Detenidas 25 personas relacionadas con el cartel de la Familia Michoacana por la emboscada a 13 policías en el Estado de México

La Fiscalía General del Estado de México ha anunciado este martes las primeras detenciones por la salvaje emboscada que sufrieron el pasado jueves 13 policías en una carretera en Coatepec Harinas, en el Estado de México. Las autoridades han informado que han arrestado a 25 personas, presuntamente relacionadas con el cartel de la Familia Michoacana, que trabajaban para los tres individuos que ordenaron la masacre de los agentes. La Fiscalía ha identificado a Alberto Romero Pérez, alias Macrina, Silverio Martínez Hernández, conocido como Fierros, y a Gilberto Misael Ortiz Trujillo, señalado como Barbas, miembros de este cartel, como los organizadores de la emboscada, y ha ofrecido una recompensa de 500.000 pesos (unos 25.000 dólares) por cada uno de ellos.

La tarde del pasado 18 de marzo un grupo de 13 agentes —ocho policías estatales y cinco de investigación de la Fiscalía— cruzaban por el pueblo de Llano Grande como parte de un operativo contra el narcotráfico en la zona. Esta localidad está situada en un área rural del Estado de México y limita con algunos de los puntos más calientes del país: Guerrero, Morelos y Michoacán. Un área de cultivo de marihuana y tráfico de cocaína, según las autoridades.

Allí fueron acribillados a ambos lados de la carretera. No sobrevivió ningún miembro del operativo. En el lugar de los hechos, ha informado hoy la Fiscalía, se encontraron 672 casquillos. Algunos de ellos, del calibre 2.23, fueron disparados por un arma que está relacionada con otros homicidios en Villa Victoria, muy cercana al Estado de Michoacán. Además, los agentes encontraron en la escena del crimen un arma larga vinculada a otros dos asesinatos de esta zona de Coatepec Harinas.

El brutal ataque, que terminó con los delincuentes apilando los cuerpos de los 13 policías en la carretera, puso en evidencia el poder de facto de los grupos criminales en la zona. Tras las reiteradas promesas de que la “cobarde emboscada” no iba a quedar impune, la Secretaría de Seguridad mexiquense puso en marcha un operativo conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, la Coordinación Nacional Antisecuestro y el Centro Nacional de Inteligencia, que cuenta con 500 agentes. Su objetivo: “Identificar a los probables partícipes de estos hechos, así como los lugares donde pudieran mantenerse ocultos”.

Al día siguiente de la masacre inició el llamado Operativo Rastrillo, en los municipios de Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras, Zacualpan, Ixtapan de la Sal y Tonatico, con 190 agentes. Son ellos quienes han llevado a la detención de 25 personas “investigadas por tener algún tipo de relación con los tres sujetos identificados como los probables partícipes de estos hechos”, según el comunicado de la Fiscalía estatal. Además, están siendo indagadas “por realizar actividades ilícitas para el grupo delictivo identificado como la Familia Michoacana” como robos, halconeos y distribución de droga.

México contó el año pasado más de 35.000 asesinatos, cifras similares al año anterior. El país atraviesa una crisis de violencia sin parangón desde hace ya 15 años, a raíz de la embestida del Estado contra los grupos criminales. Sin ser tan habituales como los enfrentamientos con el Ejército o la Marina, masacres de policías como esta han ocurrido en los últimos años. En 2019 tuvo lugar una masacre de ocho agentes estatales en un municipio cercano, en Almoloya de Alquisiras, a unos 30 kilómetros. También, en otros puntos del país. En octubre de 2019, por ejemplo, 13 policías federales fueron asesinados en Aguililla, Michoacán, territorio que sufre como pocos la violencia. Antes, en abril de 2015, un grupo armado acribilló a un convoy de la policía de Jalisco, 15 agentes murieron.

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