La negligente investigación a un policía por abusar de una niña de 10 años en Puerto Vallarta aboca el caso a la impunidad

Una cadena de errores judiciales en Puerto Vallarta (Jalisco) recuerda de nuevo estos días la impunidad que reina en México. Un juez que no imputa por corrupción de menores a un policía acusado de abusar de una niña de 10 años porque la víctima “no sintió placer”. Una fiscalía que no conoce las reglas penales de su Estado. Puerto Vallarta, paraíso tropical de aguas cristalinas que todo extranjero quiere conocer, también guarda los capítulos más sórdidos: es uno de los principales focos de abuso sexual infantil y trata de personas en el país, según varias organizaciones. Los delitos sexuales contra menores en este municipio de algo más de 200.000 habitantes han aumentado el primer semestre de este año un 15% respecto al mismo periodo de 2019. La inoperancia de las autoridades en el caso de esta niña, abusada el mes pasado por el director general de Recursos Humanos de la policía de Puerto Vallarta, Luis Alonso, ha sido la gota que ha colmado el vaso de una situación que llevan denunciando diferentes organizaciones desde hace años y por la que se han movilizado cientos de personas los últimos días para que no quede impune. El juez, que ejercía en un centro especializado de atención a mujeres víctimas, ha sido suspendido de su cargo y su cuentas han quedado confiscadas.

Para Sandra Quiñones, abogada de la víctima y afincada en este municipio, Vallarta tiene dos caras. Por un lado está la amable, la lujosa, las montañas, las playas, los ríos, la segura, donde la policía no le quita ojo a las sandalias y las toallas del americano ebrio. Por otro lado está la cocinera, la empleada del hotel, o la mesera, que reciben al turista con una sonrisa pero tienen que lidiar con una fiscalía que no inicia las investigaciones sobre la desaparición de su hija, con una patrulla que no llega cuando te están agrediendo o con los trámites interminables cuando hay que presentar una denuncia. “Es paradójico que se hagan todos los esfuerzos para promover el turismo a nivel internacional pero se invisibilice la problemática del día a día, de las personas que seguimos aquí. Unos problemas metidos bajo el tapete para que el mundo no se de cuenta de lo que sucede”, lamenta Quiñones.

En Jalisco delinquir sale prácticamente gratis. Los niveles de impunidad son los más altos de todo el país, alcanzando una cifra del 99,3%, según una investigación de México Evalúa de 2017. Según el Colectivo de Mujeres de Puerto Vallarta, el municipio lleva siendo durante años uno de los lugares donde más denuncias se dan de abuso sexual infantil en Jalisco. En el primer semestre de este año se han abierto 67 carpetas por esta causa, una cada tres días, según datos de la fiscalía. Organizaciones expertas en la materia aseguran que en este municipio por cada denuncia de abuso a menores hay nueve que no se realizan. Alejandra Maritza una de las coordinadoras de Cladem, una organización centrada en los derechos de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, explica la problemática. “En Puerto Vallarta la trata y el abuso sexual son un problema. Por eso es muy grave lo que está pasando. Esto al final se hace público porque es un funcionario, que directamente trabajaba en la policía, pero imagina cuántos casos hay detrás”, sostiene.

El pasado 26 de julio, Luis Alonso acechaba a su víctima, igual que un par de días antes, en una colonia en Puerto Vallarta, según los testimonios de la afectada. El funcionario secuestró a una chica de apenas 10 años y la subió en su carro. Le ofreció dinero, le quitó la ropa y abusó de ella. Minutos después, una patrulla de policías llegó al lugar y tras ver a Alonso en una actitud sospechosa, tapando la parte trasera del coche, descubrieron a la menor. La recogió su padre.

Los errores comienzan con los agentes ministeriales que arribaron al lugar. Ni un solo testimonio de vecinos, ni del padre de la víctima. No le retienen el celular al presunto pederasta en busca de pruebas, ni exigen que se revise su ropa una vez en el penal en busca de fluidos, asegura Quiñones, abogada de la menor. “No solo hubo una mala integración de la investigación sino una mala imputación. El agresor era parte del Estado y parece que con esta serie de acciones el Estado lo que busca es proteger a los agresores, no defender a las niñas”, argumenta Quiñones.

Otro de los errores del ministerio público fue cuando trataron de vincular a proceso a Luis Alonso. La Suprema Corte de Justicia estableció en 2016 que es ilegal imputar a una persona por dos delitos ya establecidos en el Código Penal. Esto pasa con la corrupción de menores y el abuso sexual infantil, ambos tipificados en el artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco. El error, en palabras de la abogada, fue garrafal. “Pareciera que el ministerio público, lejos de estar actualizado sobre el código penal, hizo exactamente lo que la Corte ya había dicho que era ilegal, la doble imputación. Por lo tanto, el juez cuando ve que la imputación era de estos dos artículos tuvo que quitarle el agravante de corrupción de menores”, expone Quiñones. La abogada de Justicia Pro Persona, Katherine Mendoza, explica que desde el principio debieron vincular a proceso a Luis Alonso por todos los delitos de una vez. “En derecho penal se llama concurso de delitos, algo que implica que con un mismo proceder tú cometes varias conductas que pueden ser tipificadas en diferentes delitos penales”, afirma.

La indignación con este caso no llegó a las calles de Vallarta y a redes sociales solo por este cúmulo de errores. El juez encargado del suceso, Jorge Luis Solís, pertenecía al Centro de Justicia por las Mujeres, un órgano donde sus integrantes supuestamente están especializados en violencia contra la mujer y en dictar sentencias con perspectiva de género. El magistrado argumentó en la audiencia que no podía incorporar el agravante de corrupción de menores al acusado, además de por el error ministerial, porque la joven “no sintió placer durante los abusos”, por lo que Luis Alonso “no llegó a corromperla”. Guadalupe Ramos, también coordinadora de Cladem, expresa su indignación por vía telefónica. “El argumento es terrible, machista, misógino. Esto es muy grave porque traslada los elementos de configuración del delito a la víctima. ¿A qué se refiere, a que si la menor hubiera sentido placer durante el abuso entonces sí la habría protegido?

Después de una gran presión mediática y de diferentes manifestaciones por el municipio costero, el juez Solís fue apartado de su cargo este domingo y las autoridades de Jalisco comenzaron una investigación en su contra. También le han congelado las cuentas bancarias tanto a él como al acusado.

Ramos admite que las palabras del juez a cargo del caso fueron muy desafortunadas, pero recalca que el principal problema reside en las equivocaciones durante la investigación. “Todas esas omisiones nos hacen pensar que desde la propia fiscalía hay una intencionalidad en que el delito no estuviera bien configurado y por ello hubiera una carpeta de investigación débil para acusar a este señor”, afirma. La activista lamenta que desde el Estado se hayan manifestado públicamente altos cargos e incluso el Gobernador Enrique Alfaro, pero que ninguno de ellos ha señalado a la fiscalía, solo al juez en cuestión.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha condenado los abusos haciendo hincapié en que es especialmente grave que vengan de servidores públicos. En palabras de Eduardo Sosa, coordinador de la organización, “resulta condenable que quienes están encargados de tutelar los derechos de los demás sean señalados por hechos tan graves”. Las consecuencias de este tipo de violencia, prosigue Sosa, tienen un efecto devastador en la víctima y en su familia causando un daño irreparable. “Es de las violencias más severas que existen”, zanja.

Según cuenta la abogada Quiñones entre suspiros, la fiscalía tiene ahora tres meses para imputar al exfuncionario vallartense. Un trabajo contrarreloj pero al que intentarán añadir varios cargos, como secuestro y de nuevo la corrupción de menores. A pesar del escándalo mediático y de la disposición de la fiscalía, Quiñones sabe que cualquier error puede desembocar en la libertad de Luis Alonso. La reforma de la ley penal de 2008 establece que los delitos que no son graves y que la media aritmética no sea mayor a cinco años, pueden obtener la suspensión provisional del proceso. Con esta suspensión el acusado puede presentar un programa de reparación de daño a la víctima y salir de prisión con diferentes condiciones como trabajo comunitario, pagar los daños causados a la joven, no salir del Estado y no acercarse a la menor, entre otros. “Estamos presionando y seguiremos presionando a la fiscalía para que se haga una investigación profesional y se le consigan imputar todos los cargos para que no quede en libertad”, concluye Quiñones.