Un Gobierno de unidad afrontará la doble crisis sanitaria y económica en Rumania

El Partido Nacional Liberal (PNL) y el Partido Social Demócrata (PSD) gobernarán Rumania tras obtener este jueves la luz verde del parlamento rumano con el respaldo de 318 diputados y senadores del total de 466 que conforman ambos hemiciclos. Además del apoyo de la minoría húngara, liberales y socialdemócratas cuentan con el amparo del presidente, el conservador Klaus Iohannis, para su coalición, que recuerda al Frente de Salvación Nacional (FSN), el Gobierno de unidad que dirigió el país tras el final de la dictadura comunista.

Convertido después en un partido homónimo, el FSN constitu...

El Partido Nacional Liberal (PNL) y el Partido Social Demócrata (PSD) gobernarán Rumania tras obtener este jueves la luz verde del parlamento rumano con el respaldo de 318 diputados y senadores del total de 466 que conforman ambos hemiciclos. Además del apoyo de la minoría húngara, liberales y socialdemócratas cuentan con el amparo del presidente, el conservador Klaus Iohannis, para su coalición, que recuerda al Frente de Salvación Nacional (FSN), el Gobierno de unidad que dirigió el país tras el final de la dictadura comunista.

Convertido después en un partido homónimo, el FSN constituye el origen de las dos grandes formaciones políticas que ahora se han aliado para gobernar. Su coalición gravitará sobre un acuerdo de gobierno centrado en afrontar el reto de la doble crisis que padece el país: la sanitaria y la económica. Rumania es el país de la Unión Europea con más muertes por millón de habitantes por covid-19.

El hasta ahora ministro de Defensa, el liberal Nicolae Ciucă —un exgeneral del Ejército rumano— desempeñará el cargo de primer ministro del nuevo Ejecutivo constituido por nueve ministros socialdemócratas, ocho liberales y tres del socio minoritario de la coalición, la Unión Democrática de los Magiares de Rumania (UDMR), que representa a la comunidad húngara. Con la investidura del nuevo Gabinete se pone fin al Gobierno interino de centroderecha que cayó el pasado 5 de octubre tras una moción de censura presentada por los socialdemócratas. El propio Ciucă había renunciado a principios de noviembre a formar gobierno, al no contar con los suficientes apoyos parlamentarios.

“La seguridad del ciudadano es prioridad. No nos permitimos el lujo de las animosidades políticas que puedan generar nuevas crisis”, manifestó Ciucă durante su discurso de investidura.

En el compromiso firmado por los miembros de la coalición se establece una rotación en el poder según la cual Ciucă traspasará su cargo dentro de 18 meses al líder del PSD, Marcel Ciolacu, quien debería ser el encargado de dirigir el país hasta las legislativas previstas en otoño de 2024.

El propio jefe de Estado, que logró su segundo mandato en 2019 gracias a sus punzantes diatribas contra el centroizquierda, ha sido quien ha ideado en las últimas semanas una alianza que ha soliviantado a un segmento de la población, que aún tiene en mente los tropiezos de anteriores Ejecutivos. En febrero de 2017, el intento del Gobierno socialdemócrata del PSD de despenalizar algunos casos de corrupción y de socavar la independencia judicial desataron las mayores protestas de la historia del país balcánico desde el derrocamiento del comunismo, con más de medio millón de personas en las calles de Bucarest.

“Las dos formaciones, que siempre han disfrutado de gran popularidad, han decaído electoralmente pasando del 92% en 2008 al 61% en 2020, un descenso constante que continuará por su impopularidad entre la ciudadanía”, asegura el sociólogo Barbu Mateescu, quien subraya que los socialdemócratas son los principales beneficiarios de esta coalición: “En mayo de 2023, el presidente Iohannis nombrará un primer ministro del PSD, lo que convertirá a este partido en el vector visible del Gobierno de cara a las elecciones parlamentarias.”

Pese a que las luchas internas por el control gubernamental pueden hacer que la continuidad del Gabinete se tambalee, el verdadero enemigo del general Ciucă y sus ministros es la creciente frustración de la sociedad. Cada vez más voces acusan de traición al presidente Iohannis, que ha avalado un acuerdo que, solo 11 meses después de las elecciones generales, ha devuelto el poder al PSD y al PNL mediante una coalición a la que muchos ciudadanos no han votado.

El desengaño entre la sociedad civil estalló en los últimos meses de esta crisis política, al observar a Iohannis y los líderes del PNL, entonces en el Gobierno interino, impasibles ante los principales desafíos del país: la cuarta ola de la pandemia, que rompió su récord de fallecidos hace un mes con 561 muertos en un día, y la vertiginosa escalada de precios de la energía a las puertas del invierno.

Un manifiesto de la sociedad civil

“Nada os ha impedido poner en práctica la traición más descarada del voto popular desde 1990: ni siquiera los cientos de muertes diarias”, señala un manifiesto firmado por varias decenas de organizaciones cívicas, como Corrupción Mata o Freedom House Romania, así como personalidades entre las que se encuentra el escritor Mircea Cărtărescu, siempre en las quinielas para el Nobel de Literatura. Los signatarios de la declaración No abandonemos a Rumania advierten a los políticos de que la sociedad civil tomará las calles si se incumplen las “líneas rojas que aseguran el destino europeo” del país.

“Es importante que la gente sepa que no se ha quedado sin voz, pero esperamos que a los políticos, por su cinismo, les importe un comino este manifiesto”, indica Diana Voicu, presidenta del movimiento cívico Initiativa Romania. “Creo que los partidos políticos aprendieron la lección durante las protestas, pero se la recordaremos en caso de abusos o modificaciones legislativas en beneficio de intereses particulares”, esgrime Elena Calistru, cofundadora de la asociación Funky Citizens.

El malestar y la desazón de una parte influyente de la sociedad, la que logró la salida de los socialdemócratas del poder, combinados con el incremento de la factura energética y los alimentos, pueden generar un cóctel explosivo, avisan los críticos a la coalición.

El Ejecutivo deberá repartir en los próximos años unos 80.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos y del programa nacional de subsidios para consolidar la recuperación económica en un país en el que la justicia está en punto muerto. La Fiscalía Anticorrupción solo investiga casos pequeños, la reforma judicial está paralizada y un organismo creado para controlar al poder judicial, la Sección Especial de Inspección Judicial, intimida a jueces y fiscales.

“Estamos desilusionados, muchos ya tienen su equipaje hecho para marcharse del país, pero nosotros, los que seguimos, reivindicamos las mismas demandas durante las manifestaciones: justicia, transparencia y personas sin causas penales en el Gobierno”, concluye Diana Voicu.

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