El inconstitucionalista

En México, la llegada al poder de un proyecto más o menos de izquierda colocó al país ante las puertas de la consolidación democrática. Era el momento de una indispensable alternancia hacia una opción política con mayor énfasis en lo social, que redondeara el ciclo de la transición, pero que, sobre todo, permitiera corregir los excesos de varios gobiernos que abandonaron la agenda social del país. El contexto de pobreza y desigualdad, hacían indispensable un giro a la izquierda.

En ese contexto, muchas reformas y cambios eran necesarios. Pero pocos tan importantes como la necesidad de avanzar en una reforma de fondo al Poder Judicial de la Federación. Una indispensable consolidación del Estado de derecho.

La idea se planteó, pero lamentablemente desde el principio, con enorme torpeza política, se rompieron las formas y la distancia en la división de poderes. El Poder Judicial, sin facultad constitucional para iniciar leyes ni reformas constitucionales, emprendió un proceso de negociación y colaboración con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y una redacción cerrada, autoritaria, poco cuidadosa, que alteraron la asepsia y la legitimidad del documento, cuestionadas incluso por miembros de alto nivel del propio Poder Judicial y del Senado de la República.

Finalmente, la iniciativa se planteó en el Senado y avanzó hasta la votación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el 15 de abril. Ese día, en el último minuto y aparentemente de la nada, un senador del Partido Verde, aliado del presidente, sube una modificación al proyecto de la ley orgánica que está a punto de votarse de manera definitiva, para agregar un artículo transitorio, que amplía por dos años más el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se vota por la mayoría del partido en el poder, de sus aliados, con la triste omisión de varios senadores de la oposición y, así, una reforma aparentemente inocente contraviene y reforma de manera vulgar y vergonzosa un precepto claro de la Constitución.

El artículo 97 párrafo quinto de la Contitución mexicana dice: “Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.”

Es un párrafo en el que no hay nada que interpretar, solo hay que leerlo. No hay ambigüedad, ni obscuridad alguna. Si querían esa reforma necesitaban forzosamente modificar la Constitución, lo que tiene otras formalidades y mayorías. Pero no lo hicieron así.

Las mejores opiniones jurídicas y constitucionales del país, salieron por distintas vías a hacer notar lo grave, abierta y burda de la inconstitucionalidad del texto aprobado, pero, sobre todo, el hecho de reformar una ley para favorecer claramente a una persona en funciones.

Una prórroga grosera, que además lastima la autonomía y la división de poderes. Y que anula cualquier cortesía de pluralidad democrática y de participacion social. Un escándalo político y constitucional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió varias veces a defender la reforma. A decir que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, era el único capaz de conducir la transformación del Poder Judicial, pero sobre todo a dejar en claro que él “entendía que la reforma era constitucional”, cuando no había nada que entender, cuando solo bastaba con leer y tener nociones básicas de civismo y derecho.

Todo es indignante y preocupante: el precedente y la captura.

El precedente que abre la posibilidad de alterar la duración de uno de los cargos más importantes de la República. Y la sospecha de que, así como se planteó una reforma a la Constitución en el Estado de Baja California para ampliar el plazo del gobernador Jaime Bonilla, esta sea otra fórmula para ampliar el plazo de cualquier otro funcionario, sobre todo el del propio presidente de la República, cuyo periodo termina en 2024, y que tiene expresamente prohibida la reelección.

La captura de la Suprema Corte, que tiene en su panza, congelada y sin resolver, buena parte de las reformas de la llamada Cuarta Transformación del presidente López Obrador.

Además de la intromisión en la vida interna de la Corte. Es una reforma que invade las facultades constitucionales del Poder Judicial, la autonomía de elección de su presidente y que ofende a los 10 ministros restantes, a los que hace parecer indignos de confianza, e incapaces, para conducir una reforma al Poder Judicial.

Y de paso se siembra la noción de indispensabilidad de un solo hombre. Premisa falsa en toda democracia y tan necesaria para las narrativas autoritarias.

Pero sin duda lo más grave de todo, fue la participación, el cálculo y el silencio de Zaldívar. No salió inmediatemente a frenar el desprestigio de la institucion que encabeza y de la toga que porta. Se quiso justificar diciendo que no se pronunciaba en los medios porque era un tema del que seguramente tendría que conocer como ministro. Y se repitió con vacuidad que los ministros hablan por sus sentencias. Lamentablemente, ese no fue el criterio de un ministro presidente de alto perfil mediático y político (para decirlo de manera elegante) que lo mismo intentó hacer conferencias de prensa “vespetinas”, que dio entrevistas a cualquier tipo de medios de comunicación, que es articulista semanal, que tuitea lo mismo a favor de Bolivia que de su amiga secretaria, o que aparece en eventos políticos, no protocolarios, con el Presidente, y que decía publicamente que era su amigo. La Corte para ser autónoma, necesitaba también parecerlo. El silencio necesario de hoy, era sin duda el de ayer. No hubo antes el silencio y el recato que hoy tanto necesitaba y que tanto lo delataba.

Zaldívar la dejó correr. Las democracias no mueren solas… El responsable de velar por la constitucionalidad fue incapaz de entender la gravedad e inconstitucionalidad que en su favor se planteó.

El 22 de abril, en una sesión lamentable, a la vista de todos y a ciencia y conciencia de su evidente insconstitucionalidad, fue aprobada la reforma también en la Cámara de Diputados y ya solo falta la firma y publicación por parte del presidente de la República. Una vez más se argumentó en el pleno, hoy con mayor gravedad, que por encima de la ley está la justicia y que eso justifica la violanción de la Constitución. Qué preocupante.

Zaldívar, que tendrá que excusarse de conocer este asunto en el pleno, si llega a su conocimiento, por ser él mismo parte directamente interesada y claramente favorecida, perdió la oportunidad de fijar ante los medios un gran posicionamiento en favor del Estado de derecho y la Constitución. Era el gran momento de colocarse del lado de la democracia y de las instituciones. De crear un episodio épico en el que se hubiera convertido realmente en el fiel de la balanza, sin pelearse con nadie, actuando con claridad y firmeza. Algunos la llamamos dignidad.

Era el momento en el que la mayor reforma al Estado de derecho posible era cumplir sencillamente con él, por encima de intereses y protagonismos políticos particulares. Pura pedagogía constitucional. Ni modo. Hay tiempos que llaman a grandeza. Pero hay hombres que no llegan a tiempo a su cita con la historia. Fue el caso de Arturo Zaldívar. Es doloroso y decepcionante.

Un gran constitucionalista transformado en inconstitucionalista. Qué triste metamorfosis.

Qué preocupante todo para la democracia mexicana, qué riesgo tan grande para la República, qué grave línea roja la que está cruzando la izquierda mexicana, qué preocupante la deriva autoritaria de un Gobierno del que tantos esperaban tanto.

En México algo se rompió. Hubo muchas señales y anuncios previos, que anunciaban el talante autoritario. Pero era tan grande la oportunidad de transformación institucional con un sesgo de lo social, que parecía imposible que se desperdiciara de esa manera.

México necesita de la izquierda. La sigue necesitando. Pero la izquierda que necesita México debe ser democrática, constitucional e institucional. No está México para intentonas revolucionarias, demagógicas, ni golpistas. Así no es la transformación.

Sabino Bastidas Colinas es abogado, analista y consultor político.

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