Sebastián Piñera envía a las Fuerzas Armadas a “la zona roja” del conflicto mapuche en Chile
El presidente chileno anuncia el estado de excepción “por la grave alteración del orden público”
Es uno de los principales problemas de fondo que enfrenta actualmente Chile: el conflicto de la Araucanía, marcado hace décadas por la lucha del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales, pero que en los últimos años se ha incrementado en niveles de violencia, en parte por la aparición de otros fenómenos, como el robo de madera de las forestales. El presidente Sebastián Piñera ha declarado este martes el estado de excepción constitucional en zonas de la Araucan...
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Es uno de los principales problemas de fondo que enfrenta actualmente Chile: el conflicto de la Araucanía, marcado hace décadas por la lucha del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales, pero que en los últimos años se ha incrementado en niveles de violencia, en parte por la aparición de otros fenómenos, como el robo de madera de las forestales. El presidente Sebastián Piñera ha declarado este martes el estado de excepción constitucional en zonas de la Araucanía y Biobío “para enfrentar con mejores instrumentos el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios”, según aseguró para justificar su decisión.
“En ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos”, aseguró el Jefe de Estado, que se refirió a “la grave alteración del orden público”. Lo hace justamente cuando el 1º de octubre pasado dejó de regir el estado de excepción Constitucional de catástrofe vigente por la pandemia en todo el territorio desde de marzo de 2020.
Las zonas que tendrán presencia militar son las provincias de Biobío y Arauco en la región del Biobío, y las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía. Piñera recordó que estos graves hechos “han cobrado vidas de personas inocentes y de miembros de Carabineros y Policía de Investigaciones”. El presidente habló de los atentados y amenazas contra autoridades, como fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial. “Estos violentos hechos también han destruido y quemado casas, iglesias, instalaciones y bienes destinados a actividades industriales, agrícolas, comerciales y turísticas e infraestructura pública”, describió el mandatario, cuyo segundo mandato termina en marzo de 2022. Piñera agregó que los atentados han impedido la ejecución de órdenes judiciales por parte de las policías, “las que han sido resistidas mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso armas de guerra”, como ha sucedido en los últimos meses.
La última víctima fue un hombre de 49 años. Falleció el 3 de octubre, luego de 14 días internado de gravedad tras un incendio intencional en su hogar que lo dejó con el 40% del cuerpo quemado. “No queremos tener más muertos, no queremos más gente herida, más lesionado. No queremos que el Estado siga dando señales equívocas”, lamentó hace unos días el coordinador nacional de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar. “No basta con las policías, el Ministerio Público, el Gobierno. Se necesita una perspectiva y una colaboración de todos los poderes del Estado”, aseguró el delegado del Gobierno que tiene como misión la coordinación para enfrentar la escalada de violencia.
El estado de excepción constitucional de emergencia contempla la designación de jefes de la Defensa Nacional y tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otros 15 días, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley. Las Fuerzas Armadas, deberán colaborar, pero no reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad (Carabineros y la Policía de Investigaciones), “por lo que no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial”, aseguró Piñera.
La presidenta de la convención constitucional que redacta una nueva Carta Magna, Elisa Loncon, académica mapuche, calificó de “preocupante” la instauración de Estado de emergencia. “Lo que la ciudadanía aquí necesita son soluciones políticas, son soluciones en función de la cultura, soluciones en torno de llevar adelante procesos económicos que permitan superar la pobreza que afecta a las comunidades”, aseguró Loncon, que criticó que la medida haya sido anunciada este 12 de octubre, en que el pueblo mapuche conmemora el Día de la Resistencia Indígena. “Es el día que nosotros no podemos celebrar, porque es cuando se inició el genocidio”, criticó la líder de la asamblea constituyente chilena.
En paralelo, la web Werkén Noticias, que difunde las declaraciones de la Coordinadora Arauco Malleco –una organización político-militar mapuche de carácter indigenista y nacionalista étnica, que nació a fines de los noventa– anunció este martes que los “grupos de combate mapuche de los Meli Wixan Mapu [cosmovisión mapuche] se preparan para hacer frente al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno”.
En el inicio de la actual Administración, Piñera llevó adelante un profundo plan en la Araucanía, a cargo de su actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Pero el homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca por un disparo policial el 18 de noviembre de 2018, en la comunidad mapuche de Temucuicui, cortaron los diálogos con el Gobierno y los privados.
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