Las secuelas del desastre

Si hacemos caso a las cifras de sobremortalidad, que calculan los fallecimientos que sobrepasan los promedios en un lapso determinado, algo así como 600.000 personas han muerto hasta ahora en México debido la pandemia de covid-19. Este número supera, desde luego, al de las cuentas oficiales, pues a las muertes directamente atribuidas a la enfermedad les añade aquellas que se produjeron por la sobrecarga hospitalaria, por ejemplo, y por otras circunstancias relacionadas o atribuibles.

Esta cantidad asombrosa de defunciones significa que varios millones de personas en este país han tenido que sobrellevar el duelo de la pérdida de un familiar o amigo a lo largo de este par de años de alarma mundial, porque son pocos quienes se van sin que nadie lo note: lo común, en especial en una sociedad tan familiar y colectiva como la nuestra, en la que suele vivirse en plural, es que sea un grupo muy nutrido de personas quienes resienten un deceso. Y hay que sumar a esa doliente legión a los cercanos de los más de 30.000 asesinados anuales, porque este sigue siendo un país con el crimen desatado y en lo que va del sexenio más de 100.000 mexicanos han sido privados de la vida de modo violento.

El Gobierno federal hace cuentas muy alegres en torno a este asunto. Lleva dos años repitiendo frases equivalentes al consabido “ya se ve la luz al final del túnel”. Lo cual, gracias a la vacunación, en algún momento será verdad (esperemos) al respecto de la pandemia en sí, pero no necesariamente lo será si lo que nos interesan son las consecuencias que enfrentarán (o ya están enfrentando) millones de mexicanos enlutados.

¿Qué costo tendrán para el presupuesto nacional y para la economía, tan necesitada de un volantazo que la reflote luego de las caídas de 2020 y 2021, los problemas de salud mental de todos esos millones de personas estresadas por la terrible marcha de la vida cotidiana, que han lidiado con encierros o salidas cotidianas arriesgadas, y que han visto a seres queridos enfermarse, sufrir y, en muchos casos, fallecer sin poder despedirse de ellos siquiera? Es un tema que nadie ha calculado en el Gobierno o, mejor dicho, que los altos funcionarios prefieren eludir. Vaya: si hasta las vacunas necesarias para inmunizar a los menores de edad les parecen un gasto excesivo, ¿qué esperar de un concepto tan elusivo, para la razón burocrática, como la salud mental?

Al Gobierno le basta con salir, cada tanto tiempo, a recetarnos decálogos moralistas que nos invitan a comer bien y a actuar decorosamente con los semejantes, y lo más parecido a una preocupación conceptual que ha manifestado a últimas fechas es la que tiene el presidente por las almas de los jóvenes que gustan de los videojuegos. Eso, desde luego, no es suficiente. Incluso las líneas telefónicas de apoyo psicológico que han abierto algunas instituciones federales o estatales son, apenas, una curita encima de una herida profunda como un hachazo. ¿Qué pasa con los miles de huérfanos, de los que tendrán que hacerse cargo los parientes o quien sea, porque no hay un sistema federal que permita atender con efectividad sus casos? ¿Qué sucede con aquellos que perdieron de golpe a varios familiares y cuyas vidas se oscurecieron de un modo repentino y trágico?

Dado que el Gobierno está a cargo de una camarilla de ombliguistas que se sienten quijotescos (al menos así los denominan sus paleros, a los que se les pasa notar que el Ingenioso hidalgo no estaba muy en contacto con la realidad que digamos) y que están muy ocupados acaparando todo el poder político que puedan (y a quienes las vidas de sus ciudadanos les vienen francamente muy guangas), ¿qué vamos a hacer, como sociedad, ante la enorme carga de duelos, penas, desajustes y secuelas físicas y mentales de este desastre que la pandemia nos ha dejado caer en las espaldas? ¿Qué harán aquellos que no puedan pagar psicoterapeutas de cualquier clase? ¿Cómo evitaremos ser una sociedad de gente rota, que sigue adelante, si es que lo consigue, solamente porque no queda más alternativa?

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