Pemex va a recibir más recursos públicos de los que genera: ¿se traducirá en un fortalecimiento de la petrolera?

El próximo año, y por primera vez en su historia, Pemex recibirá más recursos públicos de los que generará, revirtiendo una tendencia histórica y su vocación como petrolera estatal. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto premura en un ambicioso plan para reflotar la producción de hidrocarburos, que incluye vastas inyecciones de recursos y la atracción de inversores privados que ayuden a rescatar y operar pozos. No obstante, la “empresa de todos los mexicanos” aún no tiene asegurado el tan esperado reflote.

El Ejecutivo presentó este año una propuesta para atraer a operadores a campos no activos y con complejidades técnicas, aunque con cierto nivel de prospección, mediante contratos de desarrollo mixto: asociaciones con Pemex, que debe mantener al menos un 40% del control. Sin embargo, la oferta está resultando difícil de vender. Solo una decena de empresas ha confirmado su interés ante lo que fuentes del sector petrolero describen como acuerdos desproporcionadamente inclinados a favor de Pemex. El esquema estipula que los privados deberán asumir el total de las inversiones, aunque la petrolera recibirá parte de los réditos como socia mayoritaria. Además, se fijan obligaciones fiscales para las empresas de hasta un 30% de los ingresos por explotación de crudo y 12% de gas, aunadas a los impuestos regulares por exploración y producción destinados a los Estados, dijo a EL PAÍS una persona con acceso a la propuesta. Víctor Rodríguez, director general de la petrolera, incluso reconoció recientemente que están revisando los términos de las remuneraciones, con miras a sellarlos a finales de año.

“Hay que tener gran apetito de riesgo para entrar en estas sociedades, porque básicamente Pemex está diciendo: invierte, ven a producir, rescata el pozo y una vez que esté activo, te pago”, dijo la persona que pidió reservar su nombre por su relación con la Administración pública.

Adicionalmente, las secretarías de Energía y Hacienda impulsan una estrategia para reactivar y mejorar la productividad de unos 400 pozos con el apoyo de compañías privadas de servicios, muchas de las cuales podrían tener que aceptar condiciones menos favorables como vía para asegurarse de que la estatal les subsane facturas pendientes. Pemex reportó números rojos –aunque con menores pérdidas– en el tercer trimestre del año, con un saldo de deuda con proveedores un 37% mayor que el del año previo, escalando hasta los 28.000 millones de dólares. Se espera que esa cifra se reduzca en el próximo trimestre por la activación de un fondo con un banco estatal que ha comenzado a realizar algunos desembolsos, fundamentales para prevenir declives. El país reporta un bombeo de 1,6 millones de barriles diarios de crudo y condensados.

Y si bien los intríngulis de la producción de hidrocarburos y las finanzas de la petrolera se han mantenido como temas para los expertos en energía, su relación con el bolsillo de los mexicanos nunca ha sido más palpable como ahora. “Que Pemex esté cada vez aportando menos, o que incluso ya no aporte a las finanzas públicas para el siguiente año, implica que el esfuerzo fiscal que están haciendo los contribuyentes, como las empresas, no tiene un impacto directo en la mejoría de los servicios públicos. Cada vez se recauda más, pero esto no va para financiar un mayor gasto en salud, educación, seguridad, cuidados, sino que en su mayor parte va a darle financiamiento a Pemex para que se mantenga solvente o incluso para pagar la deuda del Gobierno federal y la de Pemex. Ese es el punto crítico a tomar en cuenta”, señala Jorge Cano, investigador de México Evalúa, un centro que analiza políticas públicas.

Su aseveración proviene del análisis del Paquete Económico 2026, que plantea ingresos tributarios por 5,8 billones de pesos, apoyados en un endurecimiento de la fiscalización en un entorno de crecimiento económico muy modesto. En un contexto en el que ni los videojuegos ni la Coca-Cola lograrán esquivar los mayores gravámenes, los presupuestos prevén que cada contribuyente pagará en promedio 2.000 pesos adicionales en impuestos frente a 2025, con el grueso de ese monto destinado a ayudas fiscales para Pemex.

Mercados al alza

La presidenta mexicana sostiene que, con su plan de rescate a diez años, está pensando en el largo plazo. El declive de Pemex tiene décadas en proceso y está relacionado con su naturaleza de cuasi monopolio, lo que le resta agilidad. En 2014, el Gobierno de Enrique Peña Nieto intentó una reforma para el sector energético que por primera vez consideró el concurso de petroleras privadas de la talla de Shell o BP. En el papel, el marco ayudaría a modernizar al “elefante blanco”, pero incluso así se topó con una importante resistencia. Finalmente, en 2018, con el triunfo de Andrés López Obrador, la reforma fue desbaratada y sustituida por una política de “soberanía energética” que privilegia el poder de Pemex sobre toda la cadena de los hidrocarburos, una decisión que incluso ha sido criticada por Estados Unidos, principal socio comercial de México con amplios intereses en la industria energética.

Sheinbaum, fiel a su estilo pragmático, parece inclinarse por una vía intermedia entre las políticas de sus antecesores. Aunque ha mostrado apertura al capital privado, el país está lejos de una liberalización petrolera. Ni siquiera ha adoptado el modelo de joint ventures –inversiones conjuntas entre empresas– que otras compañías estatales utilizan para hacer más eficientes sus operaciones.

“En el modelo mexicano, el socio está sujeto a un Gobierno que todos los días te dice que primero va Pemex, que decide quién y cómo se va a operar”, resume Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético. Barrios objeta que la política de asignaciones directas del erario público, que ya supera los 20.000 millones de dólares en el año, unida a la ingente emisión y recompra de deuda, sea lo que la empresa –y los contribuyentes– realmente necesitan.

“Se le está dando preferencia a una empresa ineficiente, y sin crear incentivos para que sea eficiente, liberándola de la regulación de competencia, estableciendo regulación asimétrica para cualquiera que pudiera estar interesado en participar en el mismo mercado, rebajando sus obligaciones fiscales y además se le impone un control de precios para la venta de gasolina. Esto es apapachar la ineficiencia y pagar los costos de la misma”, zanja.

Aún así, el Gobierno ha logrado anotarse algunas ganancias en el proceso. Según un recuento de Bloomberg, solo este año México ha emitido bonos por al menos 41.000 millones de dólares, en parte para auxiliar los 100.000 millones de deuda de la petrolera. Esta asistencia ha sido interpretada por las calificadoras de riesgo como una gestión proactiva de la deuda pública, lo que ha mejorado su percepción crediticia. El bono soberano a 10 años ha registrado una recuperación cercana al 2% en el último mes, mientras que el papel de referencia de Pemex, con vencimiento al 2027, ha ganado casi un 7% de su valor en tres meses.

“En la cabeza de ningún Gobierno ha existido la posibilidad de defaultear a Pemex [caer en incumplimiento de la deuda]. Así que no hay más remedio que nosotros, como mexicanos, paguemos los vencimientos, porque la empresa no tiene cómo refinanciar”, concluye la experta.