Los Zetas, Coahuila y ‘La Lista’: un vistazo a la historia de los militares presos por colaborar con el grupo criminal

En marzo de 2011, el Ejército detuvo a 15 militares en Coahuila por su presunta colaboración con el cartel de Los Zetas. La vieja Fiscalía había abierto una investigación tras el hallazgo, justo entonces, de una nómina del grupo criminal. Una lista encontrada a uno de los líderes de Los Zetas en la zona, que reflejaba pagos a decenas de autoridades, entre ellas los militares. Su historia, recogida en el pódcast La Lista, que EL PAÍS produjo en colaboración con Así Como Suena, aparece reflejada en los papeles de la Sedena.

Narrada a partir de la historia de uno de los 15 miliares, el subteniente Francisco Soto, La Lista cuenta la detención de los soldados, las penalidades que atraviesan sus familias y las irregularidades del caso: torturas a Soto y los demás, pruebas de origen sospechoso, declaraciones extrañas de los criminales delatores. Estrenada a finales de 2020, el relato alcanza un momento del proceso en que la justicia civil está a punto ya de asumirlo, después de nueve años de discrecionalidades en tribunales militares, repetición del juicio mediante.

Más allá del interés por el destino de los soldados, el caso resulta interesante por el panorama que ofrece de la guerra contra el narco, impulsada durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), y a la relación del aparato de seguridad con la violencia extrema de Los Zetas. Los papeles de la Sedena ofrecen alguna pista de los intereses y las intenciones de las Fuerzas Armadas en el caso.

La filtración de cientos de miles de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa en México (Sedena) muestra el monitoreo exhaustivo del Ejército a diferentes aspectos de la vida pública del país, civil y castrense. Entre los correos hay miles de resúmenes de prensa, cientos de esquemas de grupos delictivos, decenas de informes sobre política regional, y documentos sobre el estatus de procesos judiciales contra militares.

Así, por ejemplo, la base de datos contiene a su vez otras tantas bases de datos en que aparecen nombres de militares sentenciados o con procesos judiciales abiertos, acompañados de montañas de variables: grado, resumen de hechos, delito, medida cautelar y observaciones. De igual manera, figuran decenas de hojas de cálculo que recogen el pago a militares procesados, acreedores de un salario hasta que jueces o tribunales emitan una sentencia.

En algunos casos, diferentes oficinas al interior y el exterior de la Sedena intercambian correos con documentos sobre procesos contra militares o grupos de militares concretos. Es el caso del grupo de Saltillo, protagonista de decenas de cadenas de mensajes entre diferentes oficinas dentro la secretaría. En algunos correos hay datos llamativos. Por ejemplo, en una documento de Word de febrero de este año, la Sedena envía a la Fiscalía General de la República (FGR) la relación de 21 procesos que la justicia militar proyecta mandar o ha mandado ya a la civil. Dos tienen que ver con los 15 militares de Saltillo.

En uno de esos dos, que atañe entre otros a uno de los presuntos enlaces de Los Zetas con el cuartel, se explica que, en realidad, la presunta colaboración de militares con criminales data de casi dos años antes del hallazgo de la nómina zeta, en marzo de 2011. Dice el documento, a modo de resumen: “En el mes de octubre de 2009, el teniente Montiel Rumbo”, lee, en referencia a uno de los dos enlaces, “aceptó colaborar con Los Zetas, a quienes informaba sobre los operativos militares; posteriormente, comenzó a reclutar a oficiales y personal de tropa para trabajar con la citada organización delictiva”.

En el otro proceso que la justicia militar manda a la civil, se habla del otro de los enlaces. “En octubre 2010, [el sargento José Luis N] entró a trabajar para los Zetas por invitación del Sargento Segundo Conductor Sergio Treviño Ríos (...) también su pago se lo estaba entregando directamente el Gerry, así mismo el acusado acepta que al celular solo le llamaba una persona que se identificaba como el Gerry”. El texto se refiere a uno de los dos zetas, Gerardo Hernández, sobre la que la justicia militar basó la acusación contra los 15 militares de Saltillo, además de la nómina.

Un asunto irresuelto

Otro documento interesante que refiere al caso es un compendio de los mensajes intercambiados a principios de 2020 entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Sedena por las peticiones de los militares encarcelados. En febrero de ese año, el colectivo Rompiendo Cadenas, que ha tratado de hacer ruido sobre la situación de varios de los militares de Saltillo y otros soldados presos, pidió la mediación del Gobierno con la Sedena. El intercambio simboliza a veces la sensación de impotencia que ha invadido a las familias de los de Saltillo estos años.

El 11 de febrero, una funcionaria de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob le escribió al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para trasladarle las peticiones de los militares presos. Entre ellos figuraban el subteniente Soto o el teniente Sócrates Humberto López, otro de los detenidos. Ambos comparten, además del tiempo en prisión, el reconocimiento por parte de la Sedena de la tortura que les infligieron elementos de la Policía Judicial Federal Militar, tratos que motivaron el pago incluso de una indemnización por parte de la secretaría.

La funcionaria traslada a Sandoval la “problemática” de sus casos, por ejemplo, dilaciones procesales, las mismas torturas que sufrieron, las irregularidades en la detención, los peligros de continuar en prisiones civiles y no en una militar. La trabajadora de la Segob manda el mismo oficio al director general de justicia militar entonces, el general de brigada Antonio Ramírez. El documento incorpora a continuación diversas comunicaciones al interior de la Sedena y luego las respuestas.

En la primera, por ejemplo, una jueza militar explica que resulta improcedente su traslado de la prisión civil en la que están a una militar, por el tipo de delito de que se les acusa, delincuencia organizada y narcotráfico. Sobre las dilaciones, la jueza carga la responsabilidad a las partes, señalando que es responsabilidad suya cumplir con los plazos que marca el tribunal. Todo esto ocurría antes de que la propia justicia militar mandara el caso a juzgados civiles.

El mismo documento incorpora oficios de marzo de 2020, en que un juez miliar distinto de la anterior responde a Soto y Sócrates sobre un ramillete de peticiones particulares, hechas en el contexto de la protesta del colectivo Rompiendo Cadenas. Los dos piden un traslado a una prisión militar, la puesta al día de sus salarios, suspendido durante el tiempo que estuvieron condenados —la justicia militar les condenó antes de que se ordenara repetir en juicio y que los militares quedaran de nuevo en calidad de acusados— e información sobre “la seguridad social a la que tienen derecho”.

La respuesta es un ejemplo de frialdad burocrática. Al traslado les dice que no, alegando argumentos legales parecidos a los de su colega. Sobre el salario, les dice que ya les están pagando la mitad, situación habitual de los militares procesados, aún no sentenciados. Y del acceso a la seguridad social, les dicen que “sus derechos están vigentes”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país