Tecnologías de alto impacto y arte para reconstruir los horrores de la violencia en Colombia

Cada tanto un periodista acucioso desempolva imágenes de la toma y retoma del Palacio de Justicia, una de las heridas abiertas de la historia reciente de Colombia: muestra personas que salieron vivas del edificio conducidas por militares y luego desaparecidas, detiene la pantalla y las confronta con sus familiares que identifican a sus parientes. Pero ver en un solo trabajo la sincronización de al menos 105 videos y 49 ...

Cada tanto un periodista acucioso desempolva imágenes de la toma y retoma del Palacio de Justicia, una de las heridas abiertas de la historia reciente de Colombia: muestra personas que salieron vivas del edificio conducidas por militares y luego desaparecidas, detiene la pantalla y las confronta con sus familiares que identifican a sus parientes. Pero ver en un solo trabajo la sincronización de al menos 105 videos y 49 horas y 29 minutos de grabaciones con las historias de 22 personas que salieron vivas del Palacio, fueron llevadas a un museo y luego desaparecidas o asesinadas es sencillamente estremecedor.

La investigación que hicieron la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la agencia interdisciplinar Forensic Architecture contribuye a armar de forma rigurosa el rompecabezas de lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá, cuando la guerrilla del M19 se tomó el Palacio de Justicia, sede de los altos tribunales del país, y el Ejército condujo una sangrienta retoma con tanques y fuego. El resultado fue más de 90 muertos y al menos 11 personas desaparecidas.

El trabajo de análisis que tomó dos años y medio siguió la pista del grupo de empleados, visitantes y funcionarios judiciales calificados por las fuerzas militares como “especiales”, que fueron llevados a diferentes instalaciones militares en Bogotá, algunos siguen desaparecidos, y otros fueron ejecutados extrajudicialmente o torturados.

Con tecnologías de visualización, minería de datos, sincronización de videos y audios que circularon entre los militares, imágenes satelitales, entrevistas a testigos y reconstrucción espacial pudieron establecer el momento en los calificaron como “especiales” y los últimos minutos en los que fueron vistas con vida esas 22 personas.

El seguimiento incluye los edificios a los que fueron llevados los rehenes, los vehículos utilizados, las calles, los archivos en los que la evidencia fue enterrada y las instituciones y lugares donde se perdió la evidencia clave del caso.

“Al analizar minuto a minuto de los ‘especiales’ queremos conectar el microanálisis de casos específicos y convertirlo en puerta de entrada a una historia más grande. Cada historia individual, cada incidente es una manera de entender la matriz de fuerzas. Cada detalle minucioso contiene la larga duración de la lucha contra la desaparición de personas en el caso del Palacio”, dijo Eyal Weizman, director de Forensic, quien habla de la investigación arquitectónica como puerta de entrada a la memoria.

Aunque muchos de estos datos reposan en documentos judiciales, es la primera vez que el público general podrá acceder a la información pues los resultados de esta investigación (y de otros dos hechos del conflicto colombiano) se pueden ver en ‘Huellas de la Desaparición’, una exposición que irá hasta abril en el Museo de Arte Miguel Urrutia de Bogotá. Con una mezcla de tecnología de alto impacto y ciencia se hace un acercamiento riguroso y artístico a la memoria histórica de la violencia del país.

La investigación supuso también novedades para los familiares de las víctimas, explica a EL PAÍS el comisionado Alejandro Valencia. Por ejemplo, lo que ocurrió en el Museo Casa del Florero, el primer lugar al que fueron llevadas estas personas y que hasta ahora se consideraba una “caja negra” dentro del proceso. “A partir de una reconstrucción minuciosa y gracias a testimonios de personas detenidas, sabemos que el museo se convirtió en un centro de interrogación y de malos tratos y fue la antesala a la desaparición forzada y a la tortura”, dijo Valencia.

Los resultados quedaron consignados en tres videos, uno para cada lugar donde fueron vistos los desaparecidos (la Plaza de Bolívar a la salida del Palacio, el Museo Casa del Florero y el Cantón Norte), también evidencia la odisea de los restos de algunas de las víctimas. “Muestra los errores en el reconocimiento de los restos óseos que han dejado como resultado nuevos desaparecidos”, dice Valencia, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Uno de los seguimientos más impactantes es el del magistrado Carlos Urán. En uno de los videos se ve cómo salió con vida del Palacio y al parecer fue llevado a una ambulancia. Sin embargo, su cuerpo apareció muerto dentro del edificio un día después. Es decir, como indican las investigaciones, sus restos

habrían sido devueltos al Palacio para hacer creer que había muerto en el fuego cruzado.

El trabajo también dejó en evidencia la existencia de un grupo de agentes encubiertos disfrazados de organismos de salud, lo que demostró que “las fuerzas del Estado usaron como fachada las organizaciones humanitarias de salud para detener, torturar y asesinar y desaparecer a algunos de los rehenes”. Y que cuando las cintas de video de la televisión llegaron a los archivos judiciales muchas fueron confiscadas por el Ejército, para ser editadas o fueron robadas.

Las redes del despojo

Además de la investigación sobre el Palacio de Justicia, Forensic y la Comisión de la Verdad hicieron un proceso similar para otros dos hechos del conflicto armado: el despojo de tierras y una serie de masacres en Urabá y los asesinatos y desplazamiento en el territorio de los indígenas Nukak.

Siguiendo la misma metodología crearon una plataforma en 3D utilizando un tipo de visualización de videojuego y cruzaron miles de datos de información catastral y financiera para demostrar los caminos del despojo de tierras en los últimos 60 años en la zona donde ocurrieron las matanzas de campesinos de la comunidad de Nueva Colonia. Así, en cuatro videos y un mural se puede ver la red de empresas bananeras nacionales e internacionales, bancos, fondos fiduciarios, entidades estatales y paramilitares que terminaron lucrándose de la guerra en la región.

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