“La población del Sahel ahora huye tanto de los grupos armados como de los ejércitos”

En enero de 2019 había 57.000 desplazados internos en Burkina Faso por el conflicto con los grupos yihadistas. Un año y medio después hay 920.000. En toda la región del Sahel central, 3,1 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Ahora, con la covid-19, muchos han perdido también sus medios de vida por el cierre de mercados y fronteras y la paralización del comercio. “Ya notamos un incremento del reclutamiento por parte de los grupos armados, el impacto de la pandemia retroalimenta el conflicto”, asegura Xavier Creach, responsable de la Agencia de Naciones Unidas para los Refu...

En enero de 2019 había 57.000 desplazados internos en Burkina Faso por el conflicto con los grupos yihadistas. Un año y medio después hay 920.000. En toda la región del Sahel central, 3,1 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Ahora, con la covid-19, muchos han perdido también sus medios de vida por el cierre de mercados y fronteras y la paralización del comercio. “Ya notamos un incremento del reclutamiento por parte de los grupos armados, el impacto de la pandemia retroalimenta el conflicto”, asegura Xavier Creach, responsable de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en África occidental.

La violencia que vive esta olvidada región del mundo desde 2012 ha entrado en una nueva dinámica. “La población ya no huye solo de los grupos armados, también lo hace de los ejércitos que deberían protegerles. Las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad no son algo nuevo, pero la amplitud de casos documentados en los últimos meses es excepcional”, asegura Creach. Los actores humanitarios han denunciado múltiples casos de abusos, masacres y ejecuciones extrajudiciales contra civiles. “Las partes no permiten a la población que sea neutral. Están entre la espada y la pared, esta guerra se ha vuelto todavía más sucia”, añade.

Las regiones que antes eran zonas de acogida para refugiados y desplazados se han convertido ya en territorio de combates. La guerra les persigue. “Empezó siendo el norte de Malí, luego el centro, después la región de Liptako-Gourma o de las tres fronteras. Ahora hablamos ya del norte de Benín, Togo o Costa de Marfil”, explica el responsable de Acnur. Hasta ahora los desplazamientos eran regionales, pero la extensión geográfica del conflicto hace que sus posibilidades de escapar disminuyan. “Asistimos a movimientos de población hacia el sur, el Magreb e incluso Europa. La principal nacionalidad de los ocupantes de una barca que llegó a Lampedusa el otro día era la burkinesa. Es una tendencia”, dice Creach.

Y en esto llegó la covid-19. La obligación de adoptar medidas de distancia social y los confinamientos paralizaron la actividad económica y los escasos ingresos de muchas familias se desplomaron. Esto contribuye a aumentar el reclutamiento, no necesariamente forzoso, porque los hombres encuentran seguridad, recursos económicos y protección en los grupos yihadistas, pero también un incremento de la violencia sexual y de género que sufren las mujeres. “El sexo por supervivencia se extiende, igual que los abusos. Una brigada móvil de salud viajó durante dos semanas por el norte de Burkina Faso y constatamos más de 200 violaciones. Cuanto más lejos llegamos, más casos identificamos”, añade Creach.

A todo ello se añade que el Sahel está ya en el periodo anual de escasez entre cosechas, lo que provoca la reducción de una o dos comidas al día y la subida de los índices de malnutrición. Los niños lo sufren con especial intensidad. Hay 3.600 escuelas cerradas y las repercusiones no son solo educativas. “Los niños y sobre todo las niñas pierden un espacio seguro donde estar durante el día a salvo de abusos y reclutamiento. Cada colegio cerrado sin que haya una respuesta es dejar a más menores en manos de los grupos armados”, explica.

“Falta interés de los países donantes por la situación humanitaria del Sahel. Les queda muy lejos. Hay un mar y un desierto en medio. No es una región con una actividad económica que pueda impactarles, no hay gas ni petróleo. Además, hay cierto cansancio, es una crisis que dura mucho. Se ha privilegiado la respuesta militar y ese es el error cometido desde 2012, no se entendió que había una ruptura del contrato social muy anterior, como por ejemplo la discriminación de los pastores fulani. Esta crisis no tendrá una solución militar”, remata Creach.