La desaparición del INAI amenaza con dejar 15.000 millones de datos en el limbo

La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se acerca. De poco han servido las variadas propuestas que lanzaron los miembros del organismo en su búsqueda para evitar la extinción. La propuesta para desaparecer siete entes autónomos, entre ellos el INAI, verá la luz la semana que entra en la Cámara de Diputados, y luego en el Senado. Morena, que cuenta con los votos para aprobar la enmienda, ha detallado quién asumirá las funciones del instituto a cargo de garantizar la transparencia, pero ha dejado un vacío jurídico en algunos asuntos, como qué pasará con la infraestructura o quién operará la Plataforma Nacional de Transparencia, que compila cerca de 15.000 millones de datos, unos 2.500 del Gobierno federal y unos 12.500 de los Estados. Cientos de miles de contratos y solicitudes de información con sus respectivas respuestas, que tienen hoy un futuro incierto.

La plataforma del INAI es, desde su creación en 2016, la principal herramienta para acceder a información de carácter público. Fueron 11 años de idas y vueltas para que se concretara la construcción de ese sitio web, un recorrido que ahora quedará enterrado con la nueva reforma. Allí se puede solicitar cualquier información a las dependencias públicas, que están obligadas, salvo excepciones, a brindar los datos. Si la dependencia no responde, los usuarios pueden presentar quejas, que son atendidas por los comisionados del instituto, los encargados de resolver cuándo los Gobiernos están forzados a dar lo que se les ha pedido. El sitio cuenta además con un buscador para conocer los sueldos de funcionarios públicos, el directorio, los presupuestos, o los contratos otorgados.

La página web ha sido crucial para la difusión de información en México y el trabajo de la prensa. A través de las solicitudes de información, se dio a conocer el expediente de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El INAI instruyó a la Fiscalía General de la República a revelar la investigación sobre las siete fosas clandestinas encontradas en 2010, donde fueron hallados restos de 196 personas. También ha servido para destapar otras cloacas, como la Estafa Maestra, una investigación periodística que sacó a la luz el desvío de 7.600 millones de pesos a través de una triangulación de recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque el origen de la investigación fue un informe de la Auditoría Superior de la Federación, el instituto emitió 252 resoluciones forzando a las instancias a responder a las solicitudes, que eventualmente contribuyeron a confirmar la ruta del dinero.

En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la plataforma ha servido de soporte para verificar datos sobre el desvío millonario de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana, el caso de corrupción más escandaloso en ese sexenio. El INAI ordenó a la Fiscalía, en este caso, revelar las denuncias por presunto daño patrimonial contra la dependencia.

La enmienda constitucional, que llegará al pleno del Congreso en los próximos días, apunta que las funciones de custodia del derecho de acceso a la información, la política de transparencia y la protección de datos personales serán asumidas por la Secretaría de la Función Pública, ahora bautizada como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esas mismas funciones tendrán los órganos de control y disciplina del Poder Judicial y las contralorías del Congreso y de los Estados. Lo que implicará que las solicitudes se hagan a cada una de las dependencias, y no estén concentradas en un solo sitio.

La extinción del INAI pone en peligro de muerte a la página web, que ha quedado fuera de las proyecciones hechas por el oficialismo en la reforma. El sitio requiere de recursos económicos y humanos para su mantenimiento y su seguridad, una inversión que el Gobierno no ha aclarado. En lo que va del año se han registrado 272 millones de intentos de ciberataques, ha asegurado la comisionada Julieta del Río Venegas, encargada de la operación de la plataforma. El servicio de seguridad perimetral, que protege la plataforma de esos ataques, cuesta unos 17 millones de pesos anuales.

Del Rio Venegas y el resto de los comisionados no han perdido la esperanza de frenar la extinción del organismo. En los últimos meses han intentado negociar sin éxito una reducción del presupuesto de unos 335 millones de pesos, el 30% del total, y han puesto sus cargos sobre la mesa. Ahora piensan en rescatar la plataforma. Pero la decisión final quedará en la cancha de Morena, que decidirá también el destino de la página web que, si corre con suerte, puede librar la desaparición del INAI.