Los detenidos por las protestas en Cuba afrontan peticiones de hasta 30 años de cárcel

Seis meses después de las masivas manifestaciones del 11 de julio del año pasado, cientos de cubanos detenidos por participar en las protestas contra el Gobierno son juzgados en diversos tribunales del país bajo la acusación de desacato, desorden público, incitación a delinquir, atentado y en algunos casos figuras tan graves como sedición, que puede implicar condenas de hasta 30 años de cárcel.

La información es confusa y di...

Seis meses después de las masivas manifestaciones del 11 de julio del año pasado, cientos de cubanos detenidos por participar en las protestas contra el Gobierno son juzgados en diversos tribunales del país bajo la acusación de desacato, desorden público, incitación a delinquir, atentado y en algunos casos figuras tan graves como sedición, que puede implicar condenas de hasta 30 años de cárcel.

La información es confusa y difícil de contrastar, pues las autoridades no han dado datos oficiales sobre cuántas personas fueron detenidas durante o después de los incidentes, ni sobre cuántos cubanos siguen en prisión, ni de los juicios ya realizados y las penas impuestas. Tampoco se ha dicho nada sobre los procesos que quedan por ventilarse, y ni si quiera a estas alturas se ha notificado cuántas manifestaciones fueron pacíficas y cuántas violentas el 11-J, cuando decenas de miles de personas se lanzaron a las calles de más de 60 ciudades y pueblos de Cuba para protestar por las duras condiciones de vida y en demanda de libertad, en las mayores manifestaciones contra el Gobierno en 62 años de revolución.

Más allá de las denuncias puntuales de los familiares de los presos, las únicas fuentes que ofrecen datos globales sobre lo que está pasando con los detenidos son ONG anticastristas como Cubalex o Prisoners Defenders, que calculan en al menos un millar las personas encarceladas a raíz de los sucesos del 11 de julio, de las que se estima que siguen en prisión pendientes de juicio entre 600 y 700, algunos menores de edad. De un grupo de más de 200 casos que Cubalex asegura tener documentados, para 25 personas la Fiscalía pide sanciones de hasta 5 años, 63 enfrentan cargos de entre 6 y 10 años de reclusión, otros 27 se enfrentan a peticiones de entre 11 y 15 años, mientras que 49 podrían pasar entre 16 y 20 años entre rejas y otras 46 entre 20 y 30 años por sedición, si se ratifican las solicitudes del ministerio público.

El Gobierno ni confirma estos datos ni los desmiente. La prensa nacional no informa en los medios oficiales de los procesos y la prensa extranjera no ha tenido acceso a las vistas orales, de modo que la información solo fluye a cuentagotas a través de los familiares. Un grupo de ellos informó de que el martes comenzó un juicio contra 21 residentes en Holguín que participaron en las manifestaciones en esa ciudad oriental, que en algunos momentos derivó en hechos violentos. Las peticiones fiscales en este caso van desde 15 hasta 30 años de cárcel, para las acusaciones de sedición.

El lunes empezó otro juicio en la ciudad central de Santa Clara contra 16 jóvenes, mientras que desde la provincia de Artemisa, otro grupo de familiares informó de que 13 manifestantes —que fueron juzgados a mediados de noviembre— recibieron la semana pasada la sentencia: condenas que oscilan entre 4 años de limitación de libertad bajo supervisión, hasta 12 años de cárcel.

Fuentes disidentes informaron de que en el pueblo de Bejucal, a 30 kilómetros de La Habana, se celebrará próximamente el juicio por desacato, desordenes públicos, ultraje a los símbolos de la patria y sabotaje contra siete jóvenes de la localidad, entre ellos, el estudiante de música Abel González Lescay, para quien la Fiscalía pide siete años de cárcel. El afectado estudia en el Instituto Superior de Arte y ha sido respaldado por su universidad después de que su caso saltara a la prensa. El joven contó que el 11-J salió a la calle y se manifestó pacíficamente, pero al día siguiente fue detenido en su casa por aparecer en un vídeo. Aseguró que mientras a conocidos suyos les pusieron una multa y salieron en libertad, él fue objeto de una sanción de reclusión domiciliaria en tanto se celebre el juicio. “La única diferencia entre ellos y yo es que tienen un vídeo mío diciéndole maricón a un policía”, aclaró.

Otros casos fueron recientemente sobreseídos, como el de los artistas que el 11 de julio se reunieron a las puertas del Instituto Cubano de Radio y Televisión para demandar 15 minutos ante las cámaras de televisión, tras lo cual fueron detenidos y sometidos a medidas de reclusión domiciliaria —en este grupo estaba el dramaturgo Yunior García, principal organizador de la frustrada marcha por el cambio del pasado 15 de noviembre, que después se exilió en España—.

El Gobierno cubano inscribe los sucesos del 11-J en su viejo diferendo con EE UU, asegurando que las manifestaciones fueron instigadas y manipuladas por Washington y que en muchos pueblos y ciudades del país derivaron en hechos vandálicos, saqueos y acciones violentas. Sin embargo, numerosas voces dentro de la isla, incluso de personalidades afines al Gobierno como el el trovador Silvio Rodríguez, han demandado a las autoridades proporcionalidad y la liberación de los manifestantes que no participaron en hechos violentos, criticando especialmente el uso de la figura delictiva de “sedición” para procesar a los detenidos.

“Las penas solicitadas son desmesuradas y evidentemente ejemplarizantes”, señala la historiadora y coordinadora del portal La Joven Cuba, Alina Bárbara López Hernández, que opina que “las solicitudes fiscales son muy altas y no sujetas a derecho: por ejemplo, a Abel Lescay, estudiante de la Universidad de Ciencias del Arte, le piden siete años de prisión por manifestarse en su pueblo, gritar ofensas al presidente de la República y negarse a ser arrestado dentro de su domicilio. En otro caso, por romper públicamente un retrato de Fidel Castro pretenden 10 años de prisión. Hay penas más elevadas: 12, 15, 20 y 25 años”.

Familiares de cubanos detenidos a raíz de los incidentes del 11-J pidieron a más de 30 Embajadas en La Habana que acompañaran “como observadores” los procesos, mientras el Gobierno estadounidense sancionó la semana pasada a ocho altos funcionarios cubanos “involucrados en la detención, las sentencias y el encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio”. Anteriormente, Washington había sancionado a otros nueve funcionarios, en su mayoría mandos del ejército y la policía, relacionados con la represión de las protestas. Medios oficiales calificaron las sanciones como “un nuevo intento del Gobierno estadounidense de interferir en los asuntos internos de Cuba, tratar de mediatizar la impartición de justicia en el país e intentar proteger a los elementos que, en buena parte financiados por Washington, pretenden subvertir el orden político y social de Cuba”.

La falta de transparencia es un tema clave en estos momentos. “La información que recibimos es la que existe en las redes sociales y medios alternativos, consecuencia de denuncia de familiares, amigos o juristas independientes; por tanto, son datos fluctuantes e inexactos. Falta de información oficial sobre el número de detenidos, las fechas de los procesos, las peticiones fiscales y las condenas resultantes”, indicó López.

En la misma línea, el académico y exdiplomático cubano Carlos Alzugaray, señalaba recientemente que “a estas alturas no hay todavía una cifra de detenidos ni una información de cuántas manifestaciones se produjeron, cuántas fueron pacíficas, cuántas generaron disturbios, ni cuántos ciudadanos participaron. Y, por supuesto, hay voces que reclaman la liberación de todo el que protestó pacíficamente, entre ellas las del cantautor Silvio Rodríguez, muy respetado en círculos gubernamentales”.

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