Los jueces cesados en México por la reforma judicial siguen sin recibir su indemnización: “Solo queremos que se cumpla la Constitución, que nos paguen”

Los 800 juzgadores federales mexicanos que fueron cesados por la reforma judicial siguen sin recibir su liquidación. Dos meses después de que jueces, magistrados y ministros electos tomaran posesión de sus cargos, los antiguos titulares de esas plazas no han recibido el pago que les corresponde por su despido, pese a que así lo recoge la propia reforma. Ante esa situación, los juzgadores han realizado una protesta este miércoles en Ciudad de México frente al Órgano de Administración Judicial (OAJ). “Solicitamos audiencia y no nos recibieron. Hasta que nos plantamos en Revolución fue que nos hicieron caso”, explica Marlen Ángeles, una de las juezas federales que fue cesada y que ha integrado la comisión que se ha reunido esta jornada con el OAJ: “Solo queremos que se cumpla la Constitución, que nos paguen lo que está previsto”.

Esta ha sido la primera ocasión en que los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial han recibido a los juzgadores tras varias protestas. “En las anteriores reuniones nada más estaba Néstor Vargas, el presidente del órgano, y sentíamos que nos estaba dando largas", apunta Marlen Ángeles. “Nosotros hoy les preguntamos cuál es exactamente la dificultad para pagar, ¿es técnica o es presupuestal?“. El OAJ les ha asegurado que justo el martes en la tarde iniciaron los trámites en Hacienda para recibir una ampliación del presupuesto y poder pagar las indemnizaciones, otros adeudos de prestaciones laborales y también para gasto corriente. ”Nos dieron una cantidad: 6.500 millones de pesos”, especifica la jueza federal, es decir, unos 350 millones de dólares.

El Órgano, que nace del extinto Consejo de la Judicatura Federal, ha afirmado ante estos juzgadores que van a cumplir con el mandato Constitucional. Este establece, en el artículo décimo transitorio de la reforma, que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”. En el texto de la reforma se lee que “serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado, así como, a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria”.

También la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a final de septiembre a cumplir con estas liquidaciones: ”Es una situación de un nuevo Poder Judicial en donde hay cambios y las personas que dejan de trabajar ahí tengan sus derechos de ley. Sí hay recursos, va a haber recursos, si hay una persona que deja de trabajar tiene que cumplirse con la Ley Federal del Trabajo”. Pero hasta el momento, los pagos no han llegado.

Esto ha generado situaciones vulnerables entre los juzgadores. “Muchísimos de nosotros, cesados, no tenemos ningún ingreso. Por edad, no tenemos derecho a una pensión, a nada, y hay muchas personas que son cuidadoras, que tienen hijos, que tienen que pagar tratamientos, que son madres solteras. Hay otros que tenían 20 o 30 años de antigüedad en la carrera judicial y con su edad ahora se les dificulta mucho encontrar empleo”, explica Marlen Ángeles, que trabajó hasta el 31 de agosto de este año en un juzgado de distrito de Culiacán. Además, por ley, todos ellos tienen un impedimento de dos años de trabajar en el lugar en el que fueron juzgadores: “O sea que hay que moverse a otra ciudad para volver a empezar”.

Antes, el extinto Consejo de la Judicatura contaba con un fideicomiso para pagar estas liquidaciones, pero desde abril de este año, estos fondos millonarios fueron transferidos a la Tesorería federal, por lo que el OAJ no puede hacer tampoco uso de ellos. Aunque en la ley se prevé que “los recursos obtenidos de la extinción de los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos se destinen a la implementación de la reforma judicial”. Lo que reclaman los juzgadores es que ellos son “parte de la implementación de la reforma judicial”.

El OAJ no ha dado una fecha exacta de cuándo va a conseguir el dinero para las liquidaciones, pero ha asumido que será antes de que termine el año porque tienen “una gran coordinación con Hacienda”. La próxima reunión entre los juzgadores cesados y el Órgano será el 12 de noviembre. “Nosotros no tendríamos ni querríamos estar protestando, es una cuestión de necesidad que tuvimos que salir”, añade esta jueza en retiro: “Y vamos a seguir si no vemos avances”.