La justicia de Marruecos rechaza el último recurso para excarcelar a dos periodistas críticos con el poder

La Corte de Casación, el más alto tribunal de Marruecos, ha rechazado el último recurso presentado por dos periodistas críticos con el poder, que cumplen desde 2021 condenas de cárcel tras ser acusados de agresión sexual y espionaje. Omar Radi, de 37 años, y Suleimán Raisuni, de 51, ya habían v...

La Corte de Casación, el más alto tribunal de Marruecos, ha rechazado el último recurso presentado por dos periodistas críticos con el poder, que cumplen desde 2021 condenas de cárcel tras ser acusados de agresión sexual y espionaje. Omar Radi, de 37 años, y Suleimán Raisuni, de 51, ya habían visto ratificada su sentencia a seis y cinco años de prisión, respectivamente, en una vista de apelación el año pasado.

En una inusual comparecencia pública, sus abogados, respaldados por ONG internacionales, emplazaron la semana pasada a las más altas autoridades del país magrebí a buscar “una salida judicial, legal y política” para que ambos periodistas puedan recuperar la libertad mediante un indulto, informa France Presse. Con motivo de la Fiesta del Trono, que se celebra el próximo día 30, el rey Mohamed VI suele conceder el perdón real a numerosos presos.

Omar Radi fue encausado por violación y atentado contra la seguridad del Estado por espionaje para un país extranjero, tras desvelarse que su teléfono había sido intervenido con el programa Pegasus. El periodista, que fue denunciado por agresión sexual en julio de 2020 por una mujer, siempre ha mantenido que la relación fue consentida. Así lo declaró en el juicio otro periodista, Imad Stitu, único testigo presente en la casa donde sucedieron los hechos. Su condena a seis meses de cárcel por complicidad tras prestar testimonio en favor de su compañero de profesión también acaba de ser ratificada en casación.

El proceso se ha desarrollado en paralelo al del editorialista Suleimán Raisuni, condenado por agresión sexual contra un activista LGTBI. Ambos denunciaron que han permanecido aislados en sendas celdas de la cárcel de Ukacha, en Casablanca, y ser víctimas de “ensañamiento judicial” a causa de sus escritos críticos con el poder. ONG locales, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, e internacionales, como Amnistía Internacional, y Human Rights Watch (HRW) han seguido de cerca sus casos.

Los letrados de los reporteros y representantes de las principales ONG llamaron el pasado 10 de julio en Casablanca a que “la más alta autoridad del país” medie para alcanzar una “salida política”. “Tenemos la esperanza de que se ponga fin a los encarcelamientos y persecuciones judiciales mediante una revisión de los procesos o con una medida de gracia”, aseguró el letrado Mohamed Mesaudi, que ha defendido a ambos periodistas.

“La señal enviada [por esta sentencia] ha sido desastrosa”, ha asegurado Jaled Drareni, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para el norte de África, tras hacerse público este miércoles el fallo dictado el martes por la Corte de Casación. Esta ONG ha reclamado a las autoridades Rabat que “pongan fin a este calvario judicial inhumano”. Amnistía Internacional, fundada en Londres, ha denunciado que los dos periodistas han sido privados del derecho a tener lectura y material para escribir. HRW, con sede en Nueva York, ha cuestionado las “tácticas” utilizadas en Marruecos para acallar a disidentes políticos mediante acusaciones de delitos sexuales.

Las responsables marroquíes han insistido en que los dos periodistas han sido juzgados por “delitos comunes”, que no tienen nada que ver con su profesión ni con la libertad de expresión, y han desmentido tajantemente que uno de ellos fuera espiado con el programa de fabricación israelí Pegasus. La presidenta de la Asociación para los Derechos de Víctimas de Marruecos, Aicha Guella, ha deplorado que ambos informadores “intenten politizar sus procesos después de que los hechos hayan sido probados ante la justicia”, y ha acusado a ONG extranjeras de “instrumentalizar ambos casos”, de acuerdo con declaraciones recogidas por France Presse. En una escala de 180 países, encabezada por Noruega y que cierra Corea del Norte, Marruecos ocupa el puesto 144º en la clasificación sobre libertad de prensa elaborada por RSF.

Exministro de 80 años preso y enfermo

Al mismo tiempo que juristas y ONG invocaban una fórmula de perdón real para los periodistas Radi y Raisuni, los familiares del exministro Mohamed Ziane, de 80 años, condenado a tres años de cárcel tras haber criticado las ausencias del monarca, hacían público que se encontraba gravemente enfermo en prisión, según informa bladi.net. Este portal, que a su vez cita al digital Al Hayat Al Yaumia, informa de que durante una visita programada la semana pasada a una cárcel próxima a Rabat, los familiares observaron que Ziane, quien también cuenta con la nacionalidad española, presentaba serias dificultades para caminar y tenía que portar una faja lumbar.

El que fue titular de la cartera de Derechos Humanos entre 1995 y 1996, antes de militar en la oposición, se halla internado desde hace siete meses en la prisión de El Arjat, en las afueras de Rabat, tras ser encausado por 11 delitos, entre ellos el de “insulto a las instituciones”. Hace un año, difundió un vídeo en las redes sociales en el que criticaba “las ausencias de Mohamed VI”, por desentenderse presuntamente de los asuntos del reino, y reclamaba que abdicase en favor de su hijo, el príncipe heredero Hasán, de 20 años.

Expresidente del Colegio de Abogados de la capital de Marruecos y letrado defensor en destacados casos relacionados con los derechos humanos, estaba acusado también de cargos como “instigar a violar las medidas para evitar la propagación de la covid”, “dar mal ejemplo a los niños”, adulterio o acoso sexual.

En 2020, el propio abogado de Ziane culpó a los servicios de seguridad de haber manipulado un vídeo en el que aparecía junto a una clienta casada en la habitación de un hotel. Amnistía Internacional ha advertido de que el cargo de adulterio en su contra resulta “infundado”, ya que no existió denuncia de al menos uno de los cónyuges de los adúlteros, como exige la legislación marroquí.

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