El Tren Maya sí, aerolínea no tanto

En dos recientes textos he argumentado en favor de la intervención del Estado en áreas sensibles, socialmente hablando, que suelen quedar desatendidas por los intereses comerciales y las lógicas de rentabilidad del mercado. Tal es el caso, por ejemplo, del programa “Internet para todos” o la extensa red de bancos del bienestar para llevar una sucursal a toda cabecera municipal del país. Los dos son objetivos encomiables porque la brecha digital y de bancarización impone un lastre mayúsculo para los más desposeídos. Los derechos ciudadanos, afirmé en mi última entrega, son letra muerta si simplemente contemplan aspectos formales. No hay opción real de ser un ciudadano con plenas posibilidades sin acceso bancario y digital. De otra manera las personas son rehenes de la manipulación y la intermediación para efectos de transferencias, consumos, ahorro, préstamos y endeudamientos.

Aunque es más debatible, sostengo lo mismo sobre el Tren Maya. El Sureste requería urgentemente inversiones masivas capaces de romper las inercias de mercado que localizaban los negocios donde ya existían (Norte y Bajío). Hoy por vez primera en décadas el Sureste está creciendo más rápido que el resto del país. No sé si el tren era el mejor disparador de nuevas inercias, pero sin duda provocará importantes efectos en esa dirección. También en otra: no será fácil introducir un nuevo modelo basado en el transporte ferroviario de pasajeros, pero no es una mala idea. Incorrectamente asumimos el paradigma norteamericano centrado en autos propios y carreteras, en lugar del modelo europeo, que privilegia los trenes; algo mucho más razonable considerando la falta de recursos de la población.

Pero ninguna de estas razones está presente en la creación de una línea aérea en manos del ejército. Habría algunas objeciones a la vista.

1.- Las estadísticas muestran que el 70% de la población mexicana nunca ha viajado en avión y eso no va a cambiar por el simple hecho de que los boletos se vendan 300 o 400 pesos más baratos. Quizá favorezca a una fracción de la clase media baja. La mitad de la población tiene necesidades infinitamente más urgentes. López Obrador convirtió en una prioridad la lógica de reorientar los recursos no en favor de los sectores medios y altos, como hicieron los gobiernos neoliberales, y sí en beneficio de los más necesitados. Lo que se está haciendo ahora contradice el núcleo mismo de la propuesta obradorista: los recursos públicos destinados a Mexicana de Aviación constituirán una transferencia a los sectores medios en detrimento de los que menos tienen.

2.- Las perspectivas de que Mexicana de Aviación, la nueva empresa, sea rentable son muy escasas. Particularmente si, como ha dicho el presidente, el propósito es ofrecer vuelos a costos más bajos de los que ofrece el mercado. Pero esta idea es indeseable tenga o no éxito. Si lo consigue, lo será en gran medida por los ahorros que supone estar en manos del Estado, los sueldos que los militares no devienen, las compras consolidadas que puedan hacer las fuerzas armadas, etc. Esto significa que operaría en condiciones ventajosas en detrimento de las empresas del sector. En legislación económica eso se llama dumping: vender a precios inferiores al costo de mercado, normalmente por los subsidios escondidos que favorecen a un protagonista en perjuicio de otros. Y justamente, estos subsidios serían financiados por el erario (los sueldos o la preparación de los militares, por ejemplo). Paradójicamente los impuestos pagados, entre otros, por la iniciativa privada, financiarían actividades destinadas a competir con ella en condiciones ventajosas.

Y peor aún sería, como se prevé, que la nueva empresa termine operando con saldos rojos, porque el dinero destinado a cubrir las pérdidas distrae recursos de necesidades urgentes, como se ha señalado arriba.

3.- Entregar la nueva línea al ejército introduce un elemento desequilibrante en el mercado. Las fuerzas armadas ya se hacen cargo de varios aeropuertos y de las aduanas. Esto los convierte en juez y parte, en el borracho y en el cantinero simultáneamente. Las líneas aéreas compiten entre sí por horarios, espacios aeropuertarios, tarifas, slots de salida. Ahora tendrían que competir con una línea aérea que al mismo tiempo es el patrón para efectos operativos. La presión que existirá sobre los generales para que Mexicana sea rentable, podría fácilmente convertirse en incentivo para inclinar los factores en su provecho.

4.- Se dice que en las sociedades modernas el Estado debe ejercer el monopolio de la violencia, pero en la práctica se entrega al ejército esta tarea (son ellos los autorizados a adquirir tanques, aviones bélicos y disponer de efectivos de tiempo completo para ejercer esta violencia). Por lo mismo, es políticamente incorrecto convertirlo en competidor de otros segmentos de la sociedad. O para decirlo en plata pura, ¿qué gobernador, secretario de Estado o empresario va a llevar a los generales a tribunales o a exigirles rendición de cuentas? ¿Cómo competir contra un rival económico que puede recurrir a la secrecía por razones de Estado para efectos de inversiones, proveeduría o licitaciones? Al entregarla al ejército, el Gobierno se está asegurando de que no haya manera de reclamar al operador si la empresa se convierte en deficitaria con cargo al erario, o simula operación saludable con subsidios disfrazados o, peor aún, se convierte en flagelo de sus competidores.

El presidente ha defendido la idea con el argumento de que el Estado está obligado a recuperar bienes y tareas públicas que le fueron arrebatados durante el período neoliberal. En efecto, Mexicana de Aviación fue vendida por la administración de Vicente Fox al empresario Gastón Azcárraga que la llevó a la quiebra. Me parece que está forzando un argumento. Los gobiernos de aquel viejo priismo, anterior a los tecnócratas, hacían cosas buenas y otras malas en materia de administración. También se privatizaron los teléfonos pero nadie querría el regreso del viejo Teléfonos de México, cuando había que esperar meses o años o conseguir una “palanca” para obtener una línea. El Estado está obligado a asegurar condiciones de operación favorables para la comunidad, pero eso se consigue con lineamientos y políticas públicas. Y desde luego, como en el caso de internet para todos o la bancarización, debe participar en los vacíos que provocan desigualdad. No veo en qué sentido convertir a los generales en empresarios en condiciones privilegiadas favorece a las masas empobrecidas. Y sí veo más de un sentido en que las perjudica. @jorgezepedap

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