Santiago Nieto: “Ofrecían a los meseros hasta 80 dólares por una foto de mi boda”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en los primeros años de López Obrador repasa su salida del Gobierno, su enfrentamiento con el fiscal Gertz y los problemas para perseguir la corrupción en México
Parece que ha pasado mucho tiempo del affaire Santiago Nieto, una eternidad en términos políticos, pero apenas nueve meses en tiempo real. Fue un episodio desconcertante, habitual en realidad en la política mexicana, una boda que de repente se convertía en una crisis de altos vuelos, devenida finalmente en una amenaza a la credibilidad del Gobierno. Nieto (San Juan del Río, 49 años) habla ahora de la boda, su renuncia y la batalla posterior, librada en portadas de periódicos. “Tal vez cuando vinieron los ataques en medios debí haber sido más… menos soberbio”, dice.
Era noviembre de 2021. Nieto dirigía entonces la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF). Él y su pareja se casaban en Antigua, Guatemala, matrimonio conocido en el ámbito gubernamental. El enlace en sí planteaba pocos problemas, pero el ambiente estaba algo tenso. A principios de mes, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y testigo protegido de la Fiscalía en una de las investigaciones por corrupción más importantes del sexenio, el caso Odebrecht, salió a cenar a un restaurante de lujo en la capital. Una periodista le tomó una foto y Lozoya, criminal confeso, acabó en prisión, culpable, aquella vez, de no encajar en la lógica austera que propugna el Gobierno.
El enredo Lozoya dominó la conversación durante semanas e instaló la idea en parte de la opinión pública de que la lucha contra la corrupción, emblema gubernamental, era poco menos que una farsa. Su entrada en la cárcel atajó las críticas a duras penas y entonces llegó el fin de semana de la boda. Un día antes, un grupo de invitados llegó en avión privado, fletado por Francisco Ealy, dueño del influyente periódico El Universal. En el aeropuerto del país centroamericano, la Fiscalía local encontró una maleta con miles de dólares en efectivo, propiedad de Ealy, más de lo que puede uno llevar de un país a otro sin declarar. La situación no tardó en saltar a la prensa y disparar un debate sobre la cantidad de extrañezas y ostentaciones que debía contener el Gobierno. Nieto renunció al cargo el lunes siguiente.
El exfuncionario recibe a EL PAÍS en un despacho que usa de vez en cuando en el sur de la capital. Fue hace semana y media, el mismo día en que la Suprema Corte confirmó la protección del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, su último gran enemigo. Desde hace meses, Nieto trabaja codo con codo con el gobernador electo del Estado, Américo Villarreal, de Morena, preparando denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos por Cabeza de Vaca y su Gobierno. “Es un tema de fraude, de lavado de dinero, de despojo de ranchos, de concursos amañados”, critica. Durante una hora, Nieto habla del mandatario tamaulipeco, de su anterior enemigo, el fiscal general, Alejandro Gertz, del mismo Lozoya y de sus planes para el futuro.
Pregunta. Ya han pasado nueve meses de su salida de la UIF, ¿fue una renuncia suya o se la pidieron?
Respuesta. No, a ver, preferí renunciar. No quería generar un conflicto al presidente. Las cosas escalaron a un nivel... Yo estoy convencido de que hubo gente dentro de los órganos del Estado mexicano que estuvieron generando… Buscando información para poder afectar. En algún momento, la fiscal anticorrupción dijo que le habían planteado a ella, uno de los colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), que estaban dando 80 dólares por foto de la boda a los meseros y las personas que estaban ahí. Así tal cual. Y además se solicitó información de si había aviones privados que iban a la boda. Había gente de Interpol y de la Fiscalía de Guatemala esperando a las personas que llegaban en los aviones privados…
P. ¿Cree que gente de la FGR, cercana a Gertz, estuvo detrás de esta situación?
R. No había otra forma de justificar la presencia de gente de la Fiscalía de Guatemala en esos momentos.
P. ¿Cómo empieza la historia de enemistad y enfrentamiento con el fiscal Gertz?
R. Cuando empezó el proceso de transición al actual Gobierno teníamos una buena relación. Él llegó a ser encargado de despacho de la vieja Fiscalía, trabajamos bastantes asuntos juntos, pero el momento de quiebre tiene que ver con Lozoya. Se obtuvo una orden de detención en su contra y se le congelaron las cuentas. Entonces hubo un conflicto con Altos Hornos de México [que le había vendido al Pemex de Lozoya una empresa con sobreprecio] y se me pidió que aclarara a los medios que no era en contra de Altos Hornos sino contra Lozoya. Y eso empieza a generar tensiones.
Yo respeto al fiscal general. Es el fiscal general, y yo no. Lo importante es lo que se pudo hacer en los equipos de trabajo, en las más de 632 investigaciones en que se les entregó información en 2020 y las 450 en 2021. Se trabajó bien institucionalmente, con independencia de que no hubiera una buena relación entre los titulares.
P. Me interesa su visión sobre la posición del fiscal. Otros en su situación, criticados por diferentes motivos, han caído, como usted, pero él no. ¿Por qué cree usted que es?
R. Sí, es un tema fuera de serie. Desde el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994), los procuradores de justicia duran de media dos años y Alejandro Gertz Manero ya lleva cuatro. Es un tema de la transición de la vieja Fiscalía a la FGR, y de que el presidente cree en los temas de la autonomía y ha dejado que esto camine. No veo que ahora tampoco haya posibilidad de que el Senado remueva al fiscal. Ante el diseño constitucional mexicano, no hay forma de que haya cambios en la FGR. A pesar de los desencuentros políticos que pueda haber.
P. Parte de las críticas al fiscal tienen que ver con su patrimonio, que el oculta por un motivo, dice, de seguridad. ¿A usted qué le parece?
R. Yo mismo he sido cuestionado por los créditos hipotecarios que tengo y han sido usados por Cabeza de Vaca y su círculo en mi contra. Entonces, uno, son justificables, y dos, hay que entender que en una democracia, el umbral del derecho al honor que tiene un servidor público es diferente del de cualquier otro ciudadano.
P. ¿Qué hay de la denuncia de la familia política del fiscal [con quien Gertz mantiene un pleito. Él acusa a su excuñada y su exsobrina de la muerte de su hermano en 2015. La Suprema Corte desechó el caso este año], sobre esta cuenta bancaria vinculada a su hermano, en un banco suizo, con un saldo de millones de dólares? Cuando empezaron a airear este tema, usted estaba todavía en la UIF
R. Ellos [los Gertz] han aparecido en los Panama Papers. El Grupo de Acción Financiera Internacional pidió a las UIF del mundo que se hiciera una investigación para evitar el lavado de dinero en estos esquemas. A mí los Panama Papers no me tocaron, solo los Pandora. Pero bueno, lo que sucedió con la familia Cuevas es terrible. Y México en algún momento tendrá que pedir una disculpa pública por ello.
P. Volviendo a Lozoya, ¿qué pasa con esa investigación? Parece que le cuesta sustentar sus acusaciones.
R. Es un caso que conozco desde el sexenio anterior. El tema central es que él presentó una denuncia en contra de 70 personas físicas y morales del Estado mexicano y no logró acreditar los dichos de su imputación. Yo hubiera llevado el asunto de una forma distinta: en vez de acusarlo de asociación delictuosa, delincuencia organizada. Y en vez de hacerle testigo protegido, prisión preventiva para efecto de poder obtener más información y, en caso de que así hubiera sido, ya concederle algún otro beneficio.
P. ¿De qué manera meterlo en prisión a la primera habría fortalecido el proceso?
R. Porque así él habría tenido la presión de entregar información verídica respecto a las demás personas que participaron en los hechos. Porque el criterio de oportunidad [el programa de testigos protegidos] exige denunciar conductas delictivas de mayor envergadura de la que se te imputan o denunciar a personas que se encuentran en una esfera superior.
P. El caso Lozoya conecta precisamente con su salida de la Fiscalía de delitos electorales, esto aun en los años de Peña Nieto. ¿Cómo recuerda esa salida ahora?
R. Sí, en 2017. El encargado de despacho de la vieja Fiscalía me pidió la renuncia. Me dijo que no lo iba a hacer público hasta que pasara el fin de semana, que me fuera a la oficina. Y cuando voy para la oficina, un periodista me manda un mensaje y me pregunta que por qué me habían dado de baja. En ese momento me sacan de los chats institucionales y me entero de que en mi oficina hay tres agentes de la Policía Federal Ministerial esperándome. Decido no ir a mi despacho y en vez de eso me voy a mi casa. A partir de ahí programo mi visita al Senado. Luego vi que no había condiciones para acudir y ya me fui retirando. Con el paso de los meses ya me llegó la invitación de Marcelo Ebrard para incorporarme a la campaña de López Obrador.
P. Otro de los asuntos calientes de las últimas semanas ha sido Peña Nieto. El actual responsable de la UIF compareció en la mañanera, hablando de las investigaciones en su contra. Luego, la Fiscalía confirmó que había tres indagatorias. ¿Cuál cree que es su futuro?
R. El tema de prescripción en materia de lavado de dinero son diez años. En este momento estamos viendo prescribir posibles actos de corrupción de la ultima parte del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y el inicio de Peña. Es importante que se deslinden responsabilidades respecto al tema de la Estafa Maestra [el caso por desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, en el anterior Gobierno], la operación Safiro [otro caso de desvío de recursos de gobiernos estatales a empresas vinculadas al PRI], los asuntos relacionados con operaciones electorales, la venta y regalo de territorios federales... Muchos de estos asuntos podrán o no llegar a Peña Nieto, pero son muestra de los casos de corrupción durante su administración.
P. En estos meses ha aparecido cerca del secretario de Gobernación y del de Relaciones Exteriores. ¿Qué planes tiene de cara a 2024?
R. Yo llegué a la 4T por invitación de Marcelo Ebrard. Es un asunto de lealtad y convicción personal. Un Gobierno de Ebrard implicaría la continuidad de los programas sociales, lo cual es muy importante en un país con las desigualdades que tiene México. Pero además permitiría experiencias exitosas. Hace poco, Ebrard estuvo viendo cómo los bolivianos han generado una empresa automotriz impulsado por energía eléctrica a través de la explotación del litio, que podría servir para México.
P. Y si no sale Ebrard, ¿se acercaría a alguno de los candidatos?
R. Bueno, yo creo que México necesita un Gobierno de izquierdas. Mi convicción personal está con Ebrard, pero respeto a Claudia Sheinbaum, respeto a Adán Augusto López. Y por supuesto he tenido buena relación con Ricardo Monreal… Lo que no me veo es en un partido de oposición.
P. Más allá de las denuncias por lavado y delincuencia organizada, en Twitter ha dicho estos días que ha recibido muchas denuncias sobre Cabeza de Vaca.
R. Es un tema relevante. La primera parte fue financiera, lo que se hizo desde la UIF. Tiene que ver con defraudación fiscal, lavado de dinero, uso de recursos en efectivo importantes y la adquisición de bienes inmuebles. La segunda parte, que son las denuncias ciudadanas, incluyen información… Primero, personas que afirman que pagaron en efectivo la mitad de los concursos públicos que habían ganado, a hermanos de Cabeza de Vaca. Concursos de seguridad, de carreteras, obra pública. Decían que tenían que dar el 10%, 20% o la mitad de los contratos.
Segundo tema, los inmuebles. Es una parte fundamental. Hay por lo menos ocho denuncias en que se dice que cambiaron de propietario a los inmuebles, básicamente en predios rurales, ranchos, a personas que no pagaban el predial. El catastro detectó que no pagaban el predial y terminaron sustituyendo a los dueños en operaciones ante notario publico, para quedarse con las propiedades. Y hay más relacionadas con la policía estatal, denuncias genéricas sobre presuntos prestanombres de la red, de todo.
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