La justicia de la UE avala retirar fondos europeos a los países que vulneren el Estado de derecho

Las derivas autoritarias en la Unión Europea pueden salir muy caras a partir de ahora. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha validado el reglamento comunitario que, desde el pasado 1 de enero, permite suspender los fondos europeos a los países donde la fragilidad del Estado de derecho no garantice su gestión adecuada.

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Las derivas autoritarias en la Unión Europea pueden salir muy caras a partir de ahora. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha validado el reglamento comunitario que, desde el pasado 1 de enero, permite suspender los fondos europeos a los países donde la fragilidad del Estado de derecho no garantice su gestión adecuada.

El Gobierno húngaro de Viktor Orbán y el polaco de Mateusz Morawiecki, que se sienten en el punto de mira de la nueva norma, habían impugnado su adopción. Pero los jueces europeos se han pronunciado a favor del reglamento en un caso que el propio tribunal ha calificado como de “importancia excepcional” y de una “relevancia constitucional innegable”. El carácter extraordinario del pleito se ha resaltado, además, con la retransmisión en directo de la lectura de un veredicto por primera vez en los 70 años de historia del tribunal europeo con sede en Luxemburgo.

“El tribunal al completo desestima el recurso y ordena a Hungría pagar sus costas y las del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo”, ha leído de forma solemne el juez ponente para el primero de los casos. Inmediatamente después, las mismas palabras han sido repetidas desestimando, en idénticos términos, el recurso de Polonia. Los asuntos de cada país, a pesar de haberse sustanciado de forma conjunta, han sido tenidos en cuenta por separado por la justicia europea.

En este asunto de alto voltaje político y jurídico, Hungría y Polonia acusaban al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo de haber aprobado un reglamento sin base legal adecuada con el único objeto de castigar a ciertos países con la excusa de la protección del presupuesto comunitario. Para Budapest y Varsovia, Bruselas se había extralimitado y buscaba castigar a ambos países esquivando el proceloso procedimiento del artículo 7, que requiere la unanimidad de todos los socios comunitarios para sancionar a los países que vulneren los valores fundamentales de la UE.

El tribunal con sede en Luxemburgo ha destacado en su decisión que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, conforme con el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE y que respeta los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica. “La buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión pueden verse seriamente amenazados por la vulneración de los principios del Estado de derecho que se produzca en un Estado miembro”, destaca en su razonamiento.

Consecuencias de la vulneración del Estado de derecho

El fallo considera que esa vulneración puede suponer, entre otras consecuencias, que los gastos cubiertos por el presupuesto no respondan a los objetivos perseguidos por la Unión cuando los financia. De modo que un “mecanismo de condicionalidad horizontal” —como el que pretendían impedir Varsovia y Budapest— “que supedita el acceso a financiación procedente del presupuesto de la Unión al respeto de los principios del Estado de derecho” tiene perfectamente cabida dentro de las competencias de las que goza la UE para establecer “normas financieras” que supervisen la ejecución presupuestaria.

Los ponentes parlamentarios en la tramitación legislativa del reglamento han exigido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ponga en marcha de manera inmediata los expedientes contra Hungría y Polonia para recortar a esos dos países las ayudas multimillonarias que reciben cada año y que han contribuido a la popularidad electoral de los gobiernos de Fidesz y PiS, dos partidos que se han podido permitir generosas ayudas sociales durante los últimos años. “Las reglas ya están claras y el único camino es el respeto al Estado de derecho”, ha señalado la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, que formó parte del equipo parlamentario que elaboró el reglamento.

Von der Leyen ha celebrado la decisión. “Actuaremos con determinación cuando se den las condiciones”, ha asegurado tras la validación judicial de la norma. Pero para dar ese paso ha fijado dos condiciones. Primero, la aprobación de las directrices comunitarias sobre la aplicación del reglamento, un texto atascado en la Comisión desde hace más de un año. Y en segundo lugar, “la promesa” de que Bruselas no pederá ningún caso en relación con este reglamento. Es decir, Von der Leyen solo tomará medidas contra Hungría y Polonia una vez que tenga pruebas fehacientes de que ciertas violaciones del Estado de derecho ponen en peligro el presupuesto comunitario.

Respuesta de Budapest: “Bruselas abusa de su poder”

La ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, ha reaccionado de inmediato a la decisión: “EL TJUE ha emitido una sentencia políticamente motivada por la Ley de Protección del Niño”, ha asegurado en redes sociales, en referencia a la norma húngara aprobada el año pasado que prohíbe que los medios de comunicación y los educadores proporcionen a los niños información relacionada con los colectivos LGBTI, fuertemente criticada por Bruselas. “La decisión es la prueba fehaciente de que Bruselas está abusando de su poder”, ha añadido.

“Me parece extremadamente chocante cómo ignora la realidad la comunicación del gobierno húngaro en relación con los temas de la UE”, ha replicado en una comparecencia la eurodiputada húngara Katalin Cseh, miembro de la familia liberal de Renew en el Parlamento Europeo. “Varga vincula cosas que no tienen absolutamente nada que ver con esta sentencia”.

El eurodiputado de los Verdes Daniel Freund lamenta que “las palabras de la presidenta de la Comisión no apuntan a una acción inmediata”. Por lo pronto, Von der Leyen ha renunciado a participar este miércoles en el debate sobre el Estado de derecho previsto en el pleno del Parlamento Europeo. Petri Sarvamaa, eurodiputado del grupo popular (el mismo que Von der Leyen), ha calificado como “una vergüenza” la ausencia de la presidenta, atribuida por su equipo a la inestabilidad en Ucrania y la necesidad de que esté en Bruselas, en lugar de Estrasburgo.

La Fiscalía Europea, una de las fuentes mediante las cuales la Comisión puede detectar vulneraciones de los principios del Estado de derecho, denuncia la falta de colaboración de Varsovia en una carta remitida este miércoles al Ejecutivo comunitario. “Polonia ha rechazado sistemáticamente las solicitudes de cooperación judicial de la Fiscalía Europea desde el inicio de sus operaciones”, afirma la misiva. Este organismo, cuya actividad arrancó en 2020, cuenta con 22 Estados participantes, pero entre ellos no se encuentran ni Hungría ni Polonia. Este último país tiene 23 investigaciones abiertas, “el mayor número de todos los Estados miembros no participantes”, indica la carta.

El llamado mecanismo de condicionalidad, una herramienta aprobada en diciembre de 2020 para asegurarse de que ni un euro de los fondos de recuperación acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho, entró en vigor en enero de 2021. Pero la Comisión Europea se había comprometido con Polonia y Hungría a no activarlo hasta que el TJUE diera su visto bueno.

Los díscolos vecinos del este —con un largo historial de batallas con Bruselas a cuenta del Estado de derecho, con asuntos que van de la independencia de los jueces al respeto del colectivo LGTB— defendieron durante una vista ante la asamblea plenaria del tribunal de Luxemburgo, celebrada en octubre, que el reglamento no servía para crear una norma presupuestaria, sino que se había dado vida a “un procedimiento de contenido y significado político y a un “mecanismo de evaluación política” con el que Bruselas pretendía inmiscuirse en sus asuntos internos.

La vista fue una cita de repercusión extraordinaria, celebrada ante el plenario de jueces del TJUE. También participaron la Comisión Europea y una larga lista de Estados miembros que se consideraban afectados, entre ellos España, Alemania y Francia.

El abogado general de la UE, que se pronunció en diciembre, ya había propuesto declarar inadmisible o desestimar todas las reclamaciones de los dos países. Aunque admitía que algunas partes del reglamento chirriaban, se decantaba por aceptarlo por completo. Finalmente, la balanza de la justicia ha caído de ese lado.

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