Los jueces responden al Gobierno: “El juicio político no puede ser utilizado para acechar al Poder Judicial”

Las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo van en escalada. La Secretaría de Gobernación (Segob) cargó la tarde de este martes contra un magistrado de Tamaulipas, a quien acusó de favorecer a grupos criminales de la frontera norte del país y pidió que se le haga un juicio político. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) le ha respondido este miércoles con un largo comunicado en el que rechazan las acusaciones y acusan un mal trabajo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR). “La solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del Gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial”, finaliza el documento, “ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial”.

Casi sin dar detalles de por qué le acusaban, Gobernación apunto contra el magistrado, Crescencio Contreras Martínez, en un comunicado en el que informaban que presentaron información ante la Cámara de Diputados sobre “diversos casos de alto impacto” en los que resolvió el juez. “Destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho”, lanzó.

En siete páginas de respuesta, los magistrados han señalado que “es inexacta” la información que maneja la Segob. La acusación que tuvo que resolver el juez ni implicaba al fentanilo, ni tenía que ver con migrantes. La asociación de jueces ha explicado que la causa comenzó con un pedido de cateo a tres viviendas. En una de ellas se encontraron dos armas largas y cocaína. Además hallaron una licencia de conducir de la persona a la que investigaban. El juez accedió entonces a librar la orden de aprehensión, que se ejecutó el pasado 20 de enero. En la audiencia judicial, la FGR pidió que se le vinculara a proceso por delincuencia organizada por la supuesta vende del narcótico y por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La defensa del acusado pudo demostrar que la identificación encontrada en la propiedad era apócrifa, derrumbando la única prueba que tenía el Ministerio Público para vincular al detenido con lo que encontraron en la vivienda. El juez, de acuerdo al comunicado, dictó el auto de no vinculación a proceso por falta de pruebas. La Fiscalía, señala el comunicado, “no recabó dato de prueba que acreditara su dicho”. Tampoco pudo probar la delincuencia organizada. “Se alejó de su obligación de investigar cuando los hechos fueron puestos de su conocimiento desde marzo de 2023, sin que hasta la fecha hiciera acto de investigación novedoso”. Y agrega: “No superó ni el estándar bajo que cuenta la representación social para vincular a proceso a una persona”. Por último, acusa a la FGR de haber violentado los derechos del detenido al debido proceso y a una adecuada defensa, al evitar que accediera a la carpeta de investigación y lo mantuviera incomunicado de su abogado.

El pedido de juicio político a Contreras Martínez ha sido el último paso en la avanzada del Gobierno federal contra el Poder Judicial. La secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, explicó en sus redes sociales que hicieron la denuncia contra Contreras “por instrucciones del presidente”. El comunicado de Gobernación posteriormente detalló: “Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”. Algo que ha negado la asociación de jueces, que sostiene que el magistrado actuó “única y exclusivamente basándose en los datos de prueba” y que lo hizo “sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas”.

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