López Obrador y su Gobierno evitan legislar sobre el aborto

El sistema político federal de México hace muy difícil, casi imposible, que en este país se viva una situación como la argentina, donde se ha legislado sobre el aborto con los mismos criterios para toda la nación. Muy al contrario, las mujeres mexicanas no tienen los mismos derechos en función del Estado en que residan. Solo dos, Ciudad de México y Oaxaca, cuentan con servicios de aborto libre y gratuito hasta la semana 12 de gestación, es decir, una ley de plazos donde no hay que señalar motivo alguno para solicitar la intervención. La capital lo aprobó en 2007 y Oaxaca, el año pasado. La Ciudad de México ya tiene estadísticas para interpretar los deseos de las mujeres a este respecto, puesto que desde aquel año se han producido alrededor de 210.000 abortos en sus centros médicos. Y una cosa queda clara: desde los Estados colindantes viajan a la capital para someterse a esta intervención y también decenas de mujeres, violadas o no, se desplazan desde Veracruz, por ejemplo, para interrumpir su embarazo en la Ciudad de México. Los pañuelos verdes siguen ondeando en México.

La llegada al poder en 2018 de un Gobierno que se considera de izquierdas, el de Andrés Manuel López Obrador, no ha significado gran cosa en este asunto. El presidente no suele tocar ese tema, pero se ha pronunciado en alguna ocasión a demanda de los periodistas sobre la despenalización del aborto: “Que no hable de ello no quiere decir que nos opongamos a que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios que ocurrirán cuando haya condiciones en la sociedad”, dijo a finales del año pasado. Pero es un tema que no quiere abordar para “no provocar enfrentamientos” porque, según el presidente, ya hay otras reformas que están siendo polémicas. Considera que las feministas tienen en esto una postura “avanzada, progresista que respeta”. Hasta ahí. Mucho habría de cambiar el presidente para que durante su mandato se abordara este asunto. Tampoco su secretaria de Gobernación, la feminista Olga Sánchez Cordero, se ha manifestado en pro del aborto. “Yo no estoy a favor del aborto, pero lo que no quiero y va mi vida de por medio, es que a las mujeres se las penalice con 30 años de cárcel”, ha dicho en algún video.

En todos los códigos penales de los Estados mexicanos se tolera el aborto en caso de violación. Y además, cada entidad añade otros supuestos, como el peligro para la salud o la vida de la madre, malformaciones fetales, etcétera. Pero en la práctica, abortar en muchas zonas de México no es fácil y algunas mujeres son obligadas en los centros médicos a confesar que se provocaron un aborto e incluso son denunciadas, luego revictimizadas. México está a la cabeza de la OCDE en embarazos adolescentes con 77 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. El Gobierno tiene en marcha una Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que trata de reducir los 340.000 nacimientos anuales entre menores de 19 años. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha afirmado en varias ocasiones que los embarazos de niñas deben ser considerados violación.

A falta de una regulación nacional, México va remendando como puede un derecho que es dispar en su territorio. Cuentan para ello con la Ley General de Víctimas, nacional, que garantiza la interrupción del embarazo cuando ha sido fruto de un delito, y para demostrarlo le basta la palabra de la mujer. En algunos Estados les obligan a presentar una denuncia de la violación, por ejemplo, un terreno espinoso en México, donde las denuncias no son sencillas. También se recurre a la Norma Oficial Mexicana conocida popularmente como NOM 046. Y a la Ley General de Salud, también nacional, que aporta seguridad ante los abortos porque garantiza su prestación si está en riesgo la salud de la madre, tanto física como emocional y social, de acuerdo con la OMS. Las sentencias de la Corte Suprema han avalado la prevalencia de estas normas sobre las restricciones estatales, lo que ha ido proporcionando jurisprudencia a favor del derecho al aborto.

En 2007, cuando la capital aprobó su ley de plazos, muchos Estados reaccionaron en contra e incluyeron salvaguardas en sus Constituciones en las que se garantizaba la vida desde el momento de la concepción. “No hay por qué entender eso como una prohibición del aborto, que en los códigos penales sigue permitido”, dice Rebeca Ramos, directora de la organización mexicana Gire, que defiende el derecho a la libre interrupción del embarazo. Pero lo cierto es que muchos lo interpretaron así y el miedo, o al menos el rechazo, cundió entre el personal médico, que en algunos Estados se declaraban objetores de conciencia sin fisuras, como en Aguascalientes. Esto también dio lugar a una sentencia de la Corte que obligaba a proveer este servicio por encima de la voluntad de los médicos. Pero para que eso ocurra, finalmente, miles de mujeres, las que pueden, son impelidas a viajar hasta la capital. La objeción de conciencia está regulada en México y es un derecho que solo asiste al que practica el aborto, los camilleros, por ejemplo, no pueden acogerse a él.

“Muchos médicos exigen que una autoridad les dé permiso antes de practicar un aborto. Desde Gire hemos acompañado varios casos donde hemos constatado cómo los servicios de salud se niegan a interrumpir el embarazo aunque esté permitido por ley”, asegura Ramos. En todo el proceso también interfieren otros elementos de corte religioso que trasladan a las jóvenes embarazadas a centros donde finalmente no se les permitirá interrumpir la gestación. “El acceso está regulado en México, pero hay muchos pendientes todavía, sobre todo con los servicios de salud. En Oaxaca, por ejemplo, que ya está aprobada una ley de plazos aún no ha empezado a aplicarse”, se queja Ramos.

Entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna en el mundo puede atribuirse a los abortos inseguros, una práctica común en Latinoamérica. México no es una excepción. Los abortos inseguros son los que se producen sin las mínimas garantías sanitarias, lo que pone en peligro la vida de la embarazada. En África y Latinoamérica, tres de cada cuatro interrupciones de la gestación son inseguras y millones de mujeres en todo el mundo llegan desangradas a los hospitales, donde pueden sumar a su desgracia una denuncia, que en muchos países acaba en tremendas penas de cárcel.

Hoy, cuando las feministas argentinas han puesto a circular antiguas fotos de 1984, apenas recuperada la democracia en aquel país, cabe recordar que en México, el debate sobre la despenalización del aborto comenzó en 1936. Y 84 años después, no puede decirse que la República cuente con leyes que garanticen los mismos derechos para todas las mujeres. Todavía se encuentran diferencias en función de dónde viven, de su cultura y su economía. Hay abortos clandestinos, pero no todos son inseguros, quien tiene dinero salva las restricciones con un equipo sanitario apropiado. Las que no, ponen en peligro sus vidas.