La política migratoria en México: de la pulsera humanitaria a las cargas de la Guardia Nacional

En octubre de 2018, la primera caravana migrante llegó a la frontera de México, al paso de Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, sobre el río Suchiate. Eran miles y querían pasar, continuar su camino al norte y llegar finalmente a Estados Unidos. El viernes 19, cientos acamparon en el puente internacional Rodolfo Robles. Aquel día, el presidente, Enrique Peña Nieto, que agotaba sus últimos días de mandato, dijo: "Un numeroso contingente intentó ingresar de manera irregular a territorio mexicano, agrediendo a elementos de la Policía Federal que, en estricta observancia de protocolos de derechos humanos, se encuentran desarmados. México no permitirá el ingreso de manera irregular".

A más de un año de aquello, la retórica del Gobierno no ha cambiado demasiado. Tampoco sus formas. O mejor dicho, han cambiado para volver, meses más tarde, a lugar de donde venían. En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia y en enero, el Gobierno empezó a repartir pulseras humanitarias, brazaletes que permitían a los migrantes transitar sin problemas por México. Una diferencia enorme respecto a la política del gabinete de Peña Nieto. Pero el tiempo y las presiones del Gobierno de Estados Unidos han obligado al Ejecutivo de López Obrador a dar marcha atrás.

Este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compareció ante los medios para referirse a la última caravana migrante, que salió la semana pasada de Honduras y llegó el fin de semana a México. Este lunes, cientos de migrantes trataron de cruzar la frontera a la fuerza y la Guardia Nacional, como hizo la Policía Federal en octubre de 2018, se lo impidió. Los agentes de la Guardia Nacional llegaron incluso a lanzar piedras a los migrantes, que respondieron de la misma manera.

"La Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que se les han dado. No tenemos heridos. No tenemos una situación que lamentar. Y bueno, a pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que si alguien tenia intención de provocar, no lo consiguió. Si alguien busca violencia no la va a encontrar", ha asegurado Ebrard.

Junto a Ebrard compareció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ante la llegada de la caravana, Sánchez Cordero dijo la semana pasada que México no era país de tránsito y que no darían "salvoconductos" a los migrantes. Ayer se refirió a la batalla campal entre migrantes y guardias nacionales en el paso fronterizo del río Suchiate, en Chiapas: "La Guardia Nacional solamente ordenó a los migrantes para entrar a nuestro país. No va a haber incidentes, porque la instrucción del presidente ha sido categórica: el respeto a los derechos humanos de los migrantes".

El orden que impuso la Guardia Nacional al que se refería Sánchez Cordero incluyo, además de pedradas, patadas y sometimientos, más esperables de la Border Patrol estadounidense que del programa progresista de Gobierno que ha impulsado López Obrador en otros campos. Las críticas no se han hecho esperar, incluso desde el entorno del presidente. Es el caso del veterano y respetado dirigente izquierdista Porfirio Muñoz Ledo, que este martes mandó un mensaje contudente a través de su cuenta de Twitter: "La salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400, es una violación de la Constitución". 

Para Tonatiuh Guillén, responsable del instituto de migración mexicano durante lo primeros seis meses de Gobierno de López Obrador, los eventos del lunes representan "una colisión de dos grandes tendencias. Una, la persistencia de condiciones sociales dramáticas en Honduras, en términos de violencia y pobreza y de un estado irresponsable, que obliga a los migrantes a moverse; y dos, una gran fuerza geopolítica que ha sido impulsada por el Gobierno de Trump, de reducir los flujos migratorios. Es decir, una necesidad de migrar y otra a cerrar la frontera". 

A la vista de la salida continua de caravanas de Centroamérica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un golpe sobre la mesa. Con las primeros grupos de migrantes, amenazó con cerrar la frontera con México. En junio del año pasado, apuntó a las exportaciones mexicanas. Trump amenazó con imponer aranceles al envío de productos de México si el Gobierno no contenía el flujo migratorio. Después de varios días de reuniones en Washington, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo. La primera medida fue desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur.

Días más tarde de la firma del acuerdo,  Tonatiuh Guillén renunció a su cargo. No dio demasiadas explicaciones y el Gobierno no se las pidió. López Obrador puso en su lugar al que hasta entonces era el encargado de gestionar las prisiones federales, Francisco Garduño. A seis meses de aquello, Guillén considera que la perspectiva es muy mala para la población migrante. "Les dejan sin opciones. Solo paran el flujo migratorio sin solucionar los problemas de fondo. Hay que poner el foco en las élites económicas y políticas centroamericanas, porque incluso las economías han crecido, pero no distribuyen la riqueza".

En su comparecencia de este martes, Ebrard dijo que un tercio de los migrantes que han llegado a México en la última caravana será repatriado "de manera voluntaria". El resto, añadió, se acogerá a una de las "opciones" que les da el Gobierno, que pasan por solicitar el estatus de refugiado o acogerse a uno de sus programas de empleo. Esta última opción contempla aceptar un empleo promovido por el Gobierno mexicano en alguno de los países del triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador u Honduras. "Son muy pocos los países en el mundo que reciben a los migrantes con la cantidad de opciones que da México: todas las opciones que le damos son voluntarias".