El narco se ensaña con Chilpancingo y sus conductores de autobús: “Esto es la ley de la selva”

Hay poco transporte público en Chilpancingo tras los ataques de ayer. En la colonia Los Ángeles, donde el crimen organizado mató este lunes a tres conductores de autobús, los vecinos han dejado unas flores de cempasúchil. La alcaldesa, Norma Otilia Hernández, evita las responsabilidades y asegura que está sufriendo una persecución política, aunque ya van más de 14 conductores muertos allí en el último mes. El domingo, la prima de la gobernadora Evelyn Salgado sufrió un ataque armado en el que murió su marido, Humberto del Valle Zúñiga.

La violencia del crimen organizado está devastando Guerrero y Abel Barrera Hernández, antropólogo y activista de derechos humanos en la región, asegura que en la zona funciona la “ley de la selva”, el crimen se pelea a sus anchas por un territorio que ha escapado al control de las autoridades. “Es una violencia que te abruma, que te ataca, que está en todas partes”, lamenta el experto en conversación con este periódico.

El servicio de transporte ha sido suspendido en la localidad después de los ataques. Alrededor de las 8:30 de la mañana del lunes, empezaron a sonar las balas en una estación donde descasaban los conductores antes de seguir con la ruta. Allí murieron tres personas. Los criminales calcinaron uno de los vehículos. En su huida, mataron a otra persona que estaba en una marisquería cercana. Ahora, los habitantes caminan por la carretera federal que va de Chilpancingo a Acapulco. Por la noche, en unas lonas exhibidas sobre los puentes de la Autopista del Sol, la más importante de la región, el grupo criminal La Federación Guerrerense se adjudicó el ataque. El sábado, otro conductor había sido asesinado en otra colonia de la ciudad, asegura El Sur de Acapulco.

Ese mismo medio ha contado 14 trabajadores de estos autobuses asesinados desde julio y hasta la fecha. Concretamente, desde que se filtró a principios del mes pasado un video en el que la alcaldesa se reúne con el cabecilla del grupo criminal conocido como Los Ardillos. El sábado 8 comenzó la violencia. Cinco conductores de la capital y del municipio vecino de Tixtla fueron asesinados a balazos. Tres días después, la ciudad se paralizó con la irrupción de miles de pobladores de las comunidades cercanas y, en el caos, varios hombres armados pararon un autobús y se llevaron a un conductor, que hasta ahora no ha dado señales de vida. Al día siguiente, otro chofer murió calcinado dentro de su vehículo.

En la reunión, un desayuno que dura más de 40 minutos, según las grabaciones, la alcaldesa habla con su interlocutor sobre la política del Estado y sus relaciones con Ángel Aguirre, antiguo gobernador de Guerrero. “La reunión fue algo fortuito”, defendió entonces Hernández, aunque en el video se la escucha decir: “Dime cómo puedo ayudar, no me interesa a qué te dedicas”. Unos días antes de la filtración, el 24 de junio, el centro de Chilpancingo se levantó con una imagen tétrica, los cadáveres de cinco hombres y dos mujeres y un mensaje para la alcaldesa: “Saludos Presidenta, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de venirme a buscar”.

Los expertos explican este aumento de la violencia como una guerra de grupos criminales locales que están luchando por hacerse con el control de las rutas de transporte entre las diferentes regiones de Guerrero. La capital, Chilpancingo, es un polo importante a nivel económico, y las ciudades alrededor sirven como urbes-dormitorio a las que la gente va y viene cada día. El transporte, por tanto, es un negocio importante, cuyo control está ahora mismo en disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos. Las autoridades, a través de la Guardia Nacional y el Ejército, apenas es capaz de doblegar el poder, incluido el “poder social”, que tiene el crimen en esas zonas.

Abel Barrera Hernández, antropólogo y activista por los derechos humanos en la región, asegura que, al principio, el transporte público estaba al servicio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernaba entonces. “El transporte público ha sido históricamente el brazo del corporativismo político”, explica. Servía para acarrear gente y para controlar ciertos sectores de la sociedad. Luego paso a manos del narco, que lo utiliza para ganar dinero y controlar las rutas por las que también pasa la droga. “El transporte ha sido cooptado por los grupos del crimen organizando, y solo quieren que entren sus autobuses en las zonas que están controladas por ellos”.

Hernández, lejos de dar un paso a un lado y dejar el activismo, ha acusado una persecución política y ha seguido hacia delante. Durante una conferencia este lunes, la alcaldesa aseguró que su gobierno está ayudando “con la seguridad, con la policía preventiva, nos toca fortalecer la institución y que los conflictos sociales no se queden en delitos del fuero común”. Aunque, por el momento, los resultados son escasos. Explicó que la violencia en el gremio de los transportes “se ha padecido desde más de 15 años. Lamento mucho lo que está sucediendo, pero no vamos a claudicar en lo que me toca hacer; por eso salimos todos los días a la calle a generar confianza”, dijo.

El asesinato de conductores y la violencia en Guerrero ha coincidido con otro hecho trágico, que abona a la crisis de violencia que sufre el Estado. Este domingo, Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora, fue atacada a balazos en el municipio de Iguala. En el ataque falleció su esposo, Humberto del Valle Zúñiga, luego de recibir atención médica en un hospital de la ciudad. Carvajal responsabilizó al actual alcalde de Iguala, David Gama Pérez y este martes, la gobernadora, Evelyn Salgado, acusó una persecución política. “Como la primera mujer en gobernar este noble estado, hago frente a diversas voces que buscan engañar a un pueblo informado”, defendió Salgado, en contra de la gente que la acusa de no tener una estrategia de seguridad para una región que sucumbe lentamente al poder del crimen organizado.

“Ahora hay una disputa constante. Los controles que había antes, los pactos entre políticos y narcos que había debajo de la mesa están rotos. Ahora los grupos de la delincuencia se están reacomodando y aumentando su control del territorio”, explica el antropólogo Barrera. Chilpancingo es la joya de la corona de la región. “Es el nodo estratégico a nivel estatal, ahí se cruzan las rutas del tráfico”, asegura. Barrera lamenta que tampoco está clara la postura de la gobernadora, no hay coordinación entre las corporaciones policiacas y la Guardia Nacional, que solo se despliega en los grandes eventos de violencia, para replegarse poco después y dejar a la gente de nuevo a la intemperie de los grupos criminales.

“Esta es la ley de la selva”, sentencia el antropólogo, “en su máxima expresión”. Barrera lamenta que hay “un mercadeo de la economía criminal” en las grandes ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala. “Las autoridades están rebasadas, no hay control, están dando palos de ciego, la Guardia Nacional solo hace presencia momentánea cuando estalla la violencia”, dice con un tono cada vez más cansado. “Es una violencia que te abruma, que te ataca, que está en todas partes, y la ausencia de las autoridades es inconcebible, no hay estrategia”.

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