La comunidad internacional redobla su apoyo al tribunal de paz en Colombia

El tribunal de paz de Colombia ha pisado el acelerador en el arranque del nuevo año. En sendas decisiones que sacudieron al país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional encargado de juzgar a los máximos responsables de los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado, imputó en enero por varios delitos relacionados con el secuestro a la cúpula de las extintas FARC, y en febrero elevó a ...

El tribunal de paz de Colombia ha pisado el acelerador en el arranque del nuevo año. En sendas decisiones que sacudieron al país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional encargado de juzgar a los máximos responsables de los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado, imputó en enero por varios delitos relacionados con el secuestro a la cúpula de las extintas FARC, y en febrero elevó a más de 6.400 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares para presentarlas como guerrilleros muertos en combate, los llamados ‘falsos positivos’.

El alto tribunal es parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del acuerdo de paz con la guerrilla, y se ha visto obligado a navegar en medio de la polarización que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde los diálogos de La Habana. A pesar de ser blanco permanente de los ataques del exmandatario Álvaro Uribe, mentor político del presidente Iván Duque, esa determinación le ha permitido cosechar el redoblado apoyo de diversas voces de la comunidad internacional. Considerada la columna vertebral de los acuerdos, la JEP es un referente para la resolución de conflictos armados en el mundo, y esos avances le han valido reconocimiento a su labor.

En su más reciente pronunciamiento, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, manifestó esta semana su respaldo “a la independencia de la JEP” luego de sostener una “valiosa” reunión virtual con el magistrado Eduardo Cifuentes, quien preside el tribunal. “Conversamos sobre los desafíos y obstáculos que enfrentan, incluyendo las amenazas contra comparecientes y la necesidad de garantizar sanciones firmes”, escribió Vivanco en sus redes sociales. También celebró las órdenes al Estado colombiano para prevenir y sancionar los asesinatos de excombatientes. Esas palabras son significativas al considerar que en el pasado ha sostenido posturas críticas frente a la justicia transicional. “La independencia de la JEP garantiza que su lucha contra la impunidad sea efectiva”, le respondió Cifuentes.

La lista es amplia. “La Jurisdicción Especial para la Paz está tomando pasos importantes en la lucha contra la impunidad que contribuirán a que Colombia aborde las graves violaciones al derecho internacional del pasado y la no repetición de estas violaciones. Reiteramos que la rendición de cuentas por estos crímenes y la protección de los derechos de las víctimas es esencial para la consolidación de la paz”, señaló la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. “Ahora es importante respetar la independencia de la JEP y garantizar que pueda continuar su trabajo con total autonomía”, enfatizó el irlandés Eamon Gilmore, el enviado especial de la Unión Europea para la paz en Colombia.

El relato sobre el conflicto armado de más de medio siglo sigue siendo motivo de agrias disputas. Los ataques a la justicia transicional han sido una bandera para el Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por Uribe, cuyos sectores más intransigentes insisten en hacer trizas un pacto que siempre han criticado. El presidente Duque ya se había propuesto en 2019 modificar la JEP con una serie de objeciones que sufrieron una estruendosa derrota en el Congreso, y el exmandatario persiste en su idea de derogarla a pesar de la dudosa viabilidad jurídica y constitucional de ese camino.

En la presentación del informe anual de la Alta Comisionada, la representante de la oficina en Colombia, Juliette de Rivero, advirtió que la propuesta de abolir el tribunal de paz “constituye una seria amenaza a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. En referencia a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de desaparecidos, aseguró que a la ONU le “preocupan las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia de estas instituciones y de las personas que hacen parte del sistema integral, poniéndolas en riesgo”.

En otro gesto reciente de respaldo, durante su visita a Colombia la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, se reunió en las instalaciones de la JEP con las cabezas de las tres instituciones que conforman el sistema integral para conocer cómo avanza la implementación del pacto que sellaron hace ya cuatro años el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC, con Noruega y Cuba como países garantes.

“La jurisdicción especial es una parte integral de los acuerdos de paz, y nos parece que hay que seguir impulsando la JEP, y ese es el mensaje que yo he transmitido aquí, un mensaje que es muy claro pero que también es bastante consistente porque lo hemos venido diciendo desde el inicio de los acuerdos de paz”, dijo González Laya a EL PAÍS en un encuentro con la prensa el pasado fin de semana, al final de su visita. “Este acuerdo de paz es para poner fin a un proceso muy doloroso de conflicto en este país, de muchas décadas. No hay que tomárselo a la ligera, hay que entender que es difícil, pero porque es difícil hay que apoyarlo doblemente. Y hay que ser muy constante en ese apoyo. España lo es, la Unión Europea lo es, lo hemos sido desde el principio, y las Naciones Unidas lo son también”.

A esos apoyos se suma el reacomodo de las relaciones con Estados Unidos ante la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, quien como vicepresidente de Barack Obama respaldó los diálogos de La Habana. “Estoy comprometido con una agenda bipartidista que promueva nuestra prosperidad compartida, que contribuya a una paz duradera para todos los colombianos y que promueva nuestra visión compartida de un hemisferio seguro, de clase media y democrático”, le escribió Biden a Duque en una carta que es hasta ahora la única comunicación directa del mandatario demócrata. La relación de Washington con su principal aliado en Sudamérica se antoja difícil después de que Duque exhibió su alineamiento con Donald Trump. El embajador estadounidense en Bogotá, Philip Goldberg, se reunió con el magistrado Cifuentes “para discutir el valor que nuestras dos democracias otorgan a la importancia de respetar la independencia judicial”, informó la misión diplomática el mes pasado en un mensaje ilustrativo de los nuevos tiempos.

El acuerdo de paz no es solo un logro de Colombia, sino de todos los países que aportaron sus buenos oficios para lograrlo, señala el analista Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis. El modelo de justicia transicional de la JEP, en particular, ha sido avalado tanto por la ONU como por la Corte Penal Internacional. “El momento coincide con una nueva arremetida del partido de Gobierno para derogar la JEP a raíz de los hallazgos en el auto sobre los falsos positivos”, apunta al recordar que en otros países tribunales como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se han visto atacados por los establecimientos políticos. “La comunidad internacional comprende que las decisiones de la JEP serán divisivas y le generan una vulnerabilidad reputacional”, de manera que el blindaje de los reconocimientos ayuda a garantizar que pueda cumplir su misión.

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