Interpol busca a ‘Billy’ Álvarez, el rey del cemento mexicano

El rey del cemento es un prófugo de la justicia mexicana. Las autoridades de México han solicitado la colaboración de la Organización Internacional de la Policía Internacional (Interpol) para localizar y detener a Guillermo Billy Álvarez sobre quien pesa una orden de arresto por delincuencia organizada y lavado de dinero. Álvarez fue el líder por más de 30 años de la Cooperativa Cruz Azul, un conglomerado que incluye una de las principales cementeras mexicanas, un club de fútbol, servicios financieros y de hostelería.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Álvarez en mayo pasado tras una investigación de la Fiscalía mexicana para indagar el uso de dinero de la cooperativa para destinarlo a servicios de consultoría de empresas que habían sido señaladas por el fisco mexicano por realizar operaciones simuladas. Las autoridades mexicanas han detectado operaciones irregulares por 1.200 millones de pesos (unos 54 millones de dólares). En los primeros meses de 2020, el Consejo de Administración de la cooperativa presentó la denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Ciudad de México y buscaban que Álvarez se apartara de la empresa y afrontara las consecuencias legales.

El pasado 30 de julio, la Fiscalía General de la República ordenó la detención de Álvarez tras detectar un desvío de recursos a través de un esquema de pagos a empresas fantasma. Dentro de la empresa, un grupo de cooperativistas había denunciado una mala administración del dinero durante años. El 1 de agosto se filtró una supuesta carta de renuncia de Álvarez dirigida a los cooperativistas. El sector de apoyo de Álvarez desdeñó las acusaciones y le dieron un espaldarazo a su líder. Este jueves, el diario Milenio informó de la petición de la Fiscalía mexicana para localizar a Álvarez en 195 países. Las autoridades mexicanas también buscan a Víctor Manuel Garcés y Miguel Eduardo Borrell, exdirectores jurídicos de la cooperativa; Mario Sánchez, director financiero y Ángel Martín, abogado.

Uno de los testigos clave en el proceso ha sido Alfredo Álvarez, hermano de Billy, quien también está bajo investigación. Ambos se disputaron el control de la cementera en 2009. Durante la contienda Alfredo relevó el esquema de desvío de dinero de la cooperativa a paraísos fiscales y por eso fue suspendido por siete años. Después volvió a enrolarse a la sociedad al regresar a la directiva del equipo de fútbol. Ante las nuevas acusaciones testificó en contra de su hermano ante la Fiscalía y aseguró que el club de fútbol Cruz Azul había contratado a al menos cuatro futbolistas a sobreprecio.

Desde los despachos de la Liga mexicana han seguido de cerca el caso debido a que Guillermo Álvarez fungía como el directivo del equipo Cruz Azul. Según los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol, un club o un miembro puede ser desafiliado en caso de que incurran en actos delictivos. La Liga mexicana ha insistido en que no hay un proceso para vetar al club y que tomarán una decisión con base en lo que concluyan las autoridades. En noviembre pasado, el fútbol mexicano firmó un convenio con la UIF para combatir el lavado de dinero, luego de que las autoridades de Hacienda informaran de sus investigaciones a los equipos mexicanos. Los futbolistas de Cruz Azul han mandado mensajes de apoyo a Álvarez en sus últimos partidos.

La caída de Billy Álvarez ha ahondado en las grietas de la cooperativa: los que defienden a su añejo patrón han protestado en varias ocasiones frente a Palacio Nacional, sede del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador; los que defienden el Consejo de Administración han librado su batalla legal y han demostrado la opacidad en la gestión dentro de la Cooperativa Cruz Azul. Hace un par de días, ambos grupos chocaron en una riña fuera de una de las principales fábricas en el Estado de Hidalgo.

La Cooperativa Cruz Azul había sido un caso de éxito: de las fábricas de cemento lograron edificar un consorcio diversificado en 27 empresas distintas. Guillermo Álvarez asumió el puesto de director general en 1988, una década después de que su padre falleciera. Desde ese momento se ha perpetuado en el cargo pese a que en 2011 un tribunal en materia civil había determinado que la figura prevista por la Ley General de Sociedades Cooperativas y debía estar supeditada al Consejo de Administración. Álvarez puede enfrentar una condena de 20 a 40 años de prisión.