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López Obrador decreta la eliminación del fuero presidencial

El presidente de México podrá ser imputado y juzgado durante su mandato por todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado “cualquier ciudadano”

Karina Suárez
AMLO
Andrés Manuel López Obrador en las oficinas de Palacio Nacional el pasado 25 de enero.- (AFP)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha conquistado una de sus primeras promesas de campaña. El Ejecutivo publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución sobre la eliminación del fuero presidencial. Las modificaciones, avaladas previamente por las Cámaras de Diputados y Senadores así como por los Congresos estatales, contemplan que “durante el tiempo de su encargo, el presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado un ciudadano”.

Hasta ahora, el artículo 108 establece que el presidente solo puede ser juzgado durante el tiempo de su mandato por traición a la patria y delitos graves del orden común. Esta inmunidad procesal también es usada por otros funcionarios públicos, como senadores y diputados. El fuero se sustenta en el argumento de que durante su cargo, el mandatario y los legisladores son obligados a dedicarse a brindar atención al pueblo mexicano, por lo que no pueden ser enjuiciados o detenidos.

En la reforma al artículo 111 se especifica que para proceder penalmente contra el Ejecutivo habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores y en este supuesto, la Cámara resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Desde el inicio de su Gobierno López Obrador ha arremetido contra esta figura asociándola a su cruzada contra la corrupción y la impunidad, y después de casi dos años de dar vueltas en los pasillos legislativos, la eliminación del fuero presidencial será una realidad a partir de este sábado.

La iniciativa fue aprobada, con 89 votos a favor, por la Cámara Alta en noviembre pasado. Sin embargo, todavía la semana pasada los diputados de la oposición cargaron contra la reforma y la calificaron como una “simulación”. Mónica Bautista, diputada por el PRD, señaló que “mientras el procedimiento para fincar responsabilidades penales al presidente dependa de una mayoría en el Congreso y no sea una potestad de una fiscalía autónoma, el procedimiento penal en contra del presidente en funciones no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo”.

Saúl López Noriega, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), explicó que la reforma amplía el menú de delitos por el cual se puede acusar al presidente penalmente. No obstante, advirtió de que sigue habiendo un requisito para quitarle esa protección procesal que es que lo apruebe una mayoría en el Senado. “Políticamente es muy difícil encontrar un escenario donde se pueda juntar la mayoría de dos terceras partes”, dijo.

El especialista en temas judiciales señaló que pese a que en el imaginario político el fuero se ha vinculado en una especie de protección para la impunidad de la clase política es una figura creada para evitar que el derecho penal sea utilizado como una “arma política” para amedrentar, amenazar o cohibir a un gobernante o funcionario. Además, detalló que el que un gobernante o funcionario tenga fuero no implica que las acusaciones en su contra desaparezcan si no solo se detienen mientras está en el cargo y se retoman una vez que la persona deja de ser un servidor público.

López Noriega añadió que aunque la modificación al artículo 108 establece que el presidente podrá ser enjuiciado como cualquier ciudadano, el artículo 111 mantiene como requisito que dicha acusación debe tener el aval de dos terceras partes del Senado, una prerrogativa con la que no cuenta el resto de las personas. “El candado de protección política sigue”, zanjó. Para el experto, más allá de la posibilidad de que se pueda quitar la protección procesal al presidente, la prioridad más apremiante de la justicia mexicana debe ser el fortalecimiento de las fiscalías del país.

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Sobre la firma

Karina Suárez
Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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