La Cancillería mexicana sale en defensa del alto cargo implicado en la trama que burló las sanciones de EE UU a Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México envió a EL PAÍS una carta tras la publicación de la investigación titulada La red opaca que intercambió petróleo de Venezuela operó con la ayuda del Gobierno mexicano en la que niega que el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, haya participado en el entramado para evadir las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto al Gobierno de Nicolás Maduro. “El subsecretario niega categóricamente ser parte de las operaciones que mencionan en su artículo”, se lee en la misiva, firmada por Esteban González Mancha, director de Comunicación Social. “Asimismo, rechazamos que la actuación del subsecretario Reyes haya, directa o indirectamente, facilitado la violación de las sanciones que los Estados Unidos imponen a quienes sostienen relaciones comerciales con el Gobierno venezolano”, se agrega.

En el escrito, la SRE señala que Reyes se reunió con el empresario Joaquín Leal, sancionado el 18 de junio de 2020 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Gobierno de EE UU. “Como parte de sus atribuciones, el subsecretario para América Látina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, tiene contactos con diversos empresarios con intereses en su área de responsabilidad”, se refiere, como se recoge en las respuestas que Reyes dio a un cuestionario por escrito y que fue fueron incluidas en el reportaje. “En este respecto, la labor del subsecretario es promover y facilitar, con ayuda de las representaciones de México en el exterior, lazos comerciales y de negocios que, en el marco de la ley, sean beneficiosos para México y los empresarios mexicanos. Estas relaciones siempre se han conducido con escrito apego a la normatividad aplicable y la relación con Joaquín Leal no fue la excepción”, se lee en la carta.

Sobre las sanciones económicas contra el Gobierno de Maduro, la Cancillería “rechaza las sanciones internacionales como instrumento para resolver la situación política en Venezuela y, como lo ha hecho desde el inicio de la Administración, invita al diálogo de las partes”. “Asimismo, es promotor y partícipe de acciones de ayuda humanitaria que puedan paliar los efectos de la crisis económica y social que vive ese país hermano”, concluye la carta.

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha enviado también una carta a este periódico en la que rechaza haber vendido “a la empresa Libre a Bordo cantidad alguna de maíz”. “Ni ha tenido ninguna operación comercial relacionada a la venta de maíz para Venezuela”, asegura. El organismo fue consultado antes de la publicación de la investigación, y había respondido entonces que “no iba a hacer comentarios” sobre la supuesta operación. A su vez, no ha puntualizado si realizó operaciones con Consorcio Panamericano, la empresa ligada a Leal que registró una transferencia del pago a Segalmex por el maíz con destino a Venezuela.

En el anuncio de las sanciones de la OFAC, Leal es señalado como el principal operador de la trama “Petróleo por alimentos”, una red de empresarios mexicanos que comercializó más de 30 millones de barriles de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que usó como justificación la prestación de ayuda humanitaria para eludir las sanciones económicas de EE UU. Como se desprende de la investigación, el entramado se extendió con al menos 50 empresas en más de 30 países y territorios, algunas en paraísos fiscales, para borrar el rastro del dinero y proteger la identidad de los beneficiarios finales. La Unidad de Inteligencia Financiera de México investiga desde hace 11 meses operaciones bajo la sospecha de lavado de dinero.

La última entrega de la investigación de EL PAÍS y el portal venezolano Armando.info da cuenta de una serie de encuentros que el empresario y el subsecretario sostuvieron previo al inicio de las operaciones de Libre Abordo, una de las empresas sancionadas. La Cancillería asegura que “el único contacto con Joaquín Leal se dio en medio de la relación con un grupo de empresarios del ramo energético, misma que acabó varios meses antes de que se hicieran públicas las sanciones del Gobierno estadunidense al empresario mexicano”. Libre Abordo se presentaba ante sus clientes como un agente humanitario, nombrado por el Gobierno de México.

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