La Función Pública avanza en tres investigaciones por malversación en la Policía Federal de Peña Nieto

La Secretaría de la Función Pública, ente gubernamental de fiscalización en México, mantiene activas tres investigaciones por el uso que hizo la Policía Federal del presupuesto de seguridad nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). En respuesta a una solicitud de información de EL PAÍS, la dependencia ha informado de que las tres se abrieron en 2019, ya bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La de la Función Pública no es la única indagatoria por presunta malversación en la Policía Federal. La fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda también analizan el uso que hizo la corporación de esta partida del presupuesto en los años de Peña Nieto.

La fiscalía ya ha concretado sus pesquisas en órdenes de captura. La agencia investigadora busca a 18 antiguos funcionarios de la Policía Federal por un delito de delincuencia organizada, relacionado con el desvío de cientos de millones de pesos del presupuesto. Ya detuvo a uno hace unos días. Se trata de Eleuterio Pérez Enríquez, jefe de departamento en el área de coordinación y administración de servicios de la Secretaría de Gobernación. Durante el Gobierno de Peña Nieto, la Policía Federal y los servicios de inteligencia y administración de cárceles funcionaron bajo el ala de Gobernación. Ajeno de momento al escándalo de Emilio Lozoya, el titular de Gobernación de entonces, Miguel Ángel Osorio Chong, observa las novedades desde el Senado. Osorio es el coordinador de bancada del PRI en la cámara.

Entre julio y agosto de 2019, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, criticaron que la Policía Federal había sido un nido de corrupción. Ocurrió durante el proceso de liquidación de la dependencia y el advenimiento del cuerpo de seguridad impulsado por la nueva Administración, la Guardia Nacional. Más concreto que López Obrador, Durazo señaló la compra de un sistema de inteligencia a una empresa israelí por casi 2.500 millones de pesos, unos 140 millones de dólares de la época.

El origen de las órdenes de captura de la fiscalía contras los exfuncionarios es por la compra del software israelí. Aunque lo cierto es que hay muchos señalamientos de irregularidades contra la Policía Federal, sobre todo por el uso de la partida presupuestaria de gastos de seguridad pública y nacional. El software representa una pequeña parte de lo que gastó la Policía Federal en gastos de seguridad pública y nacional durante el sexenio pasado.

En la respuesta de la solicitud de información a la Función Pública, la dependencia ha detallado que dos de las tres investigaciones que mantiene abiertas dependen del Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional. Esto es, la célula de fiscalización que mantiene en la nueva dependencia la Secretaría de la Función Pública. La otra avanza en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la dependencia.

El papel actual de la Función Pública en las indagatorias resulta importante. Durante el sexenio de Peña Nieto, las críticas a la Secretaría por su espíritu complaciente con el poder la dejaron en mal lugar. El caso más evidente fue la investigación por conflicto de intereses en el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto. O la casa de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ambas indagatorias quedaron en nada. También en este Gobierno se ha criticado a la Función Publica, después de que la dependencia exonerara al responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de una acusación de conflicto de intereses.

Una fuente de la Secretaría explica que en el caso de la Policía Federal, la capacidad de la dependencia de investigar a la corporación ha mejorado. Por un cambio en la Ley de la Administración Pública Federal, los órganos internos de control dependen ahora orgánicamente de la Función Pública y no de la dependencia que investigan, como ocurría antes.

La Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda también tienen en la mira a la Policía Federal y los gastos de seguridad pública y nacional. En 2019, la auditoría publicó un informe sobre el uso de esta partida por parte de la corporación en 2018, el último año del Gobierno de Peña Nieto. Analizaron cheques, convenios y contratos por valor de 2.000 millones de pesos. Y concluyeron que en al menos 1.500 millones de esos 2.000, su uso no estaba demasiado claro. La Auditoria aún no ha presentado denuncias ante la fiscalía por este asunto. La pandemia ha alargado los tiempos de trabajo de la institución, que todavía espera “aclaraciones” por parte de los liquidadores de la Policía Federal.

La partida presupuestaria de gastos de seguridad pública y nacional radica en la parte central de las indagatorias. Durante los años de Peña Nieto, el Gobierno empleó más de 52.000 millones de pesos con cargo a esta partida. Principalmente Gobernación y dentro de Gobernación, la Policía Federal. El CISEN, el centro de inteligencia de los últimos gobiernos, además del órgano que administra las prisiones federales también gastaron miles de millones de pesos en los años de Peña Nieto. Fuera de Gobernación, la extinta Procuraduría General de la República, hoy fiscalía, y la Armada gastaron 7.900 y 6.100 millones de pesos, respectivamente.

De entre los 18 exfuncionarios fugitivos de la Policía Federal destacan Jesús Orta, primer jefe de policía de la capital de la morenista Claudia Sheinbaum; y Frida Martínez, secretaría general de la Policía Federal, muy cercana a Osorio Chong. Sorprende la ausencia en la lista del oficial mayor de Gobernación, Jorge Márquez. Preguntados por el uso de esta partida en la Policía Federal, antiguos funcionarios de los escalones más elevados de Gobernación durante el Gobierno de Peña han dicho a este diario que allí todo el dinero lo movía Márquez.