Carmen Sánchez, sobreviviente de violencia feminicida, denuncia que la CNDH cerró su caso de forma inconclusa

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio por cumplidas hace cuatro años las recomendaciones que emitió para la Fiscalía del Estado de México en 2019 ante las “violaciones a los derechos humanos, omisiones y actos de impunidad” con las que manejó el caso de Carmen Sánchez, la mujer que sobrevivió en 2014 a un ataque con ácido por parte de su expareja. Hace solo unas semanas, la víctima ha constatado el carpetazo al expediente que hizo la CNDH en 2022 de forma silenciosa. Nadie la notificó. Ha tenido que ser la misma Sánchez la que ha constatado que las medidas requeridas por la comisión no se cumplieron. “A mí jamás me llamaron para preguntarme si había, por ejemplo, recibido la reparación integral del daño”, reclama. “Ellos [la CNDH] vuelven a creer en lo que le dice la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVEM) y en lo que envía la fiscalía del estado de México", reprocha sobre la falta de seguimiento.

“La misma Comisión que se da cuenta de la violación a mis derechos humanos es la misma que nuevamente vuelve a violar mis derechos. Porque así me siento”, lamenta Sánchez sobre el cierre de su expediente, del que se enteró el pasado mes de marzo, cuando acudió a las oficinas de la institución para preguntar sobre su caso. “Me volví a sentir como me habían hecho sentir desde que me arrojaron el ácido: desprotegida”, explica en una llamada telefónica, solo unas horas antes de someterse a otra cirugía, esta vez, una que le permita recobrar más movilidad en uno de sus brazos. Es la intervención quirúrgica número 69 desde su intento de feminicido.

En el texto de la Recomendación 85/2019, emitida por la CNDH, se señalan las graves violaciones a los derechos humanos de Sánchez y a los de sus hijas. Entre ellos, se reconoce que hubo una certificación “deficiente” de sus lesiones, una demora para analizar el contenido de la botella con ácido clorhídrico que su expareja le roció encima; la omisión en la representación jurídica y falta de acceso a la información en la carpeta de investigación. “Desde abril de 2014 hasta mayo de 2018, es decir, durante casi 50 meses, aun cuando Sánchez asistía a la Fiscalía Estatal en Ixtapaluca para preguntar sobre la situación jurídica no obtuvo información alguna“, dice el documento. La CNDH reconoció además tener evidencia de al menos 23 cirugías reconstructivas en 2019 a las que Sánchez se había sometido tras cinco años de su ataque.

Las recomendaciones

La Comisión emitió entonces ocho resoluciones que la Fiscalía del Estado de México, junto con la CEAVEM, debían atender, entre ellas la reparación del daño causado. No solo a Sánchez sino a sus dos hijas menores, junto con la atención médica y psicológica que necesitaran. Asimismo, indicaba que en un plazo máximo de dos meses a partir de la aceptación de la recomendación, se ejecutara una orden de aprehensión en contra del agresor.

Además, que hubiera colaboración con la CNDH en cuanto a las quejas contra varios funcionarios públicos de la Fiscalía del Estado de México por las irregularidades en el manejo del caso; diseñar e impartir un curso integral dirigido a ministeriales, policías de investigación y médicos legistas de la fiscalía adscritos a Ixtapaluca y Amecameca, con perspectiva de género. Y que se designara a persona servidora pública de alto nivel de decisión como enlace con la Comisión para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.

En 2020, tras el cambio de Administración en la Comisión, Sánchez fue notificada, a través de dos correos electrónicos, de que su expediente, que antes llevaban dos asesoras jurídicas, pasaría a manos de la licenciada Grecia Leilani. La abogada responsabilizó el pasado 31 de marzo a Sánchez por “no estar al pendiente” de su caso y no acudir ante la CNDH para revisar cómo iba el proceso. Sánchez asegura además que en esa reunión la abogada le preguntó si el daño le había sido reparado y otras cuestiones que constan en su recomendación. “¿Por qué cerraste la carpeta cuando estas preguntas me las tuvieron que haber hecho antes?“, preguntó sin recibir una respuesta.

“A mí no me han reparado de manera integral el daño, no me han mostrado las evidencias con las que se cerró el expediente. Yo tenía el derecho a ser informada sobre el proceso que se estaba realizando en esa recomendación y no lo hicieron”, dice Sánchez. “¿Desde cuándo las víctimas quedamos fuera de un proceso de esta magnitud?“, cuestiona.

En un texto compartido por Sánchez, la activista reflexiona: “La CNDH no fue creada para archivar expedientes. Fue creada para incomodar al poder, para vigilarlo, para obligarlo a responderle a las víctimas. Si hoy las recomendaciones se cierran sin nosotras, sin verificar en la realidad lo que en el papel se reporta como ‘cumplido’, entonces estamos frente a una institución que ha decidido administrar el dolor, en lugar de combatir la impunidad".

Carmen Sánchez se ha convertido en un símbolo de la lucha para que la violencia ácida sea reconocida legalmente no solo como un delito de lesiones, sino como intento de feminicidio. En 2023, nueve años después de su intento de feminicidio, Efrén García, su agresor, fue condenado a 46 años y 8 meses de cárcel por cometer un feminicidio en grado de tentativa. Fue la primera sentencia de este tipo en América Latina que sanciona de manera ejemplar un ataque con ácido a una mujer, lo que sentó un precedente muy importante en el país y la región.