La Fiscalía italiana pide seis años de cárcel a Salvini por impedir el desembarco de migrantes del barco español ‘Open Arms’

La Fiscalía de Palermo ha pedido este sábado seis años de cárcel para el líder ultraderechista de la Liga y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, por su actuación en agosto de 2019, cuando era ministro de Interior, en el incidente con el barco de rescate español Open Arms. Durante 19 días, impidió el desembarco de una nave con 147 migrantes a bordo, fondeados ante la isla de Lampedusa. Al final, en una situación crítica a bordo ―dos baños, todos durmiendo en el suelo, 13 perso...

La Fiscalía de Palermo ha pedido este sábado seis años de cárcel para el líder ultraderechista de la Liga y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, por su actuación en agosto de 2019, cuando era ministro de Interior, en el incidente con el barco de rescate español Open Arms. Durante 19 días, impidió el desembarco de una nave con 147 migrantes a bordo, fondeados ante la isla de Lampedusa. Al final, en una situación crítica a bordo ―dos baños, todos durmiendo en el suelo, 13 personas se habían arrojado al agua y 27 menores fueron evacuados―, intervino el fiscal de Agrigento, que ordenó que bajaran a tierra y abrió una investigación. Siguió un juicio en el que está acusado de secuestro de personas y abuso de poder, que ha durado tres años y ahora llega a su fin. La última audiencia, con el turno final de la defensa, será el 18 de octubre y luego llegará la sentencia, que puede ser recurrida.

Óscar Camps, el fundador de la ONG Open Arms, ha declarado que es “un día importante para la justicia italiana y europea”: “Lástima no poder estar aquí con las 147 personas que sufrieron de forma innecesaria ese secuestro. Estamos contentos con esta solicitud y nos emocionamos cuando los fiscales dedicaron su alegato a las personas rescatadas (...) Es un caso particular y único, sin precedentes, diferente de los procesos contra otras ONG; en este caso se impidió voluntaria y arbitrariamente el desembarco en Italia. Fue una decisión personal de Salvini, no fue una línea política del Gobierno”.

La Fiscalía ha argumentado que “en este proceso afrontamos el tema de los derechos del hombre, la vida, la salud y la libertad personal que prevalecen sobre el derecho a defender las fronteras”. El ministerio público ha acusado con dureza a Salvini de crear un “caos institucional con su inédita posición”. “Su estrategia fue plegar la norma a la política de puertos cerrados”, ha señalado. Añadiendo que el entonces responsable de Interior “era consciente de la ilegitimidad de sus actos”: “Tenía la obligación de conceder un puerto seguro y no lo hizo”. Además, ha pesado que había 32 menores a bordo, la mayoría finalmente evacuados al cabo de unos días: “Los menores son víctimas altamente vulnerables, no migrantes no identificados. Debían ser acogidos inmediatamente”. Y concluye: “La persona que está en el mar debe salvarse, y es irrelevante su clasificación: migrante, componente de una tripulación, pasajero”.

La primera ministra Georgia Meloni, que está siguiendo la misma línea de mano dura de Salvini y basándose en los mismos presupuestos, ha reaccionado agriamente a los pocos minutos: “Es increíble que un ministro se arriesgue a seis años de cárcel por haber hecho su trabajo defendiendo las fronteras de la nación, como le había pedido el mandato recibido de los ciudadanos. Transformar en un crimen el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente gravísimo. Mi total solidaridad”. En Italia se desencadenó de inmediato una tormenta política.

El líder de La Liga, que no ha acudido a la vista, se manifestó más tarde en redes sociales: “¿Seis años de cárcel por haber bloqueado los desembarcos y defendido Italia y los italianos? Locura. Defender Italia no es un delito y yo no abandono, ni ahora ni nunca”. Y añadió en un vídeo: “Me declaro culpable de haber defendido Italia y los italianos. Me declaro culpable de haber mantenido mi palabra”. En los días previos ya se mostró orgulloso de su actitud y dijo que lo volvería a hacer.

Salvini se halla en un momento de declive de su liderazgo, con La Liga en horas bajas, y está usando el proceso para hacer campaña política, presentarse como víctima y movilizar a su electorado. El partido ya ha anunciado movilizaciones las próximas dos semanas para apoyar a su líder, que ha recibido hoy el apoyo de Elon Musk. El magnate, que ya ha respaldado al mandatario de extrema derecha en el pasado, ha dicho que el fiscal está “loco” y que debería ser él quien entrara en la cárcel.

Más allá de Salvini, el proceso sienta en el banquillo toda una forma agresiva de afrontar la política de inmigración de la ultraderecha y el enfrentamiento con las ONG de rescate, que aún hoy sigue vigente. El episodio del Open Arms fue muy mediático en su día ―el actor Richard Gere acudió a apoyar a la tripulación―, simbolizó la ofensiva del Gobierno italiano contra la inmigración ilegal y evidenció las carencias de la UE para abordar el problema. Salvini, dentro de su drástica política al llegar al poder de cerrar los puertos a las ONG, mantuvo con el buque español el mayor pulso de los muchos que emprendió con estas organizaciones.

Aún está por ver en qué quedará este proceso. En Italia las penas no son firmes hasta la última instancia, la causa puede durar años y son frecuentes los vuelcos en las sentencias, lo que suele impedir que se asuman responsabilidades políticas hasta que no son definitivas. No obstante, una petición de cárcel para el vicepresidente del Gobierno es un duro golpe para la primera ministra, Giorgia Meloni, y además cuestiona la base de su política de inmigración, una de sus máximas prioridades.

Lo interesante del proceso es que debate una cuestión central de fondo que aún marca la actual política de Meloni. El fiscal ha enmarcado en su intervención final lo que está en juego: “El principio clave es el del socorro en mar, que viene de La Odisea, de tiempos ancestrales. Incluso durante la guerra, hay obligación de salvamento en el mar, confirmando la universalidad de los beneficiarios”. En aras de este principio, aquel verano de 2019 el barco de Open Arms desafió tanto al Gobierno español, que no le había dado los permisos para zarpar y realizar labores de rescate para evitar incidentes con Italia; como al italiano, que le había prohibido entrar en sus aguas territoriales tras haber auxiliado migrantes en sus primeras operaciones.

El núcleo de la defensa de Salvini y la clave del conflicto legal, es que alega que el bloqueo del Open Arms fue una decisión colectiva de todo el Gobierno de Giuseppe Conte, una alianza del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga. Es decir, sostiene que fue un acto político colegiado que no puede convertirse en un proceso a un solo individuo.

Sin embargo, los miembros del Ejecutivo que han pasado a declarar por el juicio, empezando por el propio Conte, lo han negado. Aseguran que todo fue decisión suya. En plena crisis, Elisabetta Trenta, exministra de Defensa, y Danilo Toninelli, de Infraestructuras, ambos del M5S y que habían firmado el primer decreto para prohibir el desembarco, se negaron a volverlo a hacer después de que fuera anulado por un tribunal italiano. Declararon en el juicio que Salvini actuó por su cuenta.

El episodio coincidió, además, con la caída del Gobierno italiano, precipitada por el propio Salvini, crecido entonces porque los sondeos daban a La Liga como primer partido y exigía elecciones. Es decir, ocurrió en un momento en el que se rompían puentes entre los dos socios del Ejecutivo y Salvini ejercía incluso como ministro en funciones, pero acelerando sus gestos propagandísticos. Como su oposición frontal al Open Arms, símbolo de su línea dura con la inmigración. Aunque luego la jugada le salió mal porque se formó un nuevo Ejecutivo sin su formación.

“Nos arriesgamos a que se haga política sobre la piel del que sufre”

En su defensa, Salvini también ha argumentado que a bordo del Open Arms podía haber terroristas, hipótesis descartada en el juicio por las fuerzas del orden. También ha dicho que el objetivo era forzar al resto de países europeos a que acordaran una distribución de los inmigrantes que querían desembarcar. Sobre esto, el fiscal ha sido claro: “No puede haber subordinación del respeto de los derechos humanos a la redistribución de migrantes. Primero se les hace bajar, pues a bordo estaban en una situación de riesgo; luego se reparten. Si no, nos arriesgamos a que se haga política sobre la piel del que sufre”.

El fiscal se ha extendido sobre el contexto político de los hechos para explicar lo sucedido y ha retratado a un Salvini empecinado en llevar a sus intereses a las últimas consecuencias, incluso por encima de la ley: “El Gobierno preveía sensibilizar a Europa para obtener una redistribución igualitaria de los migrantes y el ministro de Interior ha considerado que podría desequilibrar la unidad de medida de los bienes jurídicos en juego a favor de los puertos cerrados, como instrumento de defensa de las fronteras y de presión sobre los Estados miembros: ante el fracaso de ese sistema, se ha decidido luego no revisarlo, sino aventurarse en actos administrativamente ilegítimos y penalmente relevantes”.

La ofensiva del Gobierno de Conte contra la inmigración, dirigida por Salvini al frente del ministerio de Interior, comenzó en el verano de 2018, nada más sentarse el nuevo Ejecutivo. Se estrenó en junio con la sonada crisis del Aquarius, otro barco con más de 600 personas a bordo al que impidió el desembarco. Finalmente, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que también acababa de llegar al poder y quiso dar una señal de una política opuesta, aceptó acogerlo en el puerto de Valencia, aunque fue un gesto aislado. Al año siguiente ya impedía, de hecho, que el Open Arms saliera de nuevo al rescate en el Mediterráneo.

La crisis del Open Arms fue la última en el frente de la inmigración de ese Ejecutivo italiano, que cayó justo en esas semanas, en el verano de 2019. Después se formó otro con la entrada del Partido Democrático (PD), de centroizquierda, y luego siguió uno de unidad nacional con Mario Draghi. El triunfo de la coalición de ultraderecha de Giorgia Meloni en octubre de 2022 devolvió a Salvini al poder, como vicepresidente y ministro de Infraestructuras.

Desde entonces, ha vuelto la mano dura con la inmigración, pero Meloni ha sido más astuta y, evitando el choque frontal, ha desplegado una serie de normas que optan por hacer la vida imposible a las ONG. Por ejemplo, no pueden hacer más de un rescate y luego no se les permite ir al puerto más cercano, sino al que se les asigne y a menudo son enviadas a puntos en el norte del país a varios días de navegación. El principio en conflicto es el mismo del juicio a Salvini, si debe regir el derecho internacional que obliga a salvar a náufragos o la ley italiana. Las autoridades ya han bloqueado 25 naves por incumplir las normas italianas. La última, esta semana, la de Médicos Sin Fronteras, pero en este caso luego el juez suspendió la orden y la dejó en libertad. Por otro lado, Italia ha establecido acuerdos con Túnez, Libia y Egipto para que contengan e intercepten la inmigración antes de que llegue a Italia. De ese modo, tras un año aún complicado en 2023, en 2024 la llegada de inmigración irregular ha descendido un 61%.