La tensión entre las autoridades y grupos feministas escala en Ciudad de México

Los altercados callejeros y la ocupación de instituciones que están sufriendo estos días el Gobierno federal y el de la capital de México por parte de los grupos feministas más combativos han acabado en un contraataque por parte de los poderes públicos que se ha concretado este lunes en varias acusaciones. La jefa del Gobierno local, Claudia Sheinbaum, compareció ante la prensa para desenmascarar a la persona que, según ha dicho, financia la toma de la sede de la Comisión de Derechos Humanos, en la que aún permanecen encerradas un puñado de activistas. Desde la Secretaría de Gobernación han acusado a las más radicalizadas entre ellas de estar cobrando a sus compañeras, víctimas también, hasta 3.000 pesos por acercarlas hasta servicios de asesoramiento que presta el Gobierno de forma gratuita. El hartazgo parece haber cundido en las dos partes y el enfrentamiento en las marchas a favor del aborto, convocadas este lunes, entre manifestantes y policías se intensificó en las calles del centro de la capital.

La protesta de grupos feministas, cuyas integrantes han sacado los pañuelos verdes y se han enfrentado a la policía que las impedía avanzar, ha registrado agentes heridas, fogatas, destrozos y lanzamiento de botes de humo. Como en otras ocasiones, estas marchas, protagonizadas por jóvenes envalentonadas que visten de negro y cubren sus caras, han acabado en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad y contra los hombres de los medios de comunicación que cubren la manifestación. Desde hace días hay concentraciones frente al Palacio Nacional de víctimas de violencia de género y sigue ocupada por estos mismos colectivos la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.

En vista de todo ello, representantes del Gobierno local y nacional han salido este lunes al contraataque. La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, ha acusado a María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Recursos Humanos de la empresa de subcontratas Gin Group, de financiar a las activistas que tienen tomada la CNDH, donde aún permanece una decena de feministas. Sheinbaum ha dicho que Gasca Acevedo es una mujer de “altos recursos económicos” a la que se ha visto repartiendo víveres desde un coche de lujo para la manutención de las encerradas, y la ha acusado de facilitar la subasta de los cuadros intervenidos en dicha institución.

En la rueda de prensa mensual ofrecida por Gobernación, la directora de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez, también ha acusado a algunos de estos colectivos feministas de cobrar a víctimas de violencia de género por acudir a los servicios que presta esta unidad, del todo gratuitos.

Señalada por Sheinbaum, Gasca Acevedo ha sido inmediatamente apartada de sus funciones en la empresa, que se ha deslindado del apoyo que ha prestado a los grupos de ocupación. La represaliada también ha publicado una carta en la que reconoce que ha llevado víveres a las feministas y ha reclamado la intervención de las administraciones a todos los niveles para erradicar la violencia contra las mujeres, demandas “legítimas e impostergables”. No ha querido responder a la llamada telefónica de este periódico, pero en su nota desvincula a la empresa de su activismo feminista. “Mi trabajo y mi desempeño profesional y mis logros profesionales no tienen que ver con mis convicciones como mujer, con mi lucha feminista ni con mi empatía hacia las madres de los desaparecidos”.

Sheinbaum ha mencionado también que Gin Group tiene entre sus empleados a dos antiguos altos cargos del Gobierno de Enrique Peña Nieto, como Javier Treviño Cantú, que fue subsecretario de Educación, y Rolando Zubirán Robert, a la sazón director general de Sectores Estratégicos. La jefa de Gobierno se ha preguntado por los vínculos entre esta empresa y las últimas protestas feministas. Asimismo, ha señalado que dicha compañía de outsourcing está denunciada por la venta de facturas falsas y evasión de impuestos.

La Ciudad de México es uno de los pocos Estados del país que tiene legalizado el aborto, pero algunas concentraciones frente al Palacio Nacional han calentado estos días el ambiente, convulso ya desde la ocupación de la sede de la CNDH a primeros de septiembre, una iniciativa que ha reventado la unidad de algunos colectivos que la protagonizaron. Las integrantes de Ni Una Menos acabaron por abandonar la sede días después tras su enfrentamientos con Bloque Negro, el colectivo de encapuchadas donde también ha habido fuertes fisuras internas.

Esta mañana, la directora de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez, ha acusado a alguna de estas feministas de cobrar hasta 3.000 pesos a otras mujeres que también han sido víctimas de violencia de género por encauzarlas hacia los servicios que presta el Gobierno de forma gratuita o por hacer ruido para que sus casos ganen visibilidad mediática. La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia se creó el año pasado en el seno de la Secretaría de Gobernación para asesorar y acompañar sin coste alguno a las víctimas en su recorrido judicial. “Sabemos que algunas de esas mujeres que les cobraron dinero estuvieron adentro de la sede de la CNDH y son las mismas que han ocupado hoy la caseta de cobro de Tlalpan. Fuimos conscientes de que les pedían dinero porque algunas de las víctimas se desahogaron con nosotros cuando las atendimos y nos dijeron que no sabían cómo iban a poder pagarlas, algunas están muy amenazadas y asustadas. Nos rompe el corazón que unas víctimas extorsionen a otras”, ha dicho Téllez a este periódico.

La Unidad que dirige Téllez está atendiendo estos días casos antiguos, desde 2016, en los que algunas víctimas no habían tenido siquiera acceso a la investigación que se sigue en sus causas judiciales. “Aquí escuchamos a todo el mundo, es fácil, se pide cita y se les escucha. El jueves pasado estuve seis horas escuchando a muchas víctimas. No es verdad que tengan que recurrir a la violencia para ello. Yo no les limito su forma de expresión, pero creo que hay cosas innecesarias”, ha dicho Téllez en referencia a algunos episodios de violencia. “En estas reuniones se percibe con claridad quienes vienen a que les atiendan y quienes a dar la nota. Estamos ayudando a gente que desde hace años no había sido atendida por ninguna autoridad a ningún nivel”, ha añadido.

Por su parte, la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Conavim, ha dado alojamiento en su red de refugio a unas 60 personas de las que tomaron la CNDH. Su presidenta, Fabiola Alanís, ha dicho que las reclamaciones de estas activistas ya estaban todas atendidas hacía tiempo y que el caso de la liberación de la estudiante Tania Elis, que también pidieron, se ha solucionado con éxito. La muchacha ya está en libertad. “Ha sido un caso muy emotivo”.