La oleada de despidos en la Fiscalía alerta sobre el futuro de la agencia investigadora

Recién cumplidos sus primeros tres años al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), su titular, Alejandro Gertz, ha puesto en marcha un programa de despidos masivo que en teoría responde a razones presupuestarias, pero cuyo fondo se desconoce en realidad. Se ignora igualmente su alcance. Arrancado con sigilo en los últimos días de diciembre, la dependencia no ha informado del número de bajas. Abogados que representan a afectados hablan de una primera oleada de entre 250 y 300, aunque señalan que podrían ser hasta 900. La dependencia cuenta alrededor de 12.000 empleados.

Relatos obtenidos en conversaciones con agentes en activo y efectivos despedidos reflejan un panorama parecido al de la desaparición de la Policía Federal, en los primeros meses del actual Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Aunque el volumen de personal afectado entonces fue mucho mayor, las formas coinciden. En ambos casos, la dependencia forzó la salida de cientos de agentes por razones de fuerza mayor, entonces la supresión de la corporación en favor de la Guardia Nacional, ahora cuestiones “presupuestarias”. Aprobado hace apenas unas semanas, el presupuesto para la FGR este año es prácticamente el mismo que el del año pasado.

Ante el programa de despidos, “muchos están optando por aceptar la baja y tomar la indemnización”, explica Pedro Ayala, abogado de una decena de agentes afectados. Este diario ha revisado dos casos de integrantes de la Agencia de Investigación Criminal que, con cuatro años de antigüedad, optaban a una indemnización de unos 160.000 pesos, alrededor de 8.000 dólares. Casos aportados por Iván Chávez, abogado igualmente de agentes de la FGR dados de baja, muestran cantidades semejantes. “Tengo por ejemplo el de un policía ministerial que después de 12 años le ofrecían 370.000 pesos -unos 18.000 dólares. Decidió agarrarlos y no batallar ni presentar amparos”, explica.

El sigilo de la dependencia frente al programa de bajas alimenta la especulación sobre su motivación verdadera. Preguntado al respecto, un portavoz de la FGR no ha contestado las dudas de este diario sobre el alcance de los despidos o detalles de las cuestiones “presupuestarias” esgrimidas. Ni Ayala ni Chávez aceptan el argumento presupuestario. “No es que le sobre gente a la Fiscalía, están dando muchas altas y, mientras, despiden a los más subversivos”, explica el abogado Chávez. “Muchos de los que han notificado estuvieron vulnerables durante la pandemia y no les gusta que haya gente vulnerable, porque están en casa sin trabajar”, añade Ayala.

El modus operandi de la FGR ha limitado la capacidad de maniobra de los agentes afectados. Llamados a sus cuarteles el 28 de diciembre, sus superiores les entregaban un oficio notificando su baja a partir del 1 de enero y un resumen del finiquito al que tenían derecho. Si aceptaban y firmaban su baja, recibían el cheque. El abogado Chávez señala que en caso de ampararse y buscar una compensación mayor, la diferencia no sería muy grande, de ahí que muchos hayan aceptado el dinero.

Hay, sin embargo, quienes han rechazado la baja. Es el caso de un policía ministerial adscrito a una de las delegaciones de la FGR del centro del país. El agente, que prefiere que su nombre no salga en estas líneas, no acudió al llamado de sus jefes el 28 de diciembre y promovió un juicio de amparo ese mismo día. El juez suspendió provisionalmente su baja, por lo que su trabajo estaría asegurado en tanto la justicia determina si su despido es legal o no.

Con 51 años, el policía trabaja para la FGR, antes Procuraduría General de la República, desde hace 26 años. Hasta finales de diciembre, laboraba en el servicio de guardia. “Recibía detenidos”, explica, en turnos de 24 horas por un día de descanso. Todo cambió a partir del 1 de enero. No está despedido, pero no le dejan trabajar. “Todos los días voy, para salir en las cámaras, para que me vean compañeros, para que no me levanten acta por abandono de servicio. No tengo otro medio de registro. No me asignan funciones, no firmo listas. Me las esconden. Entro a mi área, donde está la secretaria, donde está la oficina del jefe regional. Me paso todo el día, de acuerdo a los horarios de oficina, de 9 a 15 o de 15 a 9″, denuncia.

Colegas suyos que siguen laborando señalan cierta incomodidad por la situación. Un policía ministerial adscrito a la delegación de Chihuahua de la FGR dice: “Lo de la baja podría ocurrir en cualquier momento. Aquí donde yo estoy han dado de baja a cuatro. De ellos, uno tenía la incapacidad porque le habían operado de la rodilla. Otro tenía más de 30 años de servicio. Y los otros tenían problemas con su arma de cargo”, explica. De los dos últimos, a uno le habían robado su arma y el otro no había conseguido que se la devolvieran después de un procedimiento administrativo al que estuvo sujeto. El abogado Ayala añade que “muchos de los que están dando de baja no tienen permiso de portación de arma. Por algún motivo lo perdieron y tienen que hacer labores administrativas. No son útiles así a la Fiscalía”, señala.

Otro agente de la ministerial que sigue activo, adscrito a la delegación de Baja California, explica que están todos “en zozobra”. El agente ingresó a la vieja PGR en 1993 y asume que las cuestiones presupuestarias “son una falacia”. Él, como los demás, se ganaron su plaza en la Fiscalía después de cursos y exámenes. “He investigado a Osiel Cardenas, al Mayo Zambada”, dice, en referencia al viejo líder del Cartel del Golfo o al actual capo de Sinaloa. “Pero lo que ahora quieren son administrativos, personal administrativo. Yo soy operativo y por eso creo que me van a notificar”, zanja.

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