La Fiscalía General atrae el expediente del exfiscal anticorrupción detenido en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a la Fiscalía de Chihuahua cederle la investigación iniciada en ese Estado contra Francisco González Arredondo, exfiscal anticorrupción que fue detenido por supuestos actos de tortura psicológica en contra de cómplices del exgobernador César Duarte. La FGR, comandada por Alejandro Gertz Manero, ejerció su facultad de atracción para investigar los casos relacionados con actos de tortura y comunicó el jueves su decisión al propio González Arredondo, que está preso en una prisión estatal. La resolución de la Fiscalía tuvo lugar apenas un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el expediente abierto en Chihuahua contra González Arredondo es una persecución y una venganza por haber investigado la corrupción del Gobierno de Duarte.

El principal abogado del exfiscal anticorrupción de Chihuahua, Iker Ibarreche, confirmó a EL PAÍS la decisión de la FGR y señaló que la Fiscalía del Estado tiene un plazo de 24 horas para entregar a la Federación el expediente del caso, en el que constan las declaraciones de un denunciante y cinco testigos que acusan a González Arredondo de haberlos torturado psicológicamente para declarar en contra de César Duarte en las indagatorias iniciadas por el exfiscal por actos de corrupción millonarios. Fuentes de la defensa de González Arredondo han declarado a este medio que, una vez que la Fiscalía General tenga el expediente en sus manos, existe la posibilidad de que decrete el cierre el caso, ante el cúmulo de irregularidades en la investigación. En ese escenario, González Arredondo quedaría inmediatamente en libertad.

Las investigaciones encabezadas por el exfiscal posibilitaron la detención y encarcelamiento de Duarte por corrupción. Sus indagatorias demostraron que la Administración del exgobernador priista desvió 6.000 millones de pesos (303 millones de dólares); 49 personas, entre exfuncionarios y empresarios, fueron llevados a juicio y se recuperarán 55,8 millones de pesos que habían sido desviados de los recursos del Estado.

Las personas que han denunciado a González Arredondo afirman que durante las investigaciones no se les permitía ir al baño, no se les daba agua, se les gritaba, se les amenazaba con meterlos a la cárcel si no cooperaban y que las entrevistas duraban hasta ocho horas seguidas. Los abogados del exfiscal señalan que elementos de la Fiscalía estatal robaron al exfiscal su teléfono celular durante su detención, ocurrida el 21 de noviembre. También han acusado obstrucciones para permitirles visitarlo en el Centro de Readaptación Social Aquiles Serdán, donde está detenido junto con varios reclusos a los que él encarceló por actos de corrupción, homicidios y secuestros. El exfiscal ha dejado de comer, afirma su defensa, porque teme que le hagan daño a través de los alimentos.

González Arredondo envió el 25 de noviembre una carta personal al fiscal Gertz Manero en la que le solicitó la atracción del expediente en su contra, pero no fue hasta que el presidente López Obrador comentó sobre su caso que la FGR dio respuesta favorable. Una vez que la Fiscalía de Chihuahua entregue la investigación, un juez federal asumirá la competencia de la causa penal.

“Las investigaciones que realizó González trascendieron para una de las cuestiones de la lucha anticorrupción más importantes que ha habido en la historia de México. Como consecuencia de ello existen muchas personas sentenciadas por delitos de corrupción, incluido el propio exgobernador Duarte, y también existen investigaciones que se han generado a nivel federal. Poner en duda su labor a través de este tipo de acusaciones sin fundamento alguno, en el fondo, es tratar de poner en duda toda esa lucha contra hechos de corrupción”, ha afirmado el abogado Ibarreche en entrevista.

Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, en cuyo mandato González Arredondo encabezó los expedientes contra Duarte, señala que en el Estado no ha habido un juicio justo para el exfiscal. El exmandatario ha hecho referencia a las investigaciones en las que la gobernadora María Eugenia Campos Galván fue implicada por haber recibido sobornos de parte de Duarte cuando ella era diputada local. “Es muy importante y positiva la decisión de la Fiscalía General, porque en Chihuahua no hay condiciones para la realización de un juicio objetivo, imparcial y justo. Lo único que ha quedado claro es el ánimo de venganza de María Eugenia Campos y su indisoluble vínculo de complicidad y protección a César Duarte. Hay esperanza de que el barco de la justicia se enderece con esta decisión”, ha celebrado.

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