Seguridad, agua y transporte: las tres crisis que acechan al gobierno de Nuevo León

La crisis desatada por la ola de desapariciones de mujeres en la zona metropolitana de Monterrey no es el único frente abierto para el Gobierno de Nuevo León. A la alarma por las, por lo menos, 10 desaparecidas en un mes, que ha provocado ya el cese de la responsable de la secretaría de Mujer en el Estado, se une la peor crisis del agua en décadas y el órdago lanzado por el gobernador de Texas que ha estado bloqueando la ruta comercial de los camiones de carga del Estado, el motor industrial de México. Tres fuegos que apagar para Samuel García, el joven gobernador (34 años) convertido el año pasado en fenómeno al asaltar en tiempo récord el poder en el tercer estado más rico del país. Desbancando además tanto a Morena, como a los partidos clásicos —PRI y PAN— bajo el paraguas de un partido periférico como Movimiento Ciudadano.

La indignación por las jóvenes desaparecidas explotó contra el Ejecutivo el pasado sábado. La Fiscalía anunció el mismo día el hallazgo del cadáver de María Fernanda Contreras, de 27 años, tras días de búsqueda, y la desaparición de Debanhi Escobar, de 18 años. Ambas noticias desataron dos jornadas de protesta en la capital que elevaron la presión sobre el Gobierno. García, caracterizado por una híper presencia mediática desde la campaña, salió a la palestra anunciado la incorporación urgente de 200 elementos a un grupo especial de búsqueda. Pero el golpe de efecto no tapó el descontento con la labor de las autoridades. Los colectivos feministas critican no solo la inacción de la Fiscalía estatal sino la narrativa que minimiza la crisis de seguridad apuntando a que las jóvenes se fueron por voluntad propia sin avisar a sus familiares.

El conflicto escaló durante la semana y derivó en la salida de Alicia Leal, la secretaria de la Mujer del estado, y la centralización de toda la política de comunicación en el gobernador. Un movimiento que busca no solo proteger a la Fiscalía sino también al responsable de seguridad en el Estado, Aldo Fasci, un veterano sobre el que han recaído críticas desde su nombramiento. Las organizaciones sociales reclaman su salida y la de la comisionada estatal de búsqueda, María de la Luz Balderas. Ambos siguen en el mismo cargo que ocuparon durante el mandato del gobernador anterior, Jaime Rodríguez, El Bronco. “Llevan décadas en puestos claves de seguridad y procuración de justicia y no vemos los resultados. Nos siguen desapareciendo, nos siguen matando. ¿Por qué los mantiene Samuel García?”, apunta Angélica Orozco, de Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL), el principal grupo estatal de búsqueda de desaparecidos.

La decisión continuista de García llamó la atención dado el enfrentamiento directo con el exgobernador. Tan profundo, que El Bronco lleva un mes en la cárcel por una denuncia del propio García que lo acusa de desvío de fondos públicos. A falta de la decisión final del juez, el encarcelamiento preventivo de Rodríguez, el primer gobernador sin partido del país, ha sido interpretado como una repetición de viejos fantasmas: el uso político de la instituciones una vez que se llega al poder. Igual que El Bronco trató de encarcelar a su antecesor, el priista Rodrigo Medina, el joven García ha cumplido el mismo patrón con El Bronco.

Mientras los focos se centraban en las fotos del exgobernador esposado y en la cárcel, muchos hogares de Nuevo León empezaban a sufrir los estragos de los cortes de agua. Antes incluso del cierre de suministro oficial decretado todo los años en épocas de sequía, que está provocando fuertes incendios y nuevas protestas y movilizaciones ciudadanas. La crisis del agua llevó a García a Palacio Nacional, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de movilizar a los poderosos actores empresariales en las labores de ahorro y conservación del agua mientras logra la construcción de una nueva presa, estimada para 2025.

Las protestas ciudadanas por los problemas de agua subrayaron que el gobernador parecía más concentrado en sus planes de infraestructura. A finales de marzo, García anunció una inversión de 26.000 millones de pesos para la construcción de tres nuevas líneas de metro en la periferia de la capital. El plan es una promesa de campaña que también está encontrando resistencia. La oposición critica las prisas de la operación, que habrían supuesto que no cuentan con suficientes estudios de viabilidad. Mientras que los vecinos del sur de Monterrey se han manifestado públicamente contra las obras.

Más reciente ha sido el conflicto con el gobernador de Texas, Greg Abbot, que decidió la semana pasada endurecer los controles en la frontera para los camiones mexicanos. En plena batalla con el presidente Joe Biden el republicano Abbot justificó su medida, que provocó el bloqueo en la frontera, en que los caminos escondían a migrantes en su interior. La decisión puso en jaque a los Estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. El jueves, el gobernador García fue el primero en lograr un acuerdo con Abbot para relajar los controles, pero su homólogo texano ha avisado que no descarta volver a la carga.

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