La Fiscalía mexicana apunta a la Policía Federal de Peña Nieto

La Fiscalía mexicana busca a 19 mandos de la Policía Federal de los años del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por un delito de delincuencia organizada, relacionado con el desvío de miles de millones de pesos. La investigación de la Fiscalía nace de una denuncia de la actual Administración sobre las acciones de la corporación durante el sexenio anterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió desmantelar la Policía Federal cuando llegó al poder en diciembre de 2018 y apostar por un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional.

Entre los 19 aparece el primer jefe de la policía de Ciudad de México, Jesús Orta, que fue secretario general de la Policía Federal entre 2012 y 2014. También figura Frida Martínez, sucesora de Orta en la secretaría general de la corporación. Martínez es una persona muy cercada al poderoso secretario de Gobernación con Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Bajo su ala, Chong controlaba la federal, además del órgano que controla las cárceles federales y los servicios de inteligencia. Este martes, medios locales han informado de la detención de uno de los 19. Se trata de Eleuterio Pérez, que durante los últimos dos sexenios estuvo en la Policía Federal y Gobernación, en áreas de control y administración de recursos.

En un informe que rindió al Senado el año pasado en el proceso de transición a la Guardia Nacional, la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó de que los entes fiscalizadores del Estado habían encontrado irregularidades en la gestión de la Policía Federal. Tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación señalaron posibles “peculados”, malversaciones por un mínimo de 2.000 millones de pesos, algo menos de 100 millones de dólares.

En el documento, Seguridad y Protección Ciudadana señala específicamente una partida del presupuesto, los Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Se trata de un rubro de naturaleza reservada, poco transparente para los auditores. En teoría, los Gastos de Seguridad Pública y Nacional deben usarse para investigaciones, acciones y actividades cuya realización implique riesgo, urgencia o confidencialidad. Pero la sospecha es que altos funcionarios de las dependencias de seguridad del gobierno anterior hicieron un uso indiscriminado de esta partida.

En julio, EL PAÍS informó de que la Fiscalía investigaba a funcionarios de la anterior administración de la agencia investigadora, por la presunta malversación de fondos precisamente de esta partida. Era una cantidad pequeña, 100 millones de pesos, poco menos de ocho millones de dólares de la época, pero que ilustraba la opacidad en la justificación del uso de la partida.

Durante los años de Peña Nieto, todas las dependencias de seguridad -Ejército, Armada, servicios de inteligencia, Policía federal, Fiscalía- accedieron a fondos para seguridad pública y nacional. En seis años, el Gobierno gastó más de 50.000 millones de pesos con cargo a esta partida, principalmente la Policía Federal.

Cuestionada al respecto la Función Pública no ha querido dar detalles de los gastos concretos sobre los que se ha puesto la lupa. En su último informe de fiscalización, de 2019, la dependencia señalaba que “el Órgano Interno de Control en Policía Federal realizó auditoría para revisar la comprobación del gasto de 2012 a 2018, de recursos con cargo a la partida “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, observándose que existía falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”. Pese a lo anterior, la secretaría señaló la posible malversación de 15 millones de pesos. Algo ha pasado entre ese informe y la denuncia de la Seguridad y Protección Ciudadana, porque las cantidades que se manejan ahora son infinitamente superiores.

La Auditoría Superior de la Federación también ha fiscalizado el uso de esta partida por parte de la Policía Federal. En febrero de este año, la agencia divulgó el resultado del análisis sobre el gasto en seguridad pública y nacional de la Policía Federal en 2018. Los auditores examinaron cuatro contratos, un convenio y varios cheques. Todo por valor de 2.031 millones de pesos, prácticamente dos tercios del total que gastó la dependencia con cargo a la partida de seguridad pública y nacional ese año. La conclusión preliminar de los auditores es que al menos 1.532 millones de pesos de los 2.031 analizados no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.