Una jueza federal de EE UU aprueba el plan de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico
El Estado libre asociado presentó en 2017 una declaración de bancarrota al verse incapaz de pagar a sus acreedores
Puerto Rico se dispone a cerrar una etapa de incertidumbre fiscal y financiera tras aprobar la justicia de EE UU un plan de reestructuración de su deuda pública por valor de 33.000 millones de dólares. El Estado libre asociado presentó hace casi cinco años una declaración de bancarrota, siendo el primero de Estados Unidos que daba este paso. El sancionado este martes es el mayor acuerdo de reestructuración de deuda pública en la historia del país.
Las autoridades de la isla presentaron en oct...
Puerto Rico se dispone a cerrar una etapa de incertidumbre fiscal y financiera tras aprobar la justicia de EE UU un plan de reestructuración de su deuda pública por valor de 33.000 millones de dólares. El Estado libre asociado presentó hace casi cinco años una declaración de bancarrota, siendo el primero de Estados Unidos que daba este paso. El sancionado este martes es el mayor acuerdo de reestructuración de deuda pública en la historia del país.
Las autoridades de la isla presentaron en octubre pasado el denominado Plan de Ajuste de Deuda (PAD), que contempla reducir la deuda pública de 70.000 millones a 34.000 millones de dólares para preservar los servicios públicos esenciales. Este martes Laura Taylor Swain, la jueza federal encargada de aplicar la ley de quiebras, ha dado su visto bueno al plan.
Para las autoridades de la isla, la confirmación del PAD supone “un gran paso para la recuperación económica”. La gestora que desde 2016 supervisa las finanzas del territorio ha saludado en su cuenta de Twitter la noticia, calificándola de “nuevo capítulo en la historia” de la isla. “La Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico está en deuda con la jueza Swain por su incansable liderazgo, su ejemplar diligencia y su dedicación para [alcanzar] una solución justa a la crisis de Puerto Rico”, explica la gestora en un hilo de Twitter.
“Todavía nos queda mucho trabajo por delante”, ha declarado por su parte Pedro R. Pierluisi, gobernador de la isla. “El acuerdo, aunque no perfecto, es muy bueno para Puerto Rico porque protege a nuestros pensionistas, a la universidad y las municipalidades que están al servicio de nuestro pueblo”.
La junta gestora, creada por el Congreso, no goza de simpatías entre la población de la isla, de algo más de tres millones de habitantes, muchos de los cuales se refieren a ella como “la junta”. Los más críticos con la reestructuración temen también que el territorio carezca de la suficiente liquidez y sea incapaz de hacer frente incluso a los pagos reducidos de la deuda a largo plazo, viéndose obligado en ese caso a adoptar medidas de austeridad más estrictas que atizarían la insatisfacción de la población.
A la declaración de bancarrota, hace casi cinco años, se han sumado los estragos de varios huracanes, una serie de terremotos y la pandemia del coronavirus, factores que han agravado la crisis económica y el descontento social. Según los términos reflejados en el PAD, la reestructuración implica reducir la mayor parte de la deuda pública, unos 33.000 millones de dólares, en aproximadamente un 80%. El plan también le ahorrará al Gobierno más de 50.000 millones en pagos del servicio de la deuda.
Cuando Puerto Rico presentó la declaración de quiebra, en mayo de 2017, la deuda pública se elevaba a más de 70.000 millones en bonos y más de 50.000 millones en obligaciones de pensiones no financiadas para los trabajadores públicos. Siguen pendientes de resolución las quiebras de otras entidades públicas, como la eléctrica de la isla. La puertorriqueña no es la primera administración norteamericana que suspende pagos. En 2013, Detroit, la antaño floreciente meca de la industria del automóvil, fue la primera ciudad de EE UU en presentar una declaración de bancarrota.
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