Las relaciones entre España y Marruecos, pendientes de la justicia europea

La justicia europea promulgará este miércoles dos sentencias clave para la relación entre Marruecos y la Unión Europea. Las decisiones del Tribunal General de la Unión Europea, con incidencia en el Sáhara Occidental, pueden dinamitar las relaciones que mantiene Marruecos con la UE y sobre todo, con su principal socio, que es España, si resultan desfavorables para Marruecos al anular los acuerdos agrícola y pesquero que vinculan a Rabat con Bruselas.

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La justicia europea promulgará este miércoles dos sentencias clave para la relación entre Marruecos y la Unión Europea. Las decisiones del Tribunal General de la Unión Europea, con incidencia en el Sáhara Occidental, pueden dinamitar las relaciones que mantiene Marruecos con la UE y sobre todo, con su principal socio, que es España, si resultan desfavorables para Marruecos al anular los acuerdos agrícola y pesquero que vinculan a Rabat con Bruselas.

El tribunal deberá pronunciarse sobre sendos recursos que planteó el Frente Polisario en abril y junio de 2019 con el fin de suprimir por un lado el acuerdo de libre comercio y productos agrícolas firmado entre Rabat y la UE y, por otro, el acuerdo pesquero refrendado en 2019 entre ambas partes. Los intereses en juego van mucho más allá de los 128 barcos (93 de ellos españoles) que faenan en aguas saharauis amparadas. Para Marruecos, buena parte de su política exterior, desde los acuerdos sobre emigración irregular a la cooperación contra el terrorismo islamista, se supeditan en gran parte a que los Estados miembros no cuestionen su control sobre el Sáhara Occidental.

Las relaciones entre Marruecos y España se vieron notablemente perjudicadas desde que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó el pasado diciembre el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Ese mismo día, Rabat suspendió la cumbre bilateral o Reunión de Alto Nivel (RAN) cuya celebración estaba prevista para la semana siguiente en Rabat. Cuatro meses después, España acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño sin anunciárselo a Rabat y eso desencadenó otra crisis, agravada con la entrada en mayo de 10.000 personas en Ceuta desde territorio marroquí. Pero la cumbre bilateral siguió sin celebrarse. Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, como protesta. Y Benyaich continúa en Rabat, a pesar de que la ministra de Exteriores que autorizó la entrada de Gali, Arancha González Laya, fue destituida.

El sucesor de González Laya, José Manuel Albares, está intentando recomponer las relaciones con Rabat. Pero aún no ha logrado consensuar un viaje a Marruecos. En medio de este contexto, todos los ojos miran hacia el Tribunal General de la UE. Las dos sentencias de mañana podrán recurrirse, en cualquier caso, ante el Tribunal de Justicia de la UE, la más alta institución judicial en el bloque comunitario. Pero este organismo ya se ha pronunciado en dos ocasiones, en 2015 y 2016, respecto al acuerdo agrícola, y en 2018, respecto al pesquero. El Tribunal, con sede en Luxemburgo, ha dictaminado en varias ocasiones que el Sáhara Occidental “no forma parte del Reino de Marruecos”. Para sortear las objeciones de la justicia, el arreglo que se alcanzó en el último acuerdo consistió en dictaminar que, en todo caso, el pacto debía redundar en el beneficio económico del Sáhara Occidental. El Frente Polisario objeta que esa condición se haya cumplido.

El letrado Gilles Devers, defensor del Frente Polisario, advierte de que si el Tribunal General de la UE anula este miércoles el acuerdo de pesca habrá una consecuencia inmediata: “Todos los barcos europeos que pescan en el Sáhara Occidental deberán abandonar de inmediato esas aguas”. Devers señala que incluso si el Consejo Europeo ―representa a los Estados miembros de la UE― decide recurrir la sentencia, ese recurso no tendrá la capacidad de suspenderla.

Por su parte, Oubi Bucharaya, representante del Frente Polisario ante la Unión Europea, admite también su optimismo, aunque alega que “no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo”. No obstante, recuerda que ya hubo dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en 2015 y 2018, que reconocían que el Sáhara Occidental es un territorio distinto de Marruecos. “Además, se dictaminó que cualquier acuerdo comercial debería tener el consentimiento del pueblo saharaui. Y se reconoció a nuestra organización como único representante del pueblo saharaui. Esperamos que ahora el Tribunal General anule los acuerdos y consolide la personalidad jurídica del Frente Polisario”.

Productos saharauis

El Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, anuló en diciembre de 2015 un acuerdo comercial firmado en 2012 entre Rabat y Bruselas por el cual Marruecos podía vender productos cosechados en el Sáhara Occidental. La institución reprochó al Consejo Europeo -que representa a los Estados miembros- que no tuvieran en cuenta “que la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara occidental no está reconocida ni por la Unión Europea ni por sus Estados miembros ni, de manera más general, por la ONU”, según el fallo. En 2016, sin embargo, el tribunal dio la razón a la UE, permitiendo a la aplicación del tratado, aunque dejando claro que en ningún caso el Sáhara occidental pertenece a Marruecos, y que por tanto este no puede exportar productos saharauis como propios.

Tres años después, en febrero de 2018, el mismo tribunal sentenció que el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos no es aplicable al Sáhara Occidental, porque ese territorio “no forma parte del Reino de Marruecos”. El 90% de las capturas europeas provienen de esa zona.

Para sortear este obstáculo, la Comisión Europea realizó consultas con asociaciones de la sociedad civil en el Sáhara Occidental bajo control de Marruecos con el objetivo de garantizar que el acuerdo de pesca repercutía positivamente en el territorio. Pero en ellas no participó el Frente Polisario, que reivindica su condición de “único y legítimo representante del pueblo saharaui”, según Naciones Unidas. El Consejo de ministros de la UE dio luz verde al nuevo acuerdo de pesca en noviembre de 2018, solo nueve meses después de la sentencia. El Parlamento Europeo lo refrendó en febrero de 2019, con 415 votos a favor y 189 en contra. Y en julio de ese año, los barcos españoles volvieron a faenar en el Sáhara Occidental.

El acuerdo tiene cuatro años de vigencia y Rabat percibe de forma escalonada más de 50 millones de euros anuales, en calidad de compensación, en lugar de los 40 millones del anterior protocolo.

El grupo de Los Verdes/ALE encabezó la batalla en el Parlamento Europeo, junto con la sociedad civil saharaui, contra ambos acuerdos. Esta formación los tachó de “legalmente infundados, moralmente repugnantes y geopolíticamente insostenibles”. La eurodiputada belga Saskia Bricmont, del grupo de Los Verdes, señala: “Si el Tribunal confirma que la UE no ha respetado el derecho europeo e internacional y anula los acuerdos, esperamos que la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros vuelvan por fin al estado de derecho y dejen de alimentar una ocupación y una anexión ilegales mientras una nación vive en campos de refugiados”.

Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión del Ministerio de Exteriores marroquí sobre los recursos planteados ante el tribunal.

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