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La violencia en Chiapas deja a miles de niños sin poder ir a clases

Sindicatos de la educación y organizaciones de derechos humanos denuncian que el cierre de cientos de escuelas por el asedio del crimen organizado genera más desigualdad, pobreza y exclusión social

inseguridad en las escuelas en Chiapas
Un aula vacía en Chiapas (México).Mónica González Islas

El recrudecimiento de la violencia en Chiapas ha dejado como efecto colateral que miles de estudiantes no puedan ir a clases. Los enfrentamientos, secuestros y asesinatos empañaron el comienzo del curso escolar el pasado mes de agosto, una situación que un mes después continúa y se ha agravado en la región de la Sierra Madre y la frontera con Guatemala, al sur del Estado. Las organizaciones de la educación en el Estado señalan que más de 5.000 maestros han suspendido sus labores y que unos 150.000 alumnos de educación primaria, secundaria y media superior se han quedado sin ir a clases. Sin embargo, la falta de datos oficiales impide dimensionar el problema en su totalidad.

Lo que sucede en Chiapas es solo la punta del iceberg de algo que también ocurre en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y otros Estados azotados por la delincuencia. “Sabemos de casos en los que los maestros son amenazados y se les cobra derecho de piso para poder trabajar. Muchos profesores tuvieron que salir de esas comunidades”, cuenta Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE.

No ir a la escuela no solo afecta el derecho a la educación de niños y jóvenes; impacta en su estabilidad psicológica, emocional y en poder labrarse un futuro lejos de la precariedad, el reclutamiento forzado y las raíces cada vez más profundas del crimen organizado. “El derecho a una vida libre de violencia es un derecho llave que les da a los niños estabilidad, acceso a otros derechos y mayores oportunidades”, señala Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.

El pasado fin de semana las imágenes de una caravana de hombres armados del Cartel de Sinaloa recibidos entre aplausos por los habitantes de Frontera Comalapa y San Gregorio Chamic hacían saltar las alarmas sobre la presencia y el control del Cartel de Sinaloa de varias cabeceras municipales. El silencio de las autoridades estatales en aquel momento ponía en evidencia el abandono institucional en el que se encuentra una de las entidades más pobres del país, hasta ahora percibida como relativamente tranquila. Días después, el Gobierno de López Obrador anunciaba el envío de 1.500 agentes de la Guardia Nacional a la frontera para reforzar la estrategia de seguridad; sin embargo, la suspensión de clases permanece.

Elementos del Ejército mexicano entran en Frontera Comalapa, el 27 de septiembre.
Elementos del Ejército mexicano entran en Frontera Comalapa, el 27 de septiembre.Toño Aguilar (Cuartoscuro)

Ante la falta de garantías y las pocas prestaciones que reciben, los maestros de los municipios de Honduras de la Sierra, Siltepec, El Porvenir, Mazapa de Madero, Motozintla y Mendoza, en la sierra chiapaneca han señalado que no volverán a clases hasta que cambie la situación. Tampoco en Parral, Altamirano, Frontera Comalapa y Comalapa, según confirmó la Secretaría de Educación a Animal Político. “No podemos poner en juego la integridad física y psicológica de alumnos, padres de familia, docentes y sociedad en general. Por lo tanto, hasta que no nos garanticen las condiciones necesarias de seguridad social, no regresaremos a nuestras labores”, puede leerse en un comunicado que publicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el 15 de septiembre. El escrito está dirigido al gobernador Rutilio Escandón y a la secretaria de Educación de Chiapas, Rosa Aidé Domínguez que no se han pronunciado al respecto. “Como CNTE solicitamos al Gobierno que pueda hacer lo que sea necesario para que se garantice el libre tránsito para que los maestros puedan ejercer su profesión”, dice Pedro Hernández.

“Las condiciones para ir a la escuela han cambiado después de 17 años de guerra en el país”, explica Juan Martín Pérez. “Ir a la escuela puede representar un riesgo en tu vida, no solo de una agresión armada, sino de reclutamiento forzado sobre todo en Bachillerato. En esas circunstancias el derecho a la educación es totalmente secundario porque lo que prima es proteger tu vida”, agrega el especialista. Pérez señala que vivir en un contexto como este desarrolla un código de relaciones entre niños, niñas y adolescentes donde la violencia se normaliza y se convierte en una manera de resolver conflictos.

También afecta al aprendizaje, hace que aumente el acoso escolar, el consumo de sustancias y favorece el abandono escolar. Tal y como apunta Pérez: “La violencia se incorpora en la personalidad de los estudiantes como un código de conducta”. Pedro Hernández señala que cientos de escuelas en todo el país viven estas dramáticas circunstancias. “Estamos perdiendo a generaciones muy valiosas y aunque hemos avanzado mucho en la escolarización de educación básica, en educación media y superior las cifras son alarmantes. Solo de 100 niños que inician la primaria cuatro o cinco terminan una carrera universitaria”.

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Sobre la firma

Almudena Barragán
Periodista de EL PAÍS en México. Escribe sobre temas sociales con perspectiva de género: desigualdad, violencia y feminismo. Ha trabajado en la sección Verne México y en diversos medios españoles y mexicanos, entre los que destacan El Economista.es y El Financiero Bloomberg. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
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