La Iglesia católica presiona contra el avance del crimen organizado en Chiapas: “¡Basta de violencia! ¡Queremos paz!”

La Iglesia católica se ha expresado contra la situación crítica que atraviesa Chiapas tras el asesinato, el pasado domingo, del padre Marcelo Pérez. El homicidio del cura, un reconocido activista de los derechos humanos, ha impactado no solo a la sociedad, sino a la comunidad religiosa, que ha salido en bloque a dar su apoyo y a pedir a las autoridades que garanticen la paz. Varias diócesis de México, e incluso algunos miembros de la comunidad internacional, han salido a presionar para que los Gobiernos de los tres niveles —federal, estatal y local— luchen contra el avance del crimen organizado. “¡Basta de violencia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos paz! Que la sangre del p. Marcelo no haya sido derramada en vano”, ha pedido la diócesis de Tehuacán, que incluye cinco obispos y un arzobispo de Puebla, Tlaxcala y Guanajuato.

Las peticiones de la comunidad religiosa estuvieron encabezadas por la diócesis de San Cristóbal, que solicitó en un comunicado el “urgente desarme, desmantelamiento y desarticulación inmediata de los grupos criminales que imperan en la entidad y sus redes aliadas nacionales e internacionales, interesadas en el despojo y control territorial”. Chiapas se encuentra desde hace meses sometida al yugo del crimen organizado. En algunas poblaciones de la entidad sureña se enfrentan a diario miembros de los diferentes cárteles de la droga. Operan además mafias locales y grupos de autodefensa en una zona que, por la frontera con Guatemala, se dan múltiples actividades ilegales, como el narcotráfico o el tráfico de personas.

Pérez, que fue baleado en su coche al salir de misa en San Cristóbal de las Casas, había denunciado antes de morir asesinado que recibía amenazas. Durante al menos una década trabajó entre Simojovel, en la región de Los Altos, hasta Pantelhó, donde había tratado de mediar en el conflicto local por el territorio. “Todo este servicio que desempeñó, le llevó a sufrir un largo periodo de amenazas, persecuciones, hostigamientos, calumnias, difamaciones”, ha escrito la diócesis de San Cristóbal de las Casas sobre el sacerdote. El comunicado asegura que ellos denunciaron ya en 2020 un “incremento de la descomposición social” a causa de la “presencia de grupos delincuenciales y la permisibilidad de las autoridades”.

En un duro mensaje, la institución ha pedido “¡un alto total a la violencia!”. Han apuntado que la actual situación es “fruto de la impunidad, la complicidad, la corrupción, negación y minimización de los fatales hechos violentos que día con día viven nuestros pueblos”. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, se sumó este miércoles a las expresiones de rechazo por “tan brutal asesinato”, según un comunicado difundido. “Exigimos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que busquen estrategias eficaces de paz y seguridad para el pueblo que se les ha confiado”, apunta el religioso. “Que no se limiten a repetir como en tantas otras veces lo han hecho: ‘Se harán las investigaciones pertinentes para que este crimen no quede impune”.

La diócesis de Tarahumara, de Chihuahua, expresó también su indignación por lo sucedido y recordó el brutal crimen de dos sacerdotes jesuitas y dos laicos en junio de 2022, también a causa del narcotráfico. “Sabemos que no podemos echar toda la culpa al Gobierno, pero también sabemos que ellos tienen la principal responsabilidad de hacer valer el Estado de derecho”. Algunos sitios noticiosos especializados en la Iglesia católica han informado además que el nombre de Marcelo Pérez llegó esta semana a oídos del papa Francisco. Aunque no hubo manifestaciones públicas del Pontífice, sí hubo miembros de la comunidad internacional que salieron a pedir justicia por lo sucedido.

“Unimos nuestras voces en el reclamo por la justicia”, dijo Rafael Garrido, presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe. O la Delegación de la Unión Europea en México, que salió a condenar este martes el crimen. “La muerte del padre Marcelo Pérez muestra el grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos defensores de los derechos humanos en México y que constituye una amenaza contra los derechos humanos”, señalaron en un mensaje. “Instamos a todas las autoridades competentes a generar entornos favorables y protección para que las personas defensoras en México puedan ejercer sus actividades libremente, sin poner en riesgo sus vidas y sin amenaza”.