migrantes han sido detenidos por la Patrulla Fronteriza, lo que representa ingresos para los traficantes por 1.700 millones de dólares aproximadamente, lo que equivale a 1,5 veces el presupuesto de egresos de este año de la Ciudad de México. Derivado de las enormes ganancias y la impunidad que caracteriza este delito en México, el crimen organizado ocupa, cada vez más, un papel preponderante. Existe información de que varios grupos, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Nuevo Cártel del Golfo, participan en el negocio, haciéndolo todavía más riesgoso para los migrantes.

No debemos perder de vista que, a pesar de la pandemia, las amenazas del Gobierno de Estados Unidos y la estrategia de contención en la frontera sur de México, los factores de empuje y las causas de la migración siguen vigentes y hacen que las personas prefieran arriesgar la vida en el camino antes que seguir en sus lugares de origen.

Tras la tragedia, se anunció la puesta en marcha de un grupo especial transnacional para investigar, identificar y arrestar a los supuestos integrantes de la red internacional que estuvo detrás de lo sucedido. El grupo incluye a Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Estados Unidos y México. Prometen el intercambio regional de información e inteligencia. Sorprende que no se haya instalado un grupo similar anteriormente, pero ojalá derive en mayor coordinación e involucramiento de las autoridades implicadas, especialmente la Fiscalía General de la República.

Debemos cumplir con lo establecido en el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, para prevenir y combatir este delito al tiempo que proteger los derechos de las personas en movilidad. Asimismo, es necesaria la participación de los países de origen, tránsito y destino, la coordinación tanto nacional como regional y la puesta en marcha de estrategias que se adapten a los métodos cambiantes de los traficantes. También, urge armonizar las leyes de manera transfronteriza para subsanar lagunas y contar con una visión y políticas integrales. Finalmente, se requieren alternativas migratorias y vías legales para evitar desgracias como la ocurrida.

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